El Ayuntamiento de La Rinconada, Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, la Cámara de Comercio e Industria de Sevilla, los Institutos de Educación Secundaria 'Antonio de Ulloa', 'Carmen Laffón' y 'San José', así como la asociación de empresarios y comerciantes Rinconada Glob@l, han firmado recientemente un convenio de colaboración que se enmarca dentro de la iniciativa Cicerone para la creación de una mesa de emprendimiento y el fomento del espíritu emprendedor y la promoción del autoempleo en el municipio.

Durante el desarrollo del acto, el primer edil, Javier Fernández, manifestó que "se trata de un acuerdo que incide en la apuesta del Gobierno local por dar un mayor protagonismo a los jóvenes como pilares fundamentales y motores del progreso de la sociedad rinconera, ahondando en aspectos como la formación, el ocio, el espíritu emprendedor o el empleo y ofreciéndoles todos los recursos para que puedan materializar sus ideas y proyectos de futuro".

Por su parte, el director provincial de Andalucía Emprende, Ignacio Martínez, puso en valor "un acuerdo que permitirá la creación de redes de cooperación entre los centros educativos y los distintos agentes sociales y económicos para generar conocimiento, compartir experiencias y reforzar los vínculos entre empresa y educación".

Tras la firma del convenio, las diferentes entidades colaboradoras constituirán una Mesa Técnica de Emprendimiento centrada en los cursos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional con el fin de idear actividades que fomenten la educación y la cultura emprendedora. En este sentido, deberán promover entre el alumnado la adquisición de valores como la autonomía, el espíritu crítico, el análisis de la información o la gestión y la toma de decisiones, aumentando su preparación para el autoempleo y la creación de negocios con vistas a que los estudiantes tomen la iniciativa en el desarrollo de nuevas ideas y proyectos empresariales reales que puedan llevar a la práctica.

Asimismo, se creará una comisión de seguimiento para comprobar si las actuaciones alcanzan los objetivos previstos en la programación anual y resolver las dudas y controversias que pudieran surgir.