España afronta los momentos más complejos desde la aprobación del Decreto de Estado de Alarma en nuestro país, como consecuencia de la emergencia sanitaria y social provocada por el Covid-19. Circunstancias extraordinarias que impactan en todo el mundo y de modo especial, en Europa, contabilizando en nuestra nación decenas de miles de contagios.

Ante esta coyuntura, el Gobierno de España se ha visto obligado a aprobar por Decreto el Estado de Alarma en nuestro país y su posterior prórroga, con medidas inéditas y excepcionales que han conllevado severas restricciones en la actividad productiva y económica, limitada a sectores esenciales y a la oferta y cadena de producción de bienes y servicios de primera necesidad. La adopción de estas medidas, que por otra parte se demuestran necesarias para evitar la alta propagación del virus, ha conllevado incontables ERTEs en todo el país al tiempo que ha desembocado en una situación de relevante complejidad en lo que a la minoración de ingresos básicos se refiere para personas en desempleo, autónomos/as en general y en particular, para el comercio minorista obligado a paralizar su actividad por razones de salud pública.

Por todo ello, el Equipo de Gobierno entiende justificado trabajar en una línea complementaria al Gobierno de España y por razones de carácter urgente e inaplazable, proceder a la dotación y activación inmediata de un Fondo Social Extraordinario que permita atender situaciones de emergencia socioeconómica.

Con esta nueva partida presupuestaria, que tendrá naturaleza social y estará gestionada desde Bienestar Social, se persigue dar respuesta a las necesidades básicas de familias, personas en desempleo, autónomos/as y responsables de comercios minoristas con dificultades sociales o en situación vulnerable como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Asimismo, estos recursos -cuya tramitación no puede demorarse en el tiempo por burocracia administrativa- atenderán también las líneas de protección de la salud que sean precisas en un momento donde se observa una carencia general de equipos de protección que permitan incidir en la prevención de los contagios entre personas que trabajan en sectores denominados esenciales.

A tal efecto, el Pleno de La Rinconada ha aprobado, desde una posición de unidad y unanimidad, una Declaración Institucional con la que se reitera el objetivo de coordinación y trabajo complementario con el Gobierno de España en el ánimo de proteger a la población de La Rinconada; se intensifican las medidas preventivas para evitar la propagación de contagios y especialmente entre personas mayores y de riesgo; y se establece la idoneidad de un refuerzo de los programas socioeconómicos necesarios para que nadie se quede atrás, con especial atención a familias, colectivos vulnerables, personas que han perdido su empleo y aquellos autónomos o titulares de comercios minoristas obligados a cerrar su actividad con motivo de la cuarentena.

La dotación económica de esta partida se estima en torno a los 300.000 euros, como consecuencia de los programas de gasto suspendidos, cancelados o aplazados durante las semanas de cuarentena.

A mayores de lo expuesto, el Plan Estratégico de Subvenciones de La Rinconada recoge una línea de Acción Social, dotada con más de medio millón de euros entre subvenciones nominativas o ayudas sociales directas.

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha destacado que “en estos tiempos difíciles nuestra principal preocupación es que nadie se quede atrás, por lo que mediante actuaciones directas (o con convenios con entidades sin ánimo de lucro), vamos a instrumentar mecanismos de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, arrimando el hombre con lealtad institucional y agilizando los pagos de ayudas sociales a personas en desempleo, familias o autónomos con escasez de ingresos". "La Rinconada estará a la altura".