16/09/2020 ACTA DEL PLENO ORDINARIO 16 DE SEPTIEMBRE 2020
DÉCIMO SÉPTIMO- MOCIÓN GRUPO MIXTO-CIUDADANOS, POR LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.-
Por la Sra. Concejal del grupo mixto ciudadanos, Doña Elisabeth Niza Millán, da cuenta de moción presentada por su grupo, por la que se reclama medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas, indicando que en Junta de Portavoces, ha aceptado las enmiendas presentada por el grupo municipal socialista.
La Moción que os presento es sobre la reclamación de medidas de garantía para
la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la okupación ilegal de
viviendas.
Antes de introducir el
tema me gustaría añadir que el equipo de Gobierno se ha puesto en contacto con
mi persona dado el interés mostrado al respecto y después de varias
conversaciones hemos decido modificar algunos de los acuerdos iniciales de mi
moción, así que agradezco vuestro interés y colaboración ya que sin vuestro
apoyo no saldría la misma.
Indica que el derecho
de propiedad, regulado en nuestra Carta Magna artículo 33, se reconoce el
Derecho de propiedad y a la herencia Proclama su función social. Y este tercero
garantiza que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad pública o interés social.
La primera precisión que hago sobre este asunto es jurídica (Garantía
de protección del derecho a la propiedad), viene tipificada en el artículo
245.2 de nuestro Código Penal como
USURPACIÓN,
es decir, utilización de inmuebles ajenos sin autorización.
La segundo precisión es política, aquí se hace dos observaciones:
Desahucios por ejecuciones hipotecarias llevados a cabo en personas, familias,
en situación de necesidad y vulnerabilidad y Ocupaciones ilegales. En ambos hay
privación del derecho de propiedad pero la diferencia principal es que los
desahucios tienen toda nuestra protección y las ocupaciones ilegales nuestro
rechazo.
En tercer lugar yo
haría una precisión más. Hay dos tipos de ocupaciones ilegales: Llevadas a cabo
por grupos organizados de delincuentes con finalidad lucrativa y que se
aprovechan de personas vulnerables incluso con la extorsión y las llevadas a
cabo por grupo antisistema
.
Aquí es donde hay que
intervenir ya que la ocupación es un acto ilegal y debe ser atajado, todo ello
sin concretar los destrozos de zonas comunes, pisos utilizados como narcopisos
y un largo etcétera. No se puede consentir la indefensión en la que se
encuentra tanto propietarios como inquilinos.
El Defensor del pueblo
inició en diciembre de 2016 una actuación de oficio ante la Secretaría de
Estado de Seguridad y Fiscalidad General del Estado donde informó del elevado
número de quejas de ciudadanos por okupaciones ilegales.
Tenemos
nuestros países vecinos, tales como Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania,
Dinamarca, Italia, y si utilizamos el Derecho Comparado podemos hacer acopio de
procedimientos más rápidos y eficaces, intervención inmediata de los jueces, de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Y
además del papel fundamental que en todo esto realiza los Ayuntamientos por ser de nuevo la cara más visible y del
que están desamparados de competencias y potestades adecuadas para realizar una
buena gestión.
Por el Sr. Concejal
del grupo mixto popular, don Juan Pedro Molina López, expone que este asunto se
debe hablar con cautela, pues no se puede meter en el mismo saco, a todos los
ocupas. Es cierto que algunas ocupaciones se hacen para destinarlos a
narcopisos, con plantaciones de marihuana, existen mafias que se dedican a esas
ocupaciones cobrando alquileres de un piso que no es suyo, hay ocupaciones con
finalidad política, para reivindicar y por último los ocupar caras, que quieren
ocupar un chalets, porque no quieren vivir en pisos.
Es cierto que existe
mucha necesidad de vivienda, por las dos crisis que estamos soportando, la
anterior de 2008 y la actual, de la pandemia. Muchas personas han perdido un
vivienda habitual, por no pagar la hipoteca o el alquiler. Considero
justificado de que ocupen viviendas vacías abandonadas, y máxime si tiene
hijos. Yo, lo haría, si me veo en su misma situación, eso sí, sería más cívico
y no daría problemas a la comunidad de vecinos.
Este Ayuntamiento
tiene muchas viviendas sociales, y por tanto no veo correcto, que se ocupe una
vivienda, sin estar apuntado en la lista de demandantes de viviendas
protegidas. En este municipio, no se puede hacer lo que le da la gana respecto
a ocupación de viviendas.
Por la Sra. Concejal
del grupo mixto ciudadanos, Doña Elisabeth Niza Millán expone que los acuerdos
que hemos alcanzado con el grupo socialista, procede a su lectura:
Primero. Potenciar la coordinación y la
cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la
ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
[y la Policía Autonómica o Unidad Adscrita
del CNP en la Comunidad
Autónoma]
, así como con la Administración de Justicia, para asegurar
una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la
convivencia ciudadanas.
Segundo.
Instar al Gobierno de la Nación para que analice y promueva las iniciativas
legislativas necesarias para el establecimiento de medidas que palíen estas
situaciones en materia de ocupación ilegal de inmuebles así como, junto a todos
los agentes implicados, se formule una adecuación jurídica para la protección
habitacional de familias vulnerables.
Por el Sr. Concejal
del grupo mixto podemos, don Luis Silva García, expone que esta moción, es
darle voz a la locura más absoluta propiciada por los medios de comunicación.
Por supuesto que estamos a favor de la propiedad privada, más como hecho
histórico que filosófico. Pero es que la Constitución nos dice más cosas, en el
artículo 47, que habla del derecho de propiedad, y dice el derecho de usar una
vivienda digna y adecuada, o el artículo 128, en el que se indica que toda la
riqueza del país, se cual se su forma y titularidad, está subordinada al
interés general. Por lo tanto junto a la propiedad, está el derecho de vida.
Aquí, existen
verdaderos antisistemas y eso son los señores de los bancos, y eso si han
echado a 600.000 familias a la calle, y en muchas ocasiones, sin razón. Los
intereses abusivos se comieron los recursos de esas familias. Y esa gente están
propiciando esa publicidad temeraria sobre el tema de los ocupas, que siempre
tiene la misma forma, de personas inmigrantes o jóvenes con rastras. Pero
además los bancos, tienen 3.500.000 viviendas vacías y le pregunta a la Sa.
Niza, que cuando se contrapone el derecho de propiedad del banco contra el derecho
a la vida de una mujer que ha tenido un hijo, qué hacemos. Y eso es lo que
encuentro en muchas ocasiones en este municipio. La televisión insiste en
presente a las personas que ocupan las viviendas, como malvados, prostitutas,
personas de mala vida, delincuentes, es cuanto menos chistoso. En primer
confunden con intencionalidad, el concepto de usurpación, que es la ocupación
con el concepto de allanamiento. Nos dicen que cuando se va al supermercado o
de vacaciones, te ocupan tu vivienda habitual y se tarda un año en echarlo. Y
eso no es verdad. Y como político, tenemos que decir la verdad, y si alguien se
mete en mi caso habitual o en una segunda residencia, donde mantengo vida, es
allanamiento, con pena de cárcel de dos años y te echan en dos días. Donde, no
te echan, porque es usurpación de una vivienda que no está ocupada por nadie y
no se sabe de quien es, y esos desalojos se demoran en el tiempo. Por lo tanto, no se puede mentir a la gente.
Por el Sr. Concejal
del grupo municipal de Izquierda Unida, don Ignacio Ruiz González, le sorprende
que en esa actitud constructiva el grupo socialista apoye esta moción de
ciudadanos.
Esta moción, terrible,
presentada por la representante de Cs, a su vez, una de las representantes de la banca, la gran patronal
y los fondos buitre en este pleno, hay tres cuestiones que son irrebatibles,
comprobadas y comprobables; ademas de una intencionada falta de ortografía en
la palabra ocupa, que se repite, para radicalizar, aún más, el mensaje que hay
tras la moción.
La primera cuestión es
la falsedad. En esta cuestión os habéis alineado con lo “peorcito” de la
sociedad, con la extrema derecha de VOX o con el fascista Trump, insistiendo en
una falsedad para crear una alarma injustificada. Es mentira que estén aumentando
las ocupaciones de las viviendas habituales, es prácticamente inexistente esa
casuística.
El actual jefe de
Policía Local lo confirmó en la comisión: no hay intervenciones por ocupaciones
de la vivienda habitual en el pueblo. En el resto de España ocurre lo mismo, la
mayoría de las ocupaciones se dan en viviendas vacías propiedad de bancos,
aseguradoras, promotores inmobiliarios o fondos de especuladores. Según el
Ministerio del Interior las ocupaciones se mantienen en el mismo nivel, no ha
habido aumento alguno.
También es mentira que
no exista reglamentación al respecto. Ya hay una Ley de desalojo expres,
aprobada por PP y Cs en 2018, en la que se quedaron fuera del texto las
viviendas vacías de los bancos y especuladores.
Sobre
este aspecto deberían disculparse públicamente y rectificar en su terrible
agitación radical. Los jueces aseguran que no hacen falta más leyes: el
desalojo por ocupación de vivienda habitual es inmediato, es un delito de
allanamiento y la intervención es inmediata y la mayoría de los casos se dan en
viviendas vacías de bancos y grandes empresas.
La segunda cuestión es
de donde procede esta iniciativa. Evidentemente de los propietarios de más de
3,5 millones de viviendas vacías, sin uso: las grandes empresas y bancos del
IBEX 35. Cientos de miles de familias han sido desalojadas de su vivienda por
no poder hacer frente a los pagos mientras los bancos aplicaban clausulas
abusivas de miles de millones, ahora ya lo admiten tras la sentencia del TJUE
en la que se a puesto sobre la mesa el cúmulo de ilegalidades que venían
sufriendo las familias por parte del sistema bancario. Sin duda es hacia estos
grandes perpetradores de desigualdades a los que habría que endurecer la ley.
Pero claro, estos son vuestros jefes, os crearon para defender sus intereses,
tal como han hecho con VOX. De todos es sabido que el partido ultracapitalista
Cs fue promocionado y creado por las grandes empresas y bancos de la bolsa,
vuestros ideólogos han sido financiados por los capitalistas durante años y
vuestra filosofía, de lobos con piel de cordero, es la defensa de los intereses
de los poderosos y con ello el retroceso de los derechos de la mayoría
trabajadora.
Y la tercera cuestión
es la urgente necesidad social de revisar y transformar el concepto de
propiedad privada, a la que tanto alude en esta sarta de mentiras arrojadas en
esta moción. En la mayoría de las familias trabajadoras la propiedad privada es
de apenas una vivienda, que pagan con grandes sacrificios y que como vemos no
corren el peligro de ser ocupadas. Este concepto es diferente para los
poderosos, para banqueros, especuladores y grandes empresarios en los que se
concentran grandes patrimonios y por lo tanto instan a que se los proteja,
aunque como se puede comprobar el modo de alcanzar esos patrimonios están
repletos de irregularidades y prácticas muy alejadas de la ética y la justicia
social. Usted lo que proponen es proteger los intereses de los que,
reincidéntemente, provocan catástrofes sociales, los capitalistas, vuestros mentores
y financiadores, vuestros “papás” políticos, los que os crearon. Mientras la
vivienda se siga considerando un bien de inversión en lugar de un derecho
verdadero, aumentará la desigualdad que ustedes pretenden perpetuar con esta
moción.
Por la Sra. Concejal delegada
de Economía, Doña Raquel Vega Coca, expone Gracias, Sr. Presidente. No sabía que
la Sra. Niza era consejera en el Ibex 35, acabo de enterarme, si es así, pues
nada, también tiene tarea por delante…
La moción planteada, es
lo malo de las intervenciones escritas, hay que tener la cintura de ver al
final lo que se propone. El PSOE recibe la moción, ha establecido en estos días
un diálogo con Ciudadanos porque entendemos no debemos quedarnos de perfil ante
preocupaciones vecinales o ante situaciones sociales muy complicadas como las
que alude la moción… La exposición de motivos no nos representa… Hubiéramos
elegido una exposición de motivos que también hiciera hincapié en el origen del
problema y en la extensión del derecho constitucional a la vivienda, hubiéramos
subrayado en la exposición de motivos ese drama social que lleva a muchas
familias a la ocupación ilegal, que es un drama social además, de un delito
pero sí es verdad que entendemos que debemos adoptar una posición con la que
pueda buscarse el equilibrio desde las inquietudes que muchos vecinos del
municipio nos están trasladando y hemos hecho aportaciones.
La primera, hemos entendido que se tiene que potenciar la coordinación
y colaboración entre instituciones para reforzar la eficacia en la lucha contra
la ocupación ilegal de inmuebles, en particular entre la Policía local y las
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en su conjunto así como la
Administración de Justicia para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones
que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadana. Nos parece
razonable.
Planteamos también que
hay que ir al origen, extender el derecho a la vivienda que recoge nuestra
Constitución como se ha hecho referencia en intervenciones anteriores. Que hay
que trabajar en origen desde el Estado para evitar la pobreza y la exclusión y
en consecuencia, planteamos que el Gobierno de la Nación analice, promueva,
clarifique cuantas iniciativas legislativas sean necesarias y que palíen estas
situaciones en materia de ocupación ilegal de los inmuebles así como, junto a
todos los agentes implicados, se formule una adecuación jurídica para la
protección habitacional de familias vulnerables. Estamos hablando de reforzar
la política social con medidas como el IMV, la imposibilidad de desahucios
durante la pandemia por impago en materia de alquiler y por supuesto, de la
extensión del derecho a la vivienda. Eso es lo que ha planteado el PSOE para
reformular los acuerdos que se planteaban por parte de esta moción. Nos parece
que son acuerdos lógicos ante un fenómeno que ha generado preocupación social y
una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía y que además, se puede
ver acompañado de problemas de convivencia en el entorno social en el que estas
ocupaciones se están produciendo.
Estamos de acuerdo en
que no todas las ocupaciones son iguales. Estoy de acuerdo en que en los medios
de comunicación están saliendo más noticias que antes cuando los datos del
Ministerio como se ha dicho, creo que lo ha hecho IU, no demuestran
fehacientemente un crecimiento de las ocupaciones ilegales, eso es una realidad
y estamos de acuerdo también en que nuestras leyes ofrecen garantías de
protección de la propiedad privada y al mismo tiempo, de las diferencias que se
han constatado entre lo que es una usurpación y el allanamiento. Y como la
norma vigente, incluso reformada en 2018 con los desalojos exprés, permite una
actuación rápida cuando se trata de primera vivienda y segunda vivienda
considerada morada. Hay que hacer hincapié en ello.
El PSOE quiere recordar que durante muchos años, las leyes del PP han
impedido y lo hemos denunciado en este Pleno también que las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado hagan su trabajo. ¿Cómo? No dotando a las fuerzas y cuerpos
de seguridad por ejemplo de los medios humanos para ello y no cubriendo 20.000
vacantes para que Policía Nacional y Guardia Civil hicieran las funciones que
les competían. E igualmente, la no cobertura en el ámbito de la Justicia.
Pensamos que Ciudadanos está poniendo el foco a nivel nacional en acortar los
plazos ante una norma que ya recoge plazos abreviados en los allanamientos, que
hemos conocido también las medidas del Ministerio Fiscal ahondando en la
agilidad con instrucciones generales a los fiscales para adoptar medidas en el
ámbito de aquellas ocupaciones asociadas a redes, a mafias… Ese aspecto se está
clarificando por parte del Ministerio Fiscal.
Remarcamos que el PSOE defiende la propiedad privada y lucha por el
respeto a la propiedad privada sin olvidar que las ocupaciones son delito pero
en nuestro ADN está también realizar ese ejercicio de empatía necesario para
entender las raíces del problema y desde el Estado, seguir buscando
alternativa. Creo que como personas que estamos en política hay que plantear un
ataque a la raíz del problema, que es la lucha contra la pobreza y la
necesidad.
El Gobierno de Pedro
Sánchez ha adoptado algunas medidas. Algunas las he enumerado. También es
importante decir que este Gobierno ha apostado de forma decidida por ampliar el
parque público de vivienda y en este sentido, se puede recordar, por ejemplo,
el Plan 20.000 anunciado por el Ministro Ábalos y esa es la dirección correcta
y no la ofrecida por el PP cuando malvendieron las viviendas públicas sociales
a fondos especulativos. Nos parece muy
importante trabajar en la dirección de ampliar el parque público de viviendas
de nuestro país y seguir trabajando en rescatar a las personas, con medidas
importantes en lo social, como la subida del salario mínimo, como el ingreso
mínimo vital y desde luego, impulsando y promoviendo la construcción de
viviendas de carácter social. En este sentido, está trabajando el PSOE a nivel
estatal.
Por el Sr. Concejal
del grupo municipal mixto popular, don Juan Pedro Molina López expone que
tristemente la mayoría de los ocupas, son personas que están en la calle, pero
en La Rinconada se han dado casos, de ocupación de vivienda de una persona que
estaba trabajando en Alemania, otra que trabajaba en Granada, otra de una
herencia de su madre fallecida. En la segunda vivienda de playa, también conoce
casos de ocupación en verano. Son pocos casos, pero existen. En cuanto a los
narcopisos, el Sr. Ruiz, ignora la realidad, pues en Sevilla capital, existen
barrios en donde se ocupan bloques de viviendas por familias para cultivas
drogas o donde se piden precio por llaves, de viviendas ocupadas, coaccionando.
Y eso existe, y debemos proteger a esas personas propietarias. Las personas que necesitan verdaderamente
ocupar una vivienda porque están en calle con hijos, lo apoyamos.
También está de
acuerdo con la intervención de la Sra. Vega, aunque no ha explicado de donde
viene el origen de los ocupas ni se indica que la situación del municipio no es
la misma que la que se produce en el resto de España.
Espera que el gobierno
central, refuerce la plantilla de la Policía. Es un gobierno de la publicidad
periodística, esto dice pero no hace.
Por la Sra. Concejal
del grupo mixto ciudadano, doña Elisabeth Niza Millán, expone que el Sr. Ruiz
en su intervención, muestra su ignorancia en este asunto. Agradezco la
intervención del Sr. Silva, pues espero que añada mucha información pues está
en un nivel más alto que yo, para hablar de este asunto, por su bagaje y
experiencia.
Me gustaría haber
mejorado y aclarado la moción, pero ha quedado claro en mi intervención que se
debe ayudar a las familias vulnerables. Y como dice la Sra. Vega Coca, ahora no
podemos dejar a nadie en la calle y que se debe tomar medidas reales para que
todo el mundo tenga una vivienda digna y adecuada como recoge nuestra
Constitución.
Por el Sr. Concejal
del grupo mixto podemos, Don Luis Silva García, expone que personalmente no
visito pisos que personas que mal viven o se dedican al narcotráfico, Sr.
Molina.
No me parece casual,
que ahora se hable en los medios de comunicación al unísono este problema y
alguien lo está alentando. Se habla de forma exagerada y a veces de rumores no
constatados, como ha sucedido con un suceso de un incendio de un vehículo de La
Rinconada.
Con la legislación
vigente, no hace falta hacer nada, y si me ocupan mi segunda vivienda en la
playa, llamó a la Policía, y lo echan de forma inmediata. Y eso se debe decir a
la gente, y que no tengan miedo, que ya bastante tienen con la pandemia y con
los efectos económicos de la misma. Y tiene pena de cárcel. Por lo tanto no es
verdad que eso esté pasando. Cuando se cuenta algún caso en televisión y se
entra en detalle, se demuestra que no es verdad lo que cuentan. Lo que si,
ocurre es que se dan caso de ocupaciones por usurpación, cuando se ocupa una
vivienda vacía propiedad de un gran tenedor como un banco. Y como sabe que se
va dar muchos casos motivados por el agravamiento de la crisis económica están
ya preveyendo la necesidad de cambiar la Ley, para echarlos antes.
Por ello, desde
nuestro punto de vista, no podemos entrar a alentar este temor, a mayores de lo
que está pasando la población. Debemos relajar a las personas, dándole
tranquilidad. Nadie va a perder su vivienda, por ir al supermercado, y si por
error, ocurre, la policía nos va a echar de forma inmediata. Nuestra labor es hacer pedagogía social.
Por el Sr. Concejal
del grupo municipal de Izquierda Unida, don Ignacio Ruiz González, expone que
la Sra. Vega, ha leído en su intervención haciendo referencia a las
preocupaciones vecinales, me pregunto si no son bien patronales. La policía nos
ha informado que en el municipio no se da esa casuística de ocupaciones de
primeras residencias o segunda residencia. O sea están buscando soluciones para
defender la propiedad de los banqueros y que tiene tres millones de viviendas
vacías, con la necesidad de muchas familias de viviendas.
Nosotros proponemos,
no sancionar a los posibles ocupas que lo hacen por necesidad. Lo que proponemos
, es algo que está estudiando el Gobierno nacional, cual es sancionar a los
propietarios de viviendas vacías sin justificación con al menos dos de
antiguedad, principalmente bancos, aseguradoras y grandes empresas con el fin
de promover el acceso a las mismas y actuar contra las viviendas vacías.
Me ha sorprendido
tanto, que hasta el ultracapitalista, Manuel Macron en Francia lo está
planteando, de sancionar a los grandes propietarios, para que se fomente el
alquiler social. Intentan pues proteger los intereses de los bancos, que se
llevaron el dinero de la bolsa de las pensiones, estafaron en cuatro mil
millones de euros a los hipotecados, y
se ha tenido que pronunciar el Tribunal de Justicia Europeo para poner
justicia.
Sr Niza,
pregunte de donde viene su partido, referente al Ibex-35.
Por la Sra. Concejal delegada de Economía, doña Raquel
Vega Coca, expone
Gracias, Sr. Presidente. He leído los
puntos de acuerdos que se han consensuado con Ciudadanos para que todo el mundo
se entere y porque modifican sustancialmente los acuerdos de la moción. Claro
que sí.
Coordinación de las
fuerzas y cuerpos de seguridad, con otras Administraciones, con la Justicia
ante un problema que también existe en nuestro municipio y que genera preocupación
y otro punto de acuerdo, trabajar en el origen para extender el derecho a la
vivienda que es un derecho constitucional. Nos parecen medidas muy lógicas, que
atienden a familias que se encuentran en una situación vulnerable.
Hemos recordado las diferencias
entre allanamiento y usurpación, coincidimos con el Sr. Silva en que existe una
tendencia mediática porque la norma en este momento ya contempla la posibilidad
de desalojos exprés cuando se produce un allanamiento de morada. En nuestro
municipio no se están produciendo allanamientos, queremos dar tranquilidad en
ese sentido y sí alguna ocupación, como en la generalidad del país, de
viviendas que son propiedad de entidades financieras y en este sentido, también
coincido con alguna intervención realizada de que este problema es menor en La
Rinconada porque en origen La Rinconada está trabajando con una agresiva
política social. Les pongo ejemplos:
En Presupuestos, de inicio, medio millón de euros en ayudas sociales
con modificaciones para sumar fondos hasta importe de 1,3 millones de euros
durante la pandemia.
Tenemos un programa de
apoyo al alquiler que ha duplicado las ayudas a familias en estos meses, con
subvenciones de apoyo al alquiler del 50 % y que puede tener en la actualidad
en torno a 100 familias que participan en este programa y me parece un dato que
es muy importante.
Hemos construido a lo
largo de los años más de 1.000 viviendas por parte de la empresa Soderin y más
de 500 son viviendas sociales en alquiler, con familias que pagan de media en
torno 80 euros.
En los años más duros de la crisis hemos trabajado contra medidas duras
auspiciadas por el PP y que llevaron a muchas familias a tener que abandonar
sus viviendas por la insensibilidad de las entidades financieras. Hubo que hacer
reformas legislativas para evitar esos desahucios. Y luchamos activamente a
nivel municipal con una oficina contra los desahucios que fue pionera en la
provincia de Sevilla y que ha ayudado a mucha gente en La Rinconada.
Hemos
llegado a acuerdos con inmobiliarias para que esas viviendas vacías pudieran
ser el techo de algunas familias a cambio de rentas similares a las de un
alquiler social.
Estamos con un Plan de
Vivienda Joven, solos, a pulmón, sacando adelante viviendas para ayudar a la
gente joven a emanciparse y abonando subvenciones a la entrada de 12.000 euros
para facilitar ese derecho a la vivienda. Impulsando planes de empleo social…
Trabajando para que en La Unión, el 73 % de las viviendas tenga algún tipo de
protección… Eso es trabajar desde el origen y eso es lo que estamos pidiendo. A
nivel local lo estamos haciendo y necesitamos que lo haga también el PSOE que
gobierna la nación junto con Podemos para extender el derecho constitucional a
la vivienda. Y sí, trabajando contra la exclusión también podremos,
lógicamente, frenar las ocupaciones ilegales.
Por
el Sr. Alcalde, Gracias. Vamos a apoyar la moción con las modificaciones que
hemos hecho y aunque tenemos diferencias con Ciudadanos en muchos aspectos,
también es verdad que hay un concepto democrático que nos une. Pensamos que una
democracia es imposible que funcione solo con derechos y sin normas. Tiene que
haber derechos, obligaciones y unas normas básicas de funcionamiento.
Este punto daría para
hablar de muchas cosas y sería muy interesante para un monográfico. Si
analizamos las cosas en profundidad tenemos más acuerdos que desacuerdos. Me
parece una absoluta barbaridad que una persona se lleve 20 años pagando un
préstamo de su vivienda a un banco, le llegue una racha mala de meses y no
pueda pagar y lo echen de su casa. Absoluta aberración. Igual que es una
barbaridad que para recuperar una vivienda en el caso de una entidad se tarde
dos años o tres. También que alguien ocupe una casa y automáticamente el banco
tenga la obligación de buscar un alquiler social sin haber pasado ningún
filtro, registro de demandantes de viviendas… Tiene que haber derechos y
obligaciones.
Acaba de dar Raquel
Vega un dato que es muy importante. No podemos hacer vivienda pública en
alquiler porque nadie nos está ayudando a financiarlas. Acaba de dar el dato de
que el Ayuntamiento de La Rinconada está ayudando a 97 familias a pagarle el
pagarle el 50 % del alquiler. A esas familias, gracias a políticas
progresistas, Sr. Ruiz., de izquierda… Les estamos diciendo de tus 400 euros de
alquiler, toma durante un año, 200 al mes, y tu obligación es buscar los otros
200 para que tu alquiler valga 200 euros. Eso es política de izquierda,
redistributiva y a esas familias vulnerables que la portavoz ha explicado. Ese
es el modelo en el que creemos. Derechos y obligaciones.
La moción es algo
enrevesada. La hemos apoyado porque somos gente de normas y principios. Pero no
es lo mismo que se meta alguien en tu casa o en tu vivienda estando de
vacaciones que alguien ocupe la vivienda de un banco. Hemos apoyado la moción
porque pensamos también que hay un nivel de exigencia que hay que cumplir por
parte de los bancos. Habrá que plantear que un banco cuando recupere una casa
tenga un tiempo mínimo para ponerla en el mercado a coste a un interés muy
bajo.
Tiene que haber una
obligación para los bancos. Y si un banco tiene viviendas vacías bien porque
una promotora ha ido a bancarrota o por insolvencia, el banco tiene que tener
la obligación de decir aquí tengo las casas y no puedo estar para cobrar un 8,
9 o un 12 % más… Tenemos que entender que como los bancos pierdan mucho, todos
perdemos… Lo que tenemos que intentar es que no ganen tanto… Lo que no puede
ser es que en el acuerdo con Bankia y Caixabank se pierdan las últimas
oportunidades de rescatar parte de lo que le dimos a la banca…
Los bancos deben contar a nivel social con los Ayuntamientos y los
registros de demandantes de vivienda y tener claro, ¿a usted cuánto le ha
costado la vivienda?, ¿70.000 euros? Pues a ese precio lo tiene que vender.
Aquí está todo mezclado. Hemos hablado de narcopisos, de gente a la que el
banco quitó la casa, de bancos que aprietan, de gente okupa según el PP con
cara, que los hay… Hemos tenido acuerdos cerrados con algunas personas para
optar al programa de ayudas al alquiler y al día siguiente han ocupado una casa
porque han entendido que es más cómodo vivir sin pagar… Ese modelo no lo
queremos. Como nosotros somos gente de normas y que la democracia tiene
derechos y obligaciones y se ha aceptado el cambio, vamos a respaldar la moción
e insisto, si este Gobierno de la nación no regula todo esto, no lo hará ningún
otro Gobierno.
Tras el oportuno debate, seguidamente, se somete a votación la
citada moción, con el siguiente resultado:
Votos
a favor: 17 (15 PSOE, 1 grupo mixto ciudadanos y grupo mixto popular).
Votos
en contra: 2 (1 IU y 1 Mixto Podemos)
Visto todo lo cual, se
acuerda por mayoría absoluta de los miembros asistentes del Ayuntamiento Pleno,
el siguiente acuerdo:
Único.
Aprobar
moción presentada por el grupo municipal mixto
ciudadanos, por la que se reclama
medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la
ocupación ilegal de viviendas, incluida la enmienda presentada por el grupo
municipal socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:
MOCIÓN POR LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANS FRENTE A LA OKUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS
El derecho a la propiedad
privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados
de Derecho. Su protección
resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución española, al
igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En
los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno
enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una
deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias
vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas.
A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible
abordar tres precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de
proteger al derecho de propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las
reacciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a
menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el Código
Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo
245.2).
La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por
un lado, a aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos
en los que se incluyen
las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación
del derecho de la propiedad, pero, mientras que las víctimas de desahucios
merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible, las
ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche.
Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones
ilegales. Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia
organizada, que perpetran estas ocupaciones de forma premeditada y con una
finalidad lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de
vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces incluso
extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa
para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema.
Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad
privada. La «okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes
públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también
sufren del deterioro
de la convivencia, siendo,
por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados
narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e
inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al
volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa
protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos
judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy
por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números
de la
«okupación» nos ofrecen
un retrato aún más preocupante: las ocupaciones ilegales
han experimentado un elevado
crecimiento durante los últimos años.
En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro
ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar
suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su
propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad
y la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de
relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba
prever los cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar
que restituyan, de manera inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante
la tramitación de un procedimiento judicial rápido.
Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión.
Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos
rápidos y eficaces para, ya sea mediante la intervención de un juez o
simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la propiedad y
posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda,
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos
la recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo.
La Administración más directamente implicada en la problemática
derivativa de la ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable
que hay una afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya
responsabilidad ha de recaer sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones
son las más próximas a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más
inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos. Para hacer
frente al problema que representa la okupación, los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que
los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las
leyes por no habilitarle con las potestades
adecuadas.
Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una
Proposición de Ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas
frente a la ocupación ilegal de viviendas. Una iniciativa que busca defender a
los legítimos propietarios que ven su vivienda usurpada por okupas que acceden
ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la mano de mafias que se lucran con
la okupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a veces incluso en
periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar con la
existencia de aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales
con la finalidad de que sirven como base o como medio para cometer otros
crímenes, sean robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de
drogas, como sucede en los llamados “narcopisos”.
Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad
privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la
ocupación ilegal de viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el
debate y aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
Primero. Potenciar la
coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía
Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
[y la Policía Autonómica o Unidad Adscrita
del CNP en la Comunidad
Autónoma]
, así como con la Administración de Justicia, para asegurar
una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la
convivencia ciudadanas.
Segundo. Instar al Gobierno de la Nación para que analice y promueva las iniciativas legislativas necesarias para el establecimiento de medidas que palíen estas situaciones en materia de ocupación ilegal de inmuebles así como, junto a todos los agentes implicados, se formule una adecuación jurídica para la protección habitacional de familias vulnerables.
