17/01/2022 PLENO ORDINARIO 22 DE DICIEMBRE 2021
QUINTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA O “LEY MORDAZA”.
Por el Sr. Alcalde, expone que conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, se va unificar el debate de los puntos quinto y sexto, dada cuenta que ambas mociones se refieren a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Por el Sr. Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Don José Antonio Ruiz Dorado, procede a la lectura de la moción presentada por el grupo municipal socialista, para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”.
Por el Sr. Concejal no adscrito, Don Luis Silva García, expone esta moción del grupo mixto popular es de apoyo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según dicen.
La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (30 de marzo de 2015) conocida como Ley mordaza. Esta ley aprobada en 2015 es en sí misma un oxímoron. Decir que una ley mordaza sirve para proteger la seguridad ciudadana, suena bastante absurdo.
Si de verdad se hubiese querido proteger a los Ciudadanos/as quizás deberían haberse planteado:
Reforzar la sanidad y la educación pública; controlar los abusos de las entidades bancarias; controlar los abusos de las grande compañías eléctricas; controlar los abusos inmobiliarios de los grandes fondos de inversión; controlar el fraude fiscal de las grandes empresas; controlar los grandes destrozos medioambientales… Todo esto, nos hubiera servido, para sentirnos más seguro.
Pero esta ley no hace nada de eso. Lo único que controla es la libertad de expresión de los ciudadanos de a pie, con un montón de nuevas sanciones. Concretamente 44 tipos de multas nuevas, que divide en muy graves, graves y leves y que pueden ser de una cuantía entre 100 y 600.000 €.
Sobre todo se ha multado: El consumo de drogas, la desobediencia o resistencia a la autoridad, La negativa a identificarse y la “falta de respeto” a los agentes de las fuerzas de seguridad.
En definitiva, el Sr. Molina en su intervención, nos ha dicho que esta Ley ha demostrado ser muy buena. Exactamente, 1.194.738 multas entre 2015 y 2020. Cantantes, titiriteros y tuiteros presos, un montón de activistas golpeados algunos con daños irreversibles y no creo que como balance global, podamos concluir que los ciudadanos nos sentimos más seguros. Mas bien me parece lo contrario. Ahora además, tememos a las posibles arbitrariedades de la policía.
Esta Ley fue elaborada por el gobierno del Sr M.Rajoy y digámoslo con claridad, no nació para mejorar la seguridad ciudadana, nació para proteger el Gobierno de la indignación de los ciudadanos.
Nació de un gobierno que ya hoy por las sentencias judiciales, podemos decir que era un gobierno corrupto, para protegerse de las manifestaciones populares.
Lo único que ha aportado a la ciudadanía son golpes, mutilaciones, multas y cárceles. Y oigan, por muy mal que cante un señor, por muy soeces que sean las letras de sus canciones, creo que bastará con no ir a sus conciertos, no me parece que tengamos que meterlo en la cárcel.
Los Sres. del PP no han superado ni el primero del curso de democracia básica, será que el título se lo regalaron en la Carlos III como a su presidente.
Dicen que hay que “apoyar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y yo estoy de acuerdo, pero creo que la forma de apoyarlas es cambiar la ley mordaza.
Apoyar hoy a las instituciones es apoyar a la misma democracia, pero si queremos apoyar a nuestros policías tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que proponen los Sres. del PP.
Necesitamos una policía que se parezca a la misma ciudadanía a la que tienen que proteger. Bien pagados, con suficientes medios y sobre todo bien formados en valores democráticos
No una policía que asuste o limite la libertad de expresión, no una policía que abuse de su autoridad o que obedezca sin más las ordenes que recibe.
La policía a la que aspiramos, debería estar junto a la ciudadanía, no frente a ella, acabar con expresiones prehistóricas de autoritarismo y ser los primeros defensores de la libertad y la democracia, como me consta que ya ocurre en la mayoría de los casos.
Entonces si podríamos estar hablando de una verdadera ley de seguridad ciudadanas
Por el Sr. Concejal del grupo mixto popular, Don Juan Pedro Molina López, considera que en esta Sociedad debe proteger a tres sectores profesionales que son esenciales, como son los maestros, los médicos y sobre todo los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Considero que el Sr. Silva no ha contactado con ningún asociación de policías ni de guardias civiles. Considero que sus argumentos son insultantes para esos colectivos, cuando se tienen que enfrentar con manifestantes que llevan palos y piedras, y defiende que no puedan defenderse adecuadamente. No olviden que ellos deben mantener el orden público y con su reforma de la Ley, no podrán ni protegerse con respecto a quien les agreden. Se enfrentan a grupos organizados cuyo fin es reventar manifestaciones y que atacan a la policía. Esa no es la sociedad que queremos defender. Nos dice también que se ha multado a personas que consumen drogas en la calle, cuando desde siempre ha sido ilegal consumir drogas en la vía pública e incluso alcohol. Por ello, siempre debemos estar al lado de ellos y debemos protegerlos con leyes adecuadas. No se ha prohibido nunca las manifestaciones de personas, simplemente se ha regulado, exigiendo la entrega de documentación, explicando el día y hora, ante la Subdelegación del Gobierno. Y como le he dicho antes, también debemos aprobar una ley que proteja a médicos y maestros en el ejercicio de sus funciones.
Por el Sr. Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Don José Antonio Ruiz Dorado, expone que La ley de protección ciudadana, la misma que el PP aprobó en solitario en 2015 y que fue redactada en plena crisis económica cuando se sucedían las protestas.
Su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la “tranquilidad pública”, que por otra parte es un valor sin concreción constitucional.
Esta ley sitúa como principal objetivo de las funciones de la policía la seguridad ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales.
El Derecho administrativo sancionador se solapa y castiga las mismas conductas que el derecho penal, acumulando así el reproche jurídico de conductas.
Un sistema sancionador fundado en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores, con la fijación de multas desproporcionadas.
El modelo es muy claro: se criminaliza la disidencia ideológica bajo la idea de que esa disidencia altera el orden público y la seguridad ciudadana, como en otras épocas se hizo con leyes como la Ley de Peligrosidad y rehabilitación social.
La técnica es coherente con el modelo ideológico del PP: prevenir conductas antisociales facultando a la policía para atajar, controlar, disolver e impedir reuniones, manifestaciones, actos de protesta (sentadas, acampadas, escraches), expresión de ideas y opiniones y divulgación de información que no resulte conveniente.
Todo esto a pesar de que, según datos de Interior, no se había registrado ningún incidente en el 99% de las manifestaciones convocadas en 2013.
Una ley que por el camino deja cientos de miles de sancionados, tuiteros, titiriteros, periodistas y cantantes, actividades difícilmente relacionables con actos violentos. La Justicia ha tenido que aclarar y delimitar las condenas una y otra vez, aunque no siempre a favor de los perseguidos.
Nosotros (el gobierno) vamos a reformar la ley de seguridad ciudadana para mejorar la seguridad de la ciudadanía. Porque esta reforma de la ley devuelve a la ciudadanía el libre y pacífico ejercicio de su libertad de expresión y manifestación. Además, amplía el contenido esencial del derecho de reunión y manifestación al establecer un marco claro para que en supuestos de inmediatez o espontaneidad no se limiten esos derechos, sino que su ejercicio sea compatible con los del resto de la sociedad.
La vamos a reformar para garantizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado plena seguridad jurídica en el desempeño de su función. Al fijar la necesidad de establecer protocolos y guías que les ofrezcan cobertura y certezas en las diferentes situaciones en las que su actuación es requerida.
Y además para cumplir con la legislación nacional y europea. Porque incorporamos las indicaciones del Tribunal Constitucional y de organismos internacionales como el Consejo de Europa al respecto.
Con la reforma de la “Ley Mordaza” el Gobierno cumple, una vez más, con un compromiso electoral y, por lo tanto, cumple su compromiso con la ciudadanía.
La reforma de la “Ley Mordaza” permitirá reducir el tiempo máximo para la identificación de personas en dependencias policiales de 6 a 2 horas, dejando abierto ese plazo hasta las seis horas actuales, aunque, eso sí, solo de manera “excepcional” y cuando existan “razones justificadas y verificadas”, que deben ser comunicadas a la persona a la que se pretende identificar.
Estas personas tendrán derecho a que se facilite su retorno al lugar donde no pudo realizarse la identificación inicial, solo en el caso de que se trate de un municipio distinto y si no crea problemas al funcionamiento del servicio policial. Por lo tanto, la reforma no obliga a los policías a devolver a manifestantes al lugar de la manifestación tras su identificación en comisaría en todos los casos.
La reforma no elimina la presunción de veracidad del testimonio de los agentes. La reforma lo que es que la exposición de los hechos que este haga en el acta que debe rellenar para imponer la sanción administrativa por la supuesta infracción de la “Ley Mordaza” debe consignar un relato de los hechos que resulte “coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario.
La propuesta del Gobierno no recorta el material antidisturbios de uso ordinario, solo señala la obligación por parte de las autoridades deberán desarrollar protocolos específicos sobre el uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Por lo tanto, no se prohíbe el uso de la fuerza, sino que se insta a utilizar los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables.
No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión. Pero se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de seguridad cuando genere un peligro cierto para su seguridad. Por lo tanto, la reforma no levanta la prohibición de difundir imágenes de policías si supone un riesgo para su seguridad. Esta modificación viene impuesta por la sentencia del Tribunal Constitucional, de enero de 2021. El texto hará hincapié a que esa “situación de peligro” deberá recogerse “en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.
La falta de comunicación previa en una manifestación no determinará la comisión de infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público. Por lo tanto, la reforma no elimina el requisito de comunicar previamente las manifestaciones con carácter general.
La ejecución de sanciones por multa se ponderará según la capacidad económica del responsable, incluidas reducciones y fraccionamientos de pago.
En los registros corporales externos no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros.
El partido socialista, ha sido el único que gobernando este país, ha dignificado a los miembros de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad y le ha dado su sitio. Con el gobierno de Felipe González, mejoraron sustancialmente las condiciones de trabajo de estos profesionales, en especial de los agentes de la Guardia Civil.
El Gobierno de Pedro Sánchez actúa con más medios, mejores condiciones laborales y con una estrategia operativa.
La ley de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria ha destrozado a estos cuerpos estatales de seguridad, como se puede comprobar, por la carencia de miembros, al imponer la tasa de reposición de efectivos. En estos últimos diez años, la tasa ha crecido muy levemente.
Hoy, España cuenta con más agentes y más medios que hace 7 años, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez. Desde 2018, hemos creado 10.000 plazas netas de Policía y Guardia Civil. Invertimos 600 millones de euros en infraestructuras de seguridad del Estado. Implementamos el Acuerdo de Equiparación Salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Subimos el salario de las FCSE un 20% en 2020. Aprobamos planes de renovación y modernización de equipos de Policía Nacional y Guardia Civil. Se ha modernizado la aplicación de “Alert Cops”, para proteger a las víctimas de género o sanitarios.
La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 con el rodillo del PP pasó a llamarse “Ley Mordaza” por el recorte de derechos y libertades civiles que implicó para la ciudadanía española desde su entrada en vigor.
El PSOE impulsa una reforma de la “Ley Mordaza”, porque entendemos que la libertad de expresión pacífica y sin alterar la convivencia es compatible con el mantenimiento del orden público, frente a la reforma impuesta por el PP para acallar las protestas por los recortes y el austericidio.
La reforma de la ley está recogida en el Acuerdo de Gobierno progresista con Unidas Podemos y, por lo tanto, es fruto del diálogo, El grupo parlamentario socialista en el Congreso está manteniendo conversaciones y negociaciones con diferentes grupos.
El objetivo es que la reforma sume el mayor consenso político posible y que la “Ley Mordaza” retome su nombre real, porque respete los derechos de toda la ciudadanía.
Y por ultimo, habla de dignificar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sabe cómo se hace eso, como lo hace este gobierno.
Primero , dándole el sitio que verdaderamente le corresponde en una sociedad democrática, que es defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos/as.
Y segundo. dotándole de todos los recursos y medios para realizar sus funciones, y no usando medios y dinero público como hizo el PP del Ministerio del Interior para tapar sus escándalos de corrupción mientras recortaba agentes, medios e inversión.
Por el Sr. Concejal no adscrito, don Luis Silva García, expone que esto que defienden ustedes, es la forma que tienen ustedes de defender la democracia, y lo que pretenden es que la gente hagan lo que quieren ustedes. Los Sres del PP tienen un grave problema con su formación democrática. Siguen considerando “vagos y maleantes” a todos los que no opinen como ellos y por eso les gusta la arbitrariedad de esta ley.
Hay varios chicos/a que han sufrido daños físicos irreparables mientras participaban pacíficamente en manifestaciones. Solo hace unos días podíamos ver como golpeaban a un señor de 70 años mientras participaba en las protestas de Cádiz. ¿Qué aporta eso para la protección de la seguridad ciudadana?
Ustedes quieren una Ley para defenderse y no para defender a la ciudadanía. Esta en juicio, y terminando creando una especie de cuerpos de subpolicía privada para investigar a los opositores política. Qué tipo de dignidad es esa, para la policía.
Dicen defender a los funcionarios, médicos, maestros policías… pero echan a la calle a 8.000 sanitarios, abandonan a los maestros y alientan lo peor de la policía. Ustedes cuando gobernaron no permitieron que se repusieran las bajas en el cuerpo de Policías.
Claro que hay que apoyar a la policía, pero para dignificar de verdad a los cuerpos de seguridad, hay que derogar esta ley, llenarlos de transparencia y ponerlos a trabajar para sus verdaderos jefes que no son los políticos de turno, si no los ciudadanos/as.
Por su puesto vamos a votar que no a su moción. Y le recuerda que esta Ley ha sido sancionada por Europa por parte de todos los organismos que defienden los derechos humanos.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto popular, Don Juan Pedro Molina López expone que estamos a favor de que se reponga los efectivos de la Policía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han perdido durante estos diez años. Fueron decisiones que se adoptaron ante una situación económica de grave crisis e impuestas por Bruselas, que amenazaba con cortarnos la financiación. Se aprobaron esas medidas que a nosotros no nos gustaron, por obligación. Y decir lo contrario, es mentir.
Nos dicen que la Ley de Seguridad Ciudadana es ilegal, cuando el 19 de noviembre de 2020, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Es una ley que usó el gobierno actual, para controlar la pandemia. Y pretenden modificarlas, con medidas como ponerle un chófer a quien comete un delito, y llevarlo a su domicilio. Por otra parte no podemos nunca estar a favor de los escrache, con independencia de quien lo sufra. No ponemos en duda de que todas las leyes necesitar ser retocadas, cuando así lo demande la realidad y adecuarla a los tiempos que corre.
No se puede modificar una Ley que funciona, y que ha sido muy útil para controlar a muchas personas durante esta crisis sanitaria.
La modificación de esta Ley ni siquiera es propuesta por el partido socialista, sino por el partido nacionalista vasco, como requisito para tener su apoyo en los presupuestos.
Por el Sr. Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Don José Antonio Ruiz Dorado, explica que nadie le impuso al gobierno de Mariano Rajoy en 2011, que no contrataran funcionarios y que los que se jubilaran al menos, se pudiera reponer. Y eso no lo impuso la Unión Europea. Fue una decisión del gobierno del partido popular, para no gastarse dinero. Y querían privatizar la sanidad. Se han perdido no solo policías y guardia civiles, sino maestros, médicos, enfermeros, investigadores, etc.
Nos dice que esa Ley lo ha avalado el Tribunal Constitucional, y al respecto le dice un párrafo de la Sentencia, “El Constitucional advierte que el aval ha ahora da a la Ley, debe entenderse sin perjuicio, de que más adelante, tenga que revisar actuaciones concretas de la Administración, sino se resuelve bien. De ahí que el fallo posibilite la presentación, de futuros recursos de amparo de cualquier ciudadana, que considere vulnerados sus derechos, en cuyo caso, habrá que prestar atención a la precisas circunstancias del supuesto concreto”. La Ley es tan ambigua y dejó tantas cosas en el aire que nos dice el Tribunal que podrá llegar a replantearse la constitucionalidad de esa Ley. Y eso es lo que estamos haciendo. No la vamos a derogar, sino reformarla. Y por otra parte hubo dos votos particulares formulados por el Sr. Conde Pumpido y la Sra Balaguer, donde dice que la Ley “Mordaza”, aumenta la capacidad del poder ejecutivo, delimitando los derechos de protesta, controlando el libre ejercicio de derechos fundamentales.
Nos dice que vamos a poner a un chófer para llevar a los delincuentes a sus domicilios, cuando la reforma de la Ley lo que indica es retornar al infractor y no dice que esos traslados se tenga que hacer siempre, pues solo contempla dicho traslado cuando la persona haya sido desplazada fuera de su municipio de residencia y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento correcto del servicio. La reforma de la Ley, lo que dice que se tiene que poner los medios necesarios para que esas personas desplazadas de su domicilio, pueda volver a su lugar de residencia. Y eso no significa que lo tenga que traer un coche de Policía.
Su moción la ve muy corta. Nosotros siempre hemos dignificado a la Policía, cuando hemos gobernado este país y cualquier empleado público que trabajan para los ciudadanos y con los ciudadanos y no para sus gobiernos.
Tras el oportuno debate, seguidamente, se somete a votación la citada moción con el siguiente resultado:
Votos a favor: 17 (16 PSOE y 1 concejal no adscrito)
Voto en Contra: 1 (1 grupo mixto popular).
Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
Único. Aprobar la moción presentada por el grupo municipal socialista, para la re-forma de la Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”, cuyo tenor literal es el siguiente:
MOCIÓN MOTIVO DE LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA O “LEY MORDAZA”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana fue aprobada en el Congreso de los Diputados únicamente con los votos del Partido Popular, entonces en el Gobierno. De inmediato, la norma pasó a ser más conocida como “Ley Mordaza” debido al recorte de derechos y libertades civiles que implicó para la ciudadanía española su entrada en vigor, en un contexto de protestas frente a los recortes y políticas austericidas aplicadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacer frente a la crisis económica en España.
La reforma de la citada ley en la que actualmente trabaja el PSOE es un compromiso electoral y tiene tres objetivos fundamentales:
1. Mejorar la seguridad de la ciudadanía, ya que la reforma de la ley le devuelve el libre y pacífico ejercicio de su libertad de expresión y manifestación. Además, amplía el contenido esencial del derecho de reunión y manifestación al establecer un marco claro para que en supuestos de inmediatez o espontaneidad no se limiten esos derechos, sino que su ejercicio sea compatible con los del resto de la sociedad.
2. Garantizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado plena seguridad jurídica en el desempeño de su función al fijar la necesidad de establecer protocolos y guías que les ofrezcan cobertura y certezas en las diferentes situaciones en las que su actuación es requerida.
3. Cumplir con la legislación nacional y europea, porque incorpora las indicaciones del Tribunal Constitucional de noviembre de 2020, y de organismos internacionales como el Consejo de Europa al respecto.
Con el cumplimiento de estos tres objetivos, la reforma establece un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad de la ciudadanía y garantizar de forma efectiva el libre ejercicio de derechos y libertades.
Asimismo, con esta reforma, el PSOE constata, como siempre lo ha hecho, su compromiso y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, y a los agentes de las policías autonómicas y locales de toda España, así como de Mossos d’ Esquadra y Ertzaintzas.
El PSOE impulsa esta reforma, porque entiende que la libertad de expresión pacífica y sin alterar la convivencia es compatible con el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
La apuesta del Gobierno de España por reforzar la seguridad ciudadana con más agentes y más medios se ha traducido en la creación de 10.000 plazas nuevas de Policía y Guardia Civil desde 2018, y un aumento del salario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un 20% durante el año 2020.
Por todo ello, no es cierto que esta reforma se realice en un contexto de inseguridad e incremento de la criminalidad, sino todo lo contrario, dado que en noviembre de 2021 España ha registrado la tasa más baja de criminalidad de los últimos 5 años.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Rinconada presenta para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal los siguientes
ACUERDOS
1.- Todos los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de La Rinconada apoyamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y defendemos que el desempeño de sus funciones cuente con las debidas garantías para que éstas cuenten con plena seguridad jurídica.
2. Todos los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de La Rinconada defendemos que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestación de forma libre y pacífica.
3. Todos los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de La Rinconada estamos de acuerdo en que se cumpla la legislación nacional e internacional en materia de seguridad y se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas por el Tribunal Constitucional español en noviembre de 2020 sobre la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015.
