El Servicio de Atención al Ciudadano, situado en la calle alcalde Pepe Iglesias, habilitó una oficina el pasado 1 de diciembre de 2012 para asesorar jurídicamente, de forma gratuita, a los vecinos y vecinas de la localidad, prioritariamente en los trámites para evitar el desahucio de su vivienda. En aquel momento, se trataba de un servicio pionero en la provincia que, con el paso del tiempo, otras administraciones locales también han puesto en marcha. Desde entonces, y hasta el pasado uno de junio, fecha del último balance realizado, el número de personas que se habían beneficiado del servicio en La Rinconada era cercano a 1.200 personas.

Al respecto, se han buscado abogados de oficio y se ha negociado con las diferentes sucursales bancarias para intentar de alcanzar un acuerdo lo más ventajoso posible para los vecinos y vecinas del municipio. Pero el asesoramiento pronto trascendió de lo referente a las distintas etapas que conforman el proceso para un desahucio, y se extendió a la demanda de información y negociación para la retirada de las cláusulas suelo de las viviendas, acerca de la que se han atendido un total de 486 demandas, de las que 396 se encuentran a la espera de resolución en el banco de España y las restantes han implicado un acuerdo entre la entidad bancaria y el suscriptor de la hipoteca.

Igualmente, los técnicos encargados del servicio han ayudado a la ciudadanía con temas como las participaciones preferentes, herencias, plusvalías, gestión de impuestos, pensiones, acciones o préstamos de cualquier índole diferentes al hipotecario. Durante todo este tiempo, el personal de la oficina, situada frente al IES Carmen Laffón, cualificado en materia jurídica y económica, ha resuelto dudas que van desde el asesoramiento para conseguir las condiciones que mejor se ajusten al perfil del contratante de una hipoteca, a si tiene problemas con su hipoteca porque no puede pagar el préstamo, o si la entidad financiera con la que tiene el préstamo ha puesto en marcha el procedimiento judicial de desahucio, si quiere ejercitar la dación en pago, o si la situación familiar es de grave riesgo de exclusión social, entendiéndose por ello, en sus diversos grados y situaciones, la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado que le imposibilita o limita el ejercicio de los derechos sociales, entre otras cuestiones.

Las personas interesadas en este nuevo servicio podrán dirigirse a partir del mes de diciembre, a la oficina del OMIC en horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas o bien concertar citas en los teléfonos: 902 479 579 o 954 792 413.

Como destaca el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, "cuando pusimos en marcha este servicio público queríamos asesorar, en la medida de nuestras posibilidades, a todos los vecinos que nos necesitan en esos momentos tan complicados, para que pudieran acogerse a la mejor opción en cada caso, y hoy podemos decir que ha ayudado y sigue ayudando a la ciudadanía, no sólo en temas de desahucios propiamente, sino en multitud de aspectos relacionados con la vivienda". Para el alcalde, “la paralización de un desahucio o la retirada de una cláusula suelo, entre otras acciones, permiten a la ciudadanía un respiro en sus cuotas o una segunda oportunidad para conservar la vivienda por la que tanto han luchado a lo largo de su vida, lo que hace que el esfuerzo y la inversión que lleva a cabo el Consistorio en este servicio merezcan la pena”.

Por otro lado, Fernández incidió en el compromiso municipal con quienes peor lo están pasando, también en materia de vivienda, recordando que “el Ayuntamiento de La Rinconada tiene un parque de viviendas sociales en alquiler que ronda las 700 viviendas, con unos alquileres mensuales que oscilan en torno a los 60 euros y que en ningún caso llegan a los 100 euros, sin que nunca el Consistorio ni su empresa pública Soderinsa hayan ejecutado ningún desahucio a una familia sin ingresos y, siempre, y ahora mas que nunca, se han buscado fórmulas pactadas y negociadas con los vecinos para hacer frente a los pagos pendientes".

Por último, el primer edil comentó que cuando una vivienda pública de alquiler se queda libre, el Gobierno local la reasigna siguiendo criterios sociales.