Nuevo y trascendental paso adelante en el camino administrativo necesario para que el proyecto más progresista de crecimiento residencial de los conocidos hasta ahora en La Rinconada avance según las previsiones del Gobierno que dirige Enrique Abad.

El pleno ordinario de enero ratificó la propuesta del Gobierno local para iniciar el expediente de expropiación de las 100 hectáreas que, sumadas a las 35 que Junta y Ayuntamiento ya adquirieron, componen el conjunto de área de reserva de interés público y general sobre el que se proyecta «el crecimiento que permitirá unir San José y La Rinconada y saltar de escalón para colocarnos como una de las ciudades de referencia metropolitana», como explica el primer teniente de alcalde y responsable del seguimiento político del proyecto, Javier Fernández de los Ríos.

Oposición

La mayoría absoluta socialista sacó adelante este trámite, en el que la oposición se manifestó abiertamente en contra por parte del grupo Popular y con la abstención por parte de Izquierda Unida, a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por los tres partidos en 2000 recogía que la fórmula para hacer públicos estos suelos sería la expropiación.

En este sentido, el alcalde mantuvo la tónica de «sumar cuantas más voluntades mejor en la clara idea de que éste y, en general, el modelo urbanístico de La Rinconada, responde indiscutiblemente a un esquema de sociedad propio de ideologías de izquierdas», en referencia a la puerta abierta que se deja al grupo municipal de IU «para que no se quede fuera de la planificación de La Rinconada del futuro».

Hasta seis veces más

En el proceso abierto ahora el Ayuntamiento remite a la Comisión Provincial de Expropiaciones, un tribunal de justiprecio, el expediente en el que se recogen las valoraciones que un grupo de expertos ha realizado sobre las parcelas mediante criterios objetivos.

Fernández de los Ríos recuerda que «en la negociación, que ha estado abierta durante dos años y aún hoy sigue abierta, se ha sido siempre sensible y justo para dar respuesta a las expectativas creadas». Al respecto, el primer teniente resalta que «se ha ofrecido entre tres y seis veces más de lo que valen estos suelos, sus almacenes, pozos y cultivos con la idea de que en este proyecto rinconero también había que dar cabida a los propietarios».

Siete millones de euros

Será ese órgano provincial el que marque el precio que Junta y Ayuntamiento tendrán finalmente que abonar a los propietarios, un gasto para el que ambas administraciones públicas tienen consignados algo más de siete millones de euros.

El objetivo es claro «y para conseguirlo no caben tibiezas: sobre estas 100 hectáreas, igual que sobre las 35 que ya adquirimos prima el interés general de todos los vecinos al interés particular de los propietarios», como resume el edil que valora además que «el proyecto de la unión física, donde el 70 por ciento de las viviendas tendrán protección no puede depender de la especulación urbanística».

Según las previsiones, la expropiación podría quedar resuelta aproximadamente en seis meses.