La ordenanza contempla la protección del animal con duras sanciones que oscilan entre 2.001 y 30.000 euros para los propietarios que le infrinjan maltrato, lo abandonen o lo mutilen, entre otros casos. La misma multa puede recaer en aquellas personas que pretendan, por ejemplo, matarlos mediante alimentos envenenados en lugares públicos.
Todas las prácticas consideradas desatención del animal, como por ejemplo, no llevarlos al veterinario, son consideradas faltas graves y conllevarán una sanción oscilante entre los 501 y los 2.000 euros.
Las molestias que  los animales de compañía generan al conjunto de la ciudadanía se consideran infracción leve y pueden aparejar multas de hasta 500 euros, como por ejemplo, la perturbación de la tranquilidad y el descanso vecinal o la no recogida inmediata de los excrementos evacuados en la vía pública, a la que los propietarios están obligados.
La ordenanza crea por último un registro municipal de animales de compañía, gestionado por el Colegio Oficial de Veterinarios en el que todos los perros, gatos y hurones deben estar inscritos.