El Ayuntamiento de La Rinconada ha decidido aumentar en un 20 por ciento el ya elevado umbral de viviendas que tendrán algún tipo de protección en el desarrollo residencial de las 135 hectáreas que hoy por hoy separan los dos núcleos de población  pero para los que se reserva el protagonismo de convertirse en los suelos de la unión que llevará a la localidad a dar el paso de pueblo a ciudad con unos 12.000 nuevos vecinos , como apunta el alcalde, Enrique Abad.
La decisión municipal  consensuada con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía- eleva al 70 por ciento el número de nuevas viviendas con algún tipo de protección e incentivo a la compra, lo que en términos netos supondrá alrededor de 2.800 de las 4.500 residencias que se prevén.
Con esta subida del nivel de protección, La Rinconada duplica con creces el porcentaje al que obliga la actual Ley del Suelo que reserva un 30 por ciento para acciones de carácter público. Así, en el desglose de los regímenes a aplicar una vez comience la sectorización y construcción de las diferentes promociones, el Ayuntamiento estima que el 40 por ciento de las viviendas serán de régimen público para capas con necesidad (las conocidas como viviendas sociales), a lo que habrá que sumar un 30 por ciento que se reserva para actuaciones acogidas otros tipos de protección.

Área de reserva y actuación pública

Éstas son las previsiones de trabajo con que cuentan el Ayuntamiento y EPSA sobre un proyecto que aún está en fase de redacción. De hecho, el último pleno celebrado el pasado 16 de septiembre aprobó definitivamente catalogar a estas 135 hectáreas como  área de reserva ,  de forma que el objetivo de la unión física queda garantizado y se garantiza además que será la iniciativa pública la que controle por completo el desarrollo , como explica el primer teniente de alcalde y responsable del seguimiento político, Javier Fernández de los Ríos.
Este nuevo paso adelante administrativo respalda el expediente de expropiación ya iniciado para la adquisición de los terrenos,  una opción necesaria pero que sólo se aplicará  in extremis  si fracasan las conversaciones con el resto de propietarios , concluye Fernández.