El Ayuntamiento de La Rinconada ha renovado un año más su programa de garantía alimentaria para las familias más vulnerables del municipio en el periodo estival, en el que los comedores escolares permanecen cerrados. Así, desde la institución local encabezada por Javier Fernández, se entregarán unos vales con un importe económico canjeable por alimentos en un establecimiento local. El Consistorio ha optado por este sistema en lugar de abrir los comedores escolares en verano, ya que el impacto social es mayor al abarcar a toda la unidad familiar, destaca el responsable municipal de Bienestar Social, Antonio Marín.

Como explica el propio Marín, que también asume las competencias municipales en materia de Educación, “los comedores escolares son herramientas de conciliación que se suman a otras iniciativas, como las aulas matinales, para las que tienen prioridades los niños y niñas cuyos padres y madres están trabajando”. “Entre las plazas, continúa, se reservaba un porcentaje previamente establecido para casos de especial relevancia social y casos de violencia de género”. Desde hace unos años, debido a la grave situación de crisis, la Junta de Andalucía implantó un programa específico denominado SYGA para que el alumnado más vulnerable tuviera acceso a una plaza de comedor que asegurase su alimentación diaria.

El plan SYGA abarca el curso escolar, de septiembre a junio, lo que plantea la problemática de qué hacen los niños y niñas con mayores dificultades durante los meses estivales. Las alternativas son que siga abierto el comedor o, como han hecho los socialistas rinconeros, por una cuestión puramente ideológica que fomente la igualdad y la no discriminación, crear unos vales con una cuantía económica que se puedan canjear en un comercio local por productos de primera necesidad. Como subraya Fernández, “esta medida posee un carácter integrador que dignifica a quienes la reciben, que agradecen profundamente el anonimato”.

En total, el número aproximado de menores que se benefician de esta iniciativa municipal es de 231, lo que amplia la repercusión a más de 600 personas, al estar incluidas el resto del núcleo familiar, según se desprende de las unidades padronales. El coste para la institución local socialista es de 31.000 euros.