15/01/2021 ACTA DEL PLENO ORDINARIO 23 DE DICIEMBRE 2020
SÉPTIMO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA, SOBRE CONTROL DE PRECIOS DE ALQUILERES ABUSIVOS, GARANTÍAS PARA PERSONAS ARRENDATARIAS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS/AS Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE VIVIENDAS DESHABITADAS PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN SOCIAL.-
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Ignacio Ruiz González, procede a explicar el contenido de la Moción Grupo Municipal Izquierda Unida, sobre control de precios de alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios/as y puesta a disposición de viviendas deshabitadas para cumplir su función social.
Expone que ante esta moción que hemos presentado, hemos alcanzado a un acuerdo en Junta de Portavoces, y estamos de acuerdo todos, de que existe una realidad como expresa el texto que nos ha presentado el grupo socialista, y que tenemos que analizar y atender y con ello aunar fuerzas entre todos. Vamos a eliminar el segundo punto de acuerdo propuesto, referido a más competencia municipal,
Expone que ante el mandato constitucional que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las necesidades, se observa una realidad que indica que ese derecho no es disfrutado por gran parte de la población; el elevado precio en el mercado inmobiliario y el retroceso en las condiciones laborales no lo posibilitan; todos los indicadores y datos oficiales así lo indican.
La dificultad para acceder a una vivienda, ya sea en compra o en alquiler, que se ha visto incrementada por esta nueva crisis del sistema capitalista, es uno de los principales obstáculos con los que se encuentra la población para desarrollar una vida digna y estable.
Este grave problema de desigualdad, que vuelve a cargar sobre los más vulnerables (y que va en aumento, ademas), es lo que motiva la Moción que hoy presenta el Grupo de IU, para su debate y, entendemos, para su necesaria aprobación.
Y queremos insistir en la necesidad de su aprobación ya que el desarrollo de los acuerdos que proponemos para poder actuar sobre el control de los precios abusivos en los alquileres, para articular garantías a los arrendatarios y pequeños propietarios y, sobre todo, para la necesaria y justa puesta a disposición de las viviendas vacías y sin uso, en manos de bancos y fondos buitre, pueden promover una mejora sustancial para las familias con dificultades para acceder a una vivienda digna y estable.
En los últimos 10 años, el precio de los alquileres ha aumentado un 50% pero los salarios no han seguido la misma tendencia y más de 12 millones de personas viven en pobreza o exclusión social en España; situándonos, con el 26% de la población, como el segundo país de Europa, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad.
Si atendemos a la tasa de paro en La Rinconada o analizamos la precariedad de los contratos, podemos confirmar que para las familias trabajadoras rinconeras el acceso a una vivienda, en compra o en alquiler, y mantener sus pagos, se ha convertido en una carga imposible, en muchos casos, y desproporcionada para la mayoría, causando un cargo excesivo para la economía de los hogares.
Ante esta deuda social del sistema para con la mayoría trabajadora es necesario seguir reivindicando la necesidad de garantizar este derecho y sobre todo revertir su mercantilización. La vivienda debe cumplir su función social y no ser mercancía para especular. Probablemente muchas, de las viviendas vacías y sin uso de nuestro pueblo están en manos de bancos y fondos de inversión que especulan con esas viviendas en los mercados bursátiles, llegando a vender una de estas casas en tan solo un segundo; o, incluso veinte veces en una hora.
Los intereses de los mercados han transformado un derecho humano en un activo con el que especular y ganar dinero y eso es inadmisible cuando miles de personas no pueden disfrutar de este derecho.
Con esta Moción que hoy presentamos y que, si es aprobada, daríamos pasos importantes para dar respuesta a muchas familias con dificultades, nos queremos centrar en la responsabilidad de todos nosotros para acordar que instemos al gobierno de la nación a la aprobación de una Ley Estatal que blinde la función social de la vivienda y permita su desarrollo por parte de las CC AA y los Ayuntamientos.
Que se legisle para regular el mercado del alquiler de vivienda para impedir los precios abusivos, mediante mecanismos de control de precios.
La injusticia social sobre las posibilidades de acceso a una vivienda y poder mantener los pagos de esta, da mucho de que hablar. La Moción que hoy hemos presentado desarrolla una serie de datos y de realidades que no dejan lugar a dudas. Se ha escrito mucho sobre esto. Todos somos solidarios en declaraciones públicas sobre este asunto, pero no hay tiempo que perder, no nos lo podemos permitir. Es momento de utilizar todos los medios disponibles para aliviar las urgencias y planificar los recursos necesarios para atender las necesidades habitacionales.
Se trata de tomar partido por los bancos y fondos buitre o por ayudar a la gente.
En nuestro pueblo hay 523 viviendas deshabitadas y sin uso, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento, que podrían aliviar, en gran medida, las dificultades de acceso a la vivienda de muchas familias que, a día de hoy, no encuentran posibilidades de acceso a la vivienda o para las que supone una carga desproporcionada para sus ingresos.
Los primeros pasos, para poder impulsar la puesta a disposición de estas viviendas y asegurar el cumplimiento de su función social, ya están dados y recogidos en la Ley 4/2013, de 1 de octubre y en el DL 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Para nosotros hay dos enfoques respecto a como debe acometerse el abordaje del problema de la vivienda. Uno en clave de urgencia y otro en forma de proyecto, ya que entendemos que es necesario acometer de forma inmediata los problemas urgentes pero que al ser insuficientes requieren diseñar o estructurar medidas a medio y largo plazo.
Estas medidas de urgencia pueden ser abordadas creando, con estas viviendas vacías, un parque de viviendas en alquiler social a precios asequibles, dirigidos a familias con pocos recursos y a jóvenes.
En definitiva, la Moción que hoy presentamos y con las consta de instar al gobierno a que profundice y avance ante esta injusticia social, diferenciando en las medidas entre el pequeño propietario de una vivienda vacía, y los grandes tenedores de viviendas.
Es necesario concienciarnos de la necesidad de un cambio radical en el enfoque para recuperar un derecho convertido en mercancía. La vivienda ha pasado de ser un derecho humano a un negocio infame, muestra del capitalismo más salvaje.
Por lo que volvemos a solicitar el apoyo de todos los grupos para la aprobación y el desarrollo de los acuerdos propuestos en esta moción. De otro modo, como ya dijimos, se estará tomando partido por los bancos y fondos buitre en vez de ayudar a la gente.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto popular, don Juan Pedro Molina López, expone que la moción de Izquierda Unida, había cuestiones que estábamos a favor y otras en cambio, no, pues chocaban con la realidad, como por ejemplo el número de viviendas vacías en el municipio o proponer que el Ayuntamiento hiciera cosas, delas que no tiene competencias. Dada cuenta que se ha corregido estas cuestiones, por el acuerdo alcanzado en Portavoces, su voto será favorable.
Por la Sra. Concejal del grupo mixto ciudadanos, Doña Elisabeth Niza Millán, expone que el acceso a la vivienda en España ya está siendo uno de los principales desafíos del sector de hoy.
Los instrumentos de política de vivienda en España se han basado en vivienda protegida de compraventa y contando con dos mecanismos que han impedido su mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo, como son:
los plazos de calificación de viviendas Y liberar la descalificación de viviendas antes del plazo de expiración
Realmente existe muy poco control político en las viviendas de protección oficial, (se hablan de cifras como del 40% de viviendas que podrían existir en el parque público de vivienda si no se hubiera permitido liberarlas de esta categoría antes de plazo).
Es muy importante este control a posteriori, ya que el gasto que va en cada vivienda protegida es patrimonio colectivo, y no debería perder la condición de vivienda pública. Parte de la clave es una revisión constante y una rotación entre las familias ya que las situaciones económicas van cambiando.
Si analizamos datos estadísticos sobre el número de viviendas protegidas de nueva construcción en Andalucía nos dan porcentajes con mínimo histórico como el que se refleja en el año 2018, con un 1,63% siendo aún peor en el pasado año 2019 donde no alcanzaba el 1,53%.
Y si analizamos la tendencia en precios, según datos del Ministerio de Fomento a finales de 2007 el precio de la vivienda protegida en Andalucía representaba el 44,95% menos que el de la renta libre, si bien, esta diferencia de precios se ha ido reduciendo y datos registrados en el tercer trimestre de 2019 se posiciona en 16,45% (siendo estos datos dispares según qué municipios) estando este dato además muy alejados de la media nacional donde hablamos de un 31,40%.
Por todo ello en Andalucía, han lanzado un nuevo Plan de vivienda, Rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. Con este plan se quiere dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía concretando las políticas en materia de vivienda del Gobierno andaluz y con una revisión cada cinco años.
Este plan incorpora acciones para hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna, garantiza las ayudas necesarias para evitar la pérdida de vivienda por motivos económicos y gestión de bolsas de viviendas desatinadas al realojo de personas en situación de emergencia habitacional y personas desahuciadas de sus viviendas.
Este plan pretende a su vez rehabilitar el parque residencial existente en Andalucía, mediante la implementación de medidas para garantizar la accesibilidad en los edificios, la eficiencia energética y rehabilitación de edificios que ya han quedado obsoletos.
Por lo tanto comparto el acuerdo primero de la moción de izquierda Unida sobre la necesidad de aprobar una ley estatal donde además permita el desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y municipios.
Es necesario y oportunista que se promueva una coordinación entre todas las Administraciones donde se garantice una generación rápida y sostenible de nuevo suelo protegido y que se pongan en la mesa políticas reales para que entre todos se pueda dar solución a esta gran demanda de viviendas entre jóvenes y familias de rentas bajas.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto podemos, don Luis Silva García expone que el problema de la vivienda es real y casi dramático. Había pensando en votar que no a esta moción, pues a pesar de hacer una exposición de motivos, absolutamente coherente, las medidas que proponían no iban a ningún lado. Ahora con estas modificaciones acordadas, votaremos a favor de la moción.
De todas maneras, vemos que no va a hacer suficiente hacer una petición al Gobierno Central, y ni siquiera si legislara hoy con lo que se exige, no llegaríamos a tiempo. Es previsible, que en estos próximos meses, vamos a tener problemas, pues muchas personas en esta pandemia han tenido una reducción de ingresos familiares muy importante, y por ello, seguro que ya, se produzca impagos de las rentas de alquiler o hipotecas antes las entidades bancarias, que seguramente desembocará desahucios y abandonos de alquileres en tiempo muy breve. La única manera de solucionar esto, es intervenir activamente en el mercado del alquiler local, pero tenemos que ver, como hacer eso, pues debemos ser capaces de equilibrar la balanza del interés legítimo del pequeño propietario de un piso alquilado y la necesidad del inquilino que no puede pagar, y que está casi en la calle. Puede estudiarse opciones de dar soluciones a estos casos, aparte de embarcarnos en pedir una Ley global, que ordene de mejor forma, la vivienda. Debemos pues empezar a dialoga pronto, pues e problema lo vamos a tener ya.
En cuanto a exigirle al Gobierno Central que se aplique en aprobar una Ley que regule el sector, está de acuerdo.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Ignacio Ruiz González, agradece a todos los grupos municipales su esfuerzo, para poder sacar entre todos, esta moción pues ese consenso, hará mucho más fácil, avanzar y buscar herramientas y articular mecanismos necesarios, para solucionar estos problemas de vivienda. Todos los indicadores nos están orientando a que el acceso de la vivienda y el mantenimiento de los pagos, va a provocar problemas de desalojos de viviendas habituales de muchos inquilinos. No pueden afrontar la carga excesiva que supone pagar un alquiler alto en el municipio.
Por lo tanto,más que una satisfacción propia, por aprobar esta moción, lo es para quien realmente necesitan este tipo de medidas.
Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, doña Mercedes Bueno Ramírez, indica que está de acuerdo con la exposición de todos los grupos municipales, y sin entrar en discusión sobre las cifras y datos ofrecidos por Izquierda Unida, en su moción, sobre viviendas vacías, en el municipio, en líneas generales, coincidimos con la exposición de motivos de la moción.
Es un hecho innegable que España está muy por debajo de Europa, en la construcción de vivienda social y destina un porcentaje muy bajo de su producto bruto a atender esta carencia. Nuestro país, para que los ciudadanos conozcan datos, tienes menos de una vivienda social, el 0.9 por cada cien habitantes, lo que sitúa al país en unos de los últimos puestos, de la Unión Europea, que de media cuadruplica la media española, con un total de cuatro viviendas por cien habitantes. Los datos presentados, el pasado 23 de septiembre, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, confirma la gran brecha que tenemos en el país, no solo de la media europea, sino de los países punteros de protección social, a través de la vivienda, de los que debemos fijarnos. Estos datos, mejoran algo, si en vez de ceñirnos a la cifra de población, se analiza el peso de la vivienda protegida en función del número total de inmuebles, en este caso, por cada cien residencias habituales, España suma dos con cinco, de vivienda social. Pero este parámetro sigue siendo escaso, para la demanda y necesidades de vivienda de la población. Y pese a le mejora relativa sobre este dato, si atendemos a los datos proporcionados por “Europe Start”, y el Observatorio, “Housing Europe”, se comprueba que parque de viviendas de este país, se encuentra casi seis puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, los cuales, en términos medios, su parque de vivienda social se sitúa en el entorno del 9 por ciento, respecto a las viviendas principales, frente al 2.5 de España. Nuestro parque de vivienda social, se sitúa en las 290 mil viviendas y que daría cobertura al 1.6 de los hogares españoles, implicando un claro déficit. Necesitaríamos incrementar nuestro parque de vivienda social, en casi un 8 por ciento, para poder aproximarnos a las cifras de la media europea. Y esto, solo se puede salvar, si lo tratamos como una verdadero reto de país, como así ha sido recogido recientemente por Javier Burón, persona que está al frente de la empresa de la vivienda de Barcelona, el pasado mes de noviembre, en el debate “derecho a la vivienda social, una perspectiva europea” y en el que estamos de acuerdo. Tras realizar una radiografía sobre la situación de la vivienda social en Europa, destacó que España es uno de los cinco países europeos, con mayores problemas de viviendas, y algo se debe hacer.
Estamos de acuerdo en estos temas recogido en su moción, pero no podemos estar de acuerdo, en su referencia a las políticas públicas de viviendas en el municipio. Y ello, pues nuestro parque público de viviendas está muy por encima de la media nacional e incluso de la media europea y sin añadir otros recursos que ponemos a disposición de la ciudadanía, como es el plan de ayuda al alquiler privado.
Tenemos que reconocer el buen trabajo realizado en el municipio en política social y vivienda, ofreciendo algunos datos y que sitúan al municipio como referente. Según el Plan Municipal de Viviendas aprobado por este Pleno, en este municipio existe un importante porcentaje de vivienda protegida, y desde el punto de vista de viviendas publicas en alquiler se puede concluir que algo más del 11 por ciento de las viviendas existentes pertenecen o son de titularidad de promotores públicos, en este caso de Soderin Veintiuno y AVRA. Además por parte de la sociedad municipal, se ha llegado a construir casi 700 viviendas protegidas en venta, lo que sin contar, con la construcción de vivienda protegida por promotores privados, incrementaría las viviendas protegidas existentes, en un porcentaje del 16 por ciento.
Esto, no quiere decir, que demos nuestras política de vivienda pública como concluida, pues existe una realidad social que demanda esas políticas, y como nos dice el Sr Silva, se va a incrementar, por los efectos de la crisis sanitaria, social y económica de esta pandemia en el municipio. Por ello, seguimos trabajando en mejorar el acceso a la vivienda, quedando un camino por recorrer, donde pondremos todos nuestros esfuerzos, para atender a la demanda de la ciudadanía.
Y así lo hemos hecho saber en Portavoces, aportando una serie de enmiendas, con el fin de aunar criterios y llevar la moción adelante, solicitando a los Organismos competentes que estudien y establezcan los mecanismos necesarios, para seguir avanzando en el municipio.
Por la Sra. Bueno Rodríguez, en su segunda intervención, procede a explicar las enmiendas del grupo municipal socialista a esta moción, y que han sido consideradas a bien por el resto de grupos.
Básicamente, consideramos que sería necesario, fijar unos marcos legales mínimos a nivel estatal y que sería desarrollados con posterioridad por las comunidades autónomas, en función de la demanda y la realidad de cada una de ellas, pero siempre teniendo en cuenta la lección aprendida de los casos puesto en marcha y de otras experiencias. Y se estima que ese marco estatal mínimo, puede ir acompañado de un análisis para la reforma de la Ley de Arrendamiento urbano, que alargue el periodo mínimo de los contratos, convirtiendo el alquiler en una opción estable de vida, para muchas familias; una mejora para los incentivos fiscales que actualmente tiene el alquiler de una vivienda, con exenciones sobre las rentas obtenidas a aquellos que arrienden viviendas a largo plazo, incentivar a aquellos que estén dispuestos a realizar un arrendamiento social.
Tenemos claro, que nuestros esfuerzos deben ir encaminado a mejorar las condiciones sociales de nuestros vecinos y vecinas del municipio pero de la misma forma que debemos ser exigentes con nosotros, y al tiempo que se debe hacerlo con otras administraciones competentes, no debemos olvidar a otros autores, en la búsqueda del equilibrio, como son los inquilinos al que se le debe pedir corresponsabilidad. Poner viviendas dignas a las familias a un precio asequible, es una prioridad que tenemos y estamos de acuerdo en establecer un marco estatal mínimo general.
Por ello, el punto que se propone sería, “Instar al Gobierno de España, que tras los análisis oportunos, desarrolle una Ley de vivienda, que sirva como marco general para ser desarrollado por las comunidades autónomas y Ayuntamientos, pues actualmente carecemos de esa competencias, y que esta Ley de vivienda, deberá establecerse en el marco de todos los preceptos constitucionales y del derecho de la propiedad y debe ir acompañada de otros cambios normativos, como la modificación de la Ley de arrendamientos y establecer incentivos fiscales a los tenedores de las viviendas que los pongan en alquiler:
Pensamos que la vía a explorar debe ir más por el incentivo, que por lo coercitivo. Y esas medidas deben ir acompañadas de medidas que fomenten la corresponsabildiad de inquilinos, en especial de lo que disfrutan de una vivienda social publica, como pieza fundamental del equilibrio.
Finalmente hemos pedido que se retire de la moción, la referencia de vivienda social publica en la localidad, pues no tenemos competencias en esta materia y queremos seguir trabajando, y para ello,estamos apostando por el plan municipal de viviendas, con 800 familias que están a la espera de obtener vivienda protegida, de las que más de 500, lo hacen con opción de compra. Ejemplo de ello, es la puesta en marcha del plan de vivienda joven de opción de compra, y sin olvidar a las personas que quieren viviendas sociales en alquiler.
Por todo ello, vamos a aprobar la moción, introduciendo nuestras propuestas, en aras a aunar fuerzas de todos los grupos municipales para solventar esta problema de falta de viviendas protegidas.
Votos a Favor 20 (16 PSOE, 1 I.U y 3 grupo mixto)
Visto todo se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
Único. Aprobar la Moción Grupo Municipal Izquierda Unida, con las enmiendas presentadas por el grupo municipal socialista, sobre control de precios de alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios/as y puesta a disposición de viviendas deshabitadas para cumplir su función social, cuyo tenor literal es el siguiente:
MOCIÓN SOBRE CONTROL DE PRECIOS DE ALQUILERES ABUSIVOS, GARANTÍAS PARA PERSONAS ARRENDATARIAS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS/AS Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE VIVIENDAS DESHABITADAS PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN SOCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente cientos de ciudades en Europa y también en España. Según datos del Banco de España, los alquileres han aumentado un 50% en los últimos diez años a nivel nacional, una subida significativa sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y en varios enclaves del turismo como las Islas Baleares o las Islas Canarias. En paralelo, los salarios no han seguido la misma senda y la precariedad es la tónica general en el mercado laboral español. La OCDE señala que el 24,7% de los hogares tenía un gasto en vivienda de alquiler superioral 40% de sus ingresos netos en 2014, frente al 13,1% registrado en el promedio de la OCDE, por lo que esta proporción habrá aumentado con la escalada de precios actual.
Según datos de Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que viven en alquiler destinan más del 40% de los ingresos familiares al pago del alquiler, uno de los índices más altos de toda la Unión Europea (UE), solamente superado por Grecia y Lituania. Dedicarmás del 40% de la renta familiar al pago de la vivienda es considerado por la UE como un cargo excesivo para la economía de un hogar.
El incremento sufrido por los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la población. Según el estudio “El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión” realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN España, un total de 12.188.288 personas, que suponen el 26,1 % de la población española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, 20 veces más que el promedio europeo. Al descenso de los salarios debemos sumar los casos de cientos de familias obligadas a buscar otro piso con precios inasumibles y con el riesgo de ser expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. Pero no solo son expulsadas de sus viviendas, sino también de sus entornos,lo que les complica aun más la posibilidad de mantener empleos, a menudo precarios y temporales, por lo que supone el desplazamiento de sus zonas de movilidad laboral.
Según el estudio 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha publicado la Sección de Estadística del Consejo General del PoSegún el estudio 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha publicado la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los últimos datos estadísticos disponibles corresponden a 2019. El número de lanzamientos practicados durante el 2019 ha sido de 36.467, de los cuales, un 67,5% del total ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 14.193 (el 26,3 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 3.346 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 2,2 por ciento, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 25,1 por ciento con respecto a 2018. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no sólo a vivienda habitual. Cataluña (con 12.446, el 23 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía (con 8.806) y la Comunidad Valenciana, con 7.390.
Tras la crisis económica del 2008, la historia se repite, y las familias en España se vuelven a enfrentar a problemas económicos, esta vez derivados de una pandemia mundial provocada por el virus de la Covid-19. Una vez más, las familias de nuestro país tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para disfrutar de una vivienda. La política de no intervención pública sobre el mercado de la vivienda ha generado una tendencia alcista de los precios y una crisis de accesibilidad a este bien que ha provocado la expulsión de los sectores de la población con menos recursos.
La crisis del coronavirus está ya agravando esta situación. Con la paralización de gran parte de la actividad económica por culpa de la epidemia de la Covid-19, muchas de las personas que están pagando una hipoteca o viviendo de alquiler están teniendo grandes dificultades para seguir haciéndolo. Si antes las familias sufrían la asfixia de los precios del alquiler y del endeudamiento que ya arrastraban de la crisis anterior, ahora el panorama resulta alarmante: la salida del confinamiento abre un escenario lleno de incertidumbre ante la posible subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico.
En este escenario, se multiplican las dificultades,especialmente para las familias más vulnerables, para el acceso a una vivienda, el endeudamiento familiar o,directamente, para evitarla pérdida de la vivienda habitual.
La crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para reivindicar la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española y también para revertir las políticas de mercantilización, dibujando un horizonte normativo en el que la vivienda cumpla su función social y no sea mera mercancía o un activo objeto de especulación. Es, ahora, cuando se nos presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público de vivienda.
A falta de cifras oficiales más actualizadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías. Sin embargo, hoy en día el parque público de vivienda en alquiler no alcanza el 1,5 % del total del parque de viviendas según datos del INE y Housing Europe; muy por debajo de los porcentajes de Holanda (32 %), Austria (23 %) o Francia (17 %). España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Además, España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas).
Considerando que España tiene un parque total de 25 millonesde viviendas, si queremos conseguir dar cabida a un parque público de vivienda equiparable a los países de nuestro entorno, es decir, como mínimo, de un 10 %, necesitamos 2,5 millones de viviendas que lo conformen. La vivienda es un bien de primera necesidad y su función social debe ser preservada por las instituciones públicas por encima de cualquier otra consideración.
Como consecuencia de sus propias políticas, los ayuntamientos no pueden dar respuesta a la emergencia diaria de los desahucios, las ocupaciones de viviendas vacías o la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda a precios inferiores a los del mercado. Mientras tanto, la SAREB acumula viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público que, en su gran mayoría, vende o traspasa su gestión a fondos de inversión, inmobiliarias u otros gestores de vivienda. Según los últimos datos facilitados por la propia SAREB, hasta marzo de 2020, tan solo 2.400 viviendas de su cartera han sido cedidas a administraciones autonómicas y ayuntamientos. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que,en junio de 2014, declaraba tener encartera más de 45.000 viviendas residenciales. Pisos, que, por lo tanto, siguen engrosando el parque de viviendas deshabitadas mientras miles de familias siguen sin tener una solución habitacional digna.
A pesar de las medidas de urgencia tomadas hasta ahora por el Gobierno de España en relación a las rentas de alquiler, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los arrendatarios en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, se precisan reformas estructurales en materia de regulación del acceso a la vivienda, encaminadas a considerarla como un bien de primera necesidad antes que como una inversión, en línea con el mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución Española A las puertas del 2021, al igual que en la crisis de 2008, nos encontramos ante un mercado especulativo, con fuerte presencia de capitales de inversión internacionales, que hace previsible el hundimiento de los precios y que puede generar nuevas oportunidades para la intervención de fondos buitres oportunistas que sobrevuelan el mercado español.
Ciudades europeas con problemáticas parecidas como Amsterdam, París o Berlín, ya han puesto en marcha medidas legislativas que limitan los preciosy las subidas abusivas de los alquileres. Los desahucios por impago de alquiler, la saturación de los servicios sociales municipales y la precarización de los arrendamientos genera exclusión y sobreendeudamiento de las personas arrendatarias, o lo que es lo mismo,más impagos de alquilery aumento de posibilidades de quedar en situación de pérdida de la vivienda. En cambio, más estabilidad y adaptación de los alquileres a los salarios de las personas equivale a más seguridad de pago y, por lo tanto, de cobro por parte de los propietarios.
El Comité DESC de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el Sexto Informe periódico de España, aprobadas en la sesión celebrada el 29 de marzo de 2018, explicita que «En particular, preocupa al Comité el número insuficiente de vivienda social; la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos; y la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia. Asimismo, le preocupa el número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar». En consecuencia, recomienda al Estado que «Adopte las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos;» y «Revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones necesarias a fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia y establecer mecanismos judiciales efectivos que garanticen la protección del derecho a una vivienda adecuada»
Tanto la legislación como las políticas públicas en materia de alquiler han tenido grandes avances en los últimos años. En concreto, la última modificación legal efectuada mediante el Real Decreto Ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, constituye una respuesta a las demandas de cientos de colectivos sociales y asociaciones de vecinos que estaban siendo sofocados por la reforma legislativa del Gobierno del Partido Popular, la Ley 4/2013, de 4 de junio,de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que suponía la precarización absoluta de las personas inquilinas.
Bajo el nuevo Real Decreto Ley 7/2019 se consiguió mejorar la certidumbre y seguridad jurídica de los arrendatarios mediante la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de 3 a cinco 5 años en caso de que el arrendador sea una persona física y a 7 años en caso de que sea una persona jurídica. Además, se amplió la prórroga tácita de uno a tres años y se prolongó el plazo de preaviso para romper el contrato de arrendamiento, debiendo informar al inquilino con 4 meses de antelación y con 2 meses al arrendador. Adicionalmente se estableció que el incremento producido por la actualización anual de la renta no podrá exceder la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo, por lo que la actualización anual del precio del alquiler quedó ligada al IPC, que opera como límite máximo del aumento.
Es necesario comprender que, la posibilidad de regulación de los precios de alquiler asegura una rentabilidad económica proporcionada del alquiler a largo plazo para los propietarios, equilibrando así el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada en relación al derecho de acceso a una vivienda digna y el cumplimiento de la función social de la propiedad. El existente desequilibrio en la negociación de la renta entre la parte arrendadora y la parte arrendataria, en escenarios de escasez de oferta y tensión de los precios, comporta que el precio se determine de forma unilateral por la parte arrendadora, siendo la mayoría de las veces una carga desproporcionada en relación con los ingresos familiares. Todo ello justifica que sea posible la intervención de los poderes públicos en la regulación de un elemento esencial en la relación contractual, como es el precio. En estos momentos, acabar con los precios abusivos es urgente, especialmente en una situación de crisis sanitaria, social y económica, donde los ingresos de las clases populares se pueden reducir de manera significativa. Y es necesario adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada en nuestro país.
Sería pues, interesante y conveniente fijar unos marcos legales mínimos a nivel estatal. Marcos que serían desarrollados posteriormente por las distintas Comunidades Autónomas en función de la demanda y realidad de cada una de ellas. Pero estos marcos legales se deben de hacer con la conciencia y lecciones aprendidas de los casos ya puestos en marcha en otras experiencias al tratarse de un tema tan complejo.
Se estima que ese nuevo marco normativo estatal debería ir acompañado de otras medidas como:
- Un análisis para la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que alargue el período mínimo de los contratos convirtiendo el alquiler en una opción estable de vida para muchas familias.
- Una mejora de los incentivos fiscales que actualmente tiene el alquiler de una vivienda con exenciones sobre las rentas obtenidas a aquellos que arrienden viviendas a largo plazo.
- Incentivar a aquellos que estén dispuestos a realizar un arrendamiento social, entendido éste como la fijación de un precio significativamente inferior al del mercado mediante bonificaciones en las declaraciones de impuestos derivados de la actividad arrendaticia y otorgandoles subvenciones periódicas para conservar los inmuebles en buen estado.
Tenemos claro que nuestros esfuerzos deben ir encaminados a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, pero de la misma forma que debemos ser exigentes con nosotros mismos y al tiempo debemos serlo con la administración del Estado y la Comunidad autónoma para conseguirlo, no debemos olvidar a los otros actores en esta búsqueda del equilibrio, como son los propios inquilinos y vecinos.
Por ello pensamos que aspectos en los que también hay que trabajar y legislar es en aquellos que refuercen el concepto de la CORRESPONSABILIDAD, dado que la falta de la misma lleva a situaciones de injusticia y de dificultad en la convivencia.
Poner a disposición de las familias viviendas dignas y a un precio de alquiler asequible es una prioridad que nos ocupa y preocupa y estamos de acuerdo en que sería favorable establecer un marco normativo general.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con la enmienda presentada por el grupo municipal socialista, propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: El Ayuntamiento de La Rinconada insta al Gobierno de España a:
1.Instar al Gobierno de España a que tras los análisis oportunos desarrolle una Ley de vivienda que sirva como marco general para ser desarrollado por las comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta Ley de Vivienda deberá establecerse en el marco el respeto de todos los preceptos de la Constitución y del derecho a la propiedad y deberá ir acompañada de otros cambios normativos como modificaciones en la Ley de Arrendamientos y establecer incentivos a los tenedores de vivienda que las pongan en alquiler.
Estas medidas deben incluir un sistema que fomente la corresponsabilidad de los inquilinos, especialmente de los que disfrutan de una vivienda social pública, como pieza fundamental en el equilibrio que pretendemos.
2. Legislar para regular el mercado del alquiler de viviendas, impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos de control de precios y promoviendo bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros. Además, se garantizará un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en alquiler social, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda para las administraciones públicas competentes.
SEGUNDO. Dar cuenta de esta moción al Gobierno de España para su debido conocimiento y efectos oportunos.
