26/06/2017 PLENO ORDINARIO 26 JUNIO 2017
DÉCIMO.- MOCIÓN CONJUNTA GRUPOS MUNICIPALES LA RINCONADA SI SE PUEDE E IZQUIERDA UNIDA, EN DEFENSA DE LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Fernando de La Chica Mera, procede a la lectura de la moción conjunta de los grupos municipales de La Rinconada si Se puede e Izquierda Unida, en defensa de los procesos de remunicipalización.
Tras el oportuno debate seguidamente, se procede a la votación, de la citada propuesta:
Votos a Favor: 19 (15 PSOE, 2 La Rinconada, Sí se Puede, 2 IUCA)
Visto todo lo cual, se acuerda por unanimidad de los miembros que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
Único. Aprobar la moción conjunta de los grupos municipales de La
Rinconada si Se puede e Izquierda Unida, en defensa de los procesos de
remunicipalización.
MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS PROCESOS DE MUNICIPALIZACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- El pasado día 4 de abril el Gobierno del Estado, compuesto por sólo miembros del PP, presentó a las Cortes el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Además de ser unos Presupuestos antisociales, que distan mucho de la recuperación de derechos que pretenden vender por una supuesta mejoría de la economía; este partido ha decidido poner trabas a los procesos de remunicipalización de los servicios públicos que estamos afrontando o quieren afrontar distintos Ayuntamientos.
Una vez más en continuidad con los precedentes presupuestos generales, han sido unos presupuestos de austeridad, antisociales, que consolidan los recortes y reducen los recursos con los que se cuenta para garantizar los servicios públicos fundamentales. En estos presupuestos han sido particularmente maltratadas las Comunidades autónomas y las entidades locales, tanto por lo que tiene que ver con la financiación como por las inversiones previstas a nivel territorial.
Además de esto el Gobierno del Partido Popular ha decidido poner trabas a los procesos de remunicipalización de los servicios públicos que se están dando en muchos Ayuntamientos, procesos que se han puesto en marcha básicamente para recibir la creciente petición popular en este sentido y para cumplir con una de las principales funciones de los Ayuntamientos: garantizar el acceso a un serie de derechos inalienables de la ciudadanía. El PP ha decidido impedir por arriba lo que se está consiguiendo por abajo, en un claro atentado por otra parte a la democracia y la autonomía local imponiendo un modelo de gestión política frente a otras opciones democráticamente electa por la ciudadanía.
La Disposición Adicional 27 del borrador de los PGE recoge que las Administraciones “no podrán considerar como empleados públicos (...) a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio".
Hasta el momento, lo más común en los procesos de remunicipalización es que el personal de las empresas contratistas pase a la Administración en primer lugar como indefinidos no fijos y, tras los correspondientes procedimientos de ingreso, de forma definitiva.
También incluye esta Disposición, que en los supuestos en los que "en cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", el personal se incorpore a sociedades mercantiles públicas se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición.
Como bien sabemos, la tasa de reposición es la limitación que tenemos los Ayuntamientos para contratar personal. Esta limitación viene impuesta desde hace casi diez años, desde el inicio de la crisis, y marca un número concreto y exacto de trabajadores que pueden contratar las Administraciones.
La entrada en vigor de esta disposición implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores y trabajadoras considerable, se pudiera dar.
II.- Es evidente que lo que hace el Partido Popular es un ataque con una clara intencionalidad política: sabotear los procesos de remunicipalización ya iniciados, e imponer las privatizaciones aún en contra de los intereses y derechos de todos y todas.
Con esta medida, se utiliza la limitación de contratación de personal para impedir que los servicios se remunicipalicen o pasen a gestión directa. Si no hay personal para prestar el servicio ni puede contratarse, no hay más remedio que cerrar el servicio o mantener la gestión indirecta.
Lo que el Gobierno disfraza de medida en materia de personal es una intromisión inconstitucional en la autonomía local, robando a los Ayuntamientos la capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios públicos de entre los distintos modos de gestión legalmente posibles.
Esta imposición de la gestión indirecta y la privatización se hace en contra de los derechos de la ciudadanía en general y las personas usuarias del servicio en particular, y en contra de los principios constitucionales de democratización y los rectores de la política social. Todos ellos se ven más garantizados y potenciados con la gestión directa de los servicios públicos.
La gestión indirecta es en bastantes casos, más cara y menos eficaz que la gestión directa, como ha reconocido incluso el Tribunal de Cuentas en su Informe de 2011.
Y no cabe olvidar que la contratación pública en general, la gestión indirecta de servicios y la privatización, ha sido el espacio, menos democrático y menos transparente, donde se han desarrollado la gran mayoría o la casi totalidad de los grandes casos de corrupción y expolio de lo público por una minoría perpetrados contra la ciudadanía de todo el Estado.
Por tanto, no hay justificación alguna que apoye esta medida del Gobierno en los Presupuestos. Se trata de un acto de imposición ideológica inconstitucional que vulnera la autonomía local, los principios de buena administración, y las garantías de los servicios públicos, y que va en contra de los derechos e intereses de la mayoría.
III.- Por otro lado, después de más de diez años de Crisis-estafa, los Ayuntamientos han sido las únicas administraciones que han conseguido reducir significativamente su deuda, y que han mantenido los servicios públicos con un enorme sacrificio por los recortes de recursos, siendo las Administraciones que han cumplido con las estrictas reglas de estabilidad presupuestarias y financiera impuestas a base de amenazas sobre retenciones de las PIEs e intervenciones de los mismos.
De esta manera, pensamos que si el propio Gobierno central hace discursos de supuesta recuperación económica, es hora de que liberen los recursos a los Ayuntamientos para los servicios públicos y permitan la renovación de las plantillas públicas así como la nueva contratación como forma de potenciar los servicios públicos con la creación de empleo de calidad.
Las políticas de austeridad, de ahogo fiscal y financiero y de control presupuestario puestas en marcha en los últimos años han determinado un creciente aumento de la brecha social, de la desigualdad y de la exclusión social, y más en nuestra comunidad, que es entre las CCAA donde más dramáticamente se viven estos fenómenos.
Consideramos que sólo a través de un verdadero reforzamiento del ejercicio de los servicios públicos por parte de las administraciones territoriales, en particular los Ayuntamientos es posible reducir los elementos de desigualdad tan presentes en nuestro territorio.
Por todo lo expuesto, los grupos Izquierda Unida y La Rinconada, Sí se puede proponen a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno central a que elimine el texto íntegro de la Disposición Adicional Vigésima Séptima del borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2017.
2. Instar al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la contratación pública por parte de las administraciones, y a que libere los recursos a los Ayuntamientos donde se prestan los servicios para la ciudadanía como le exige la Carta Europea de Autonomía Local.
3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, a la Mesa del Congreso y a los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.
