En diciembre de 2024, el Ayuntamiento aprobaba en pleno el I Plan de Igualdad de la Plantilla y Organismos Autónomos. Así como el Protocolo de Prevención y Actuación ante situaciones de acoso sexual y por razón de Sexo y el Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso discriminatorio o violencia por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales, adaptado al Real Decreto 1028/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la Igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Un Plan y protocolos que el área de Igualdad ha presentado en diferentes reuniones a la plantilla municipal para lo que ha contado con la experta en género Susana López.

Como ha señalado la delegada de Igualdad y Diversidad, Noelia Ramírez, en una estas reuniones, “este Plan se ha conseguido por consenso, de las cinco fuerzas sindicales representadas en este Ayuntamiento (CC.OO; U.G.T; C. S.I.F; S.P.P.M.E y S.I.P-A.N). Son unas herramientas,  para trabajar en diferentes objetivos, como la transversalidad de género; la cultura de la organización; el acceso al empleo; la promoción y el desarrollo de la carrera profesional; la condiciones laborales y retributivas; la formación; la corresponsabilidad; la conciliación; la salud laboral; la infrarrepresentación femenina; la prevención y atención del acoso sexual y por razón de sexo; la prevención y atención a la violencia de género y la comunicación y lenguaje inclusivo”.

 “Tenemos el firme compromiso, compartido con la representación sindical de la plantilla municipal, de integrar la igualdad en las relaciones laborales y en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos y avanzar hacia la igualdad efectiva”, ha apuntado Ramírez.

El desarrollo del Plan ha contado con la representación legal de trabajadores y trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación del Plan de Igualdad sino también en todo su proceso de desarrollo, seguimiento y evaluación.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de toda la sociedad y un principio jurídico universal reconocido internacionalmente en distintas directivas de la Unión Europea, en textos sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. A fin de que se cumpla plenamente, este derecho no solamente ha de ser reconocido legalmente, sino que además se ha de ejercer efectivamente e implicar todos los aspectos de la vida: políticos, económicos, sociales y culturales.