PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL INICIO PARA LA FORMALZIACIÓN DEL CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.-

 

 Por el Sr. Secretario General, se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, por la que se propone inicio del trámite para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ante el Tribunal Constitucional. Igualmente se propone que se solicite dictamen al Consejo de Estado, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, a petición de la entidad local de mayor población y finalmente se propone facultar y encomendar al Sr. Alcalde, para la ejecución de este acuerdo y para otorgar escritura de poder a una procuradora de Madrid, para que interponga ante el Tribunal Constitucional, dicho conflicto en defensa de la autonomía local. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Antonio Torres Carnerero, expone que evidentemente votaremos a favor, del planteamiento de presentar un conflicto de competencia en defensa de autonomía local ante  el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, porque obedece a una iniciativa que presenta su grupo municipal, allá donde gobierna. Coincidimos que la reforma que se ha llevado a cabo del régimen local, planteada por el partido popular, va mucha más que la limitación de la autonomía local. Entendemos que se produce un grave atentado contra la autonomía local, y que afecta a los aspectos más positivos que se pactaron en la transición democrática de este país. Con la puesta en marcha de esta reforma local, se prevé que se destruyan en España, doscientos mil puestos de trabajo. En Andalucía, cuarenta mil. Con esta reforma de la Administración Local, traerá consigo una privatización de los servicios públicos, que hoy se están gestionando de forma directa. Ya tenemos la experiencia de la comunidad  autónoma de Madrid, y que gracias a la intervención del poder judicial, se ha podido paralizar la privatización de la sanidad madrileña.  Existen otros servicios públicos que están en riesgos con esta reforma, y que son esenciales en esta situación de crisis económica, a la que ustedes han avocado a la mayor parte de la población. Con esta reforma quieren eliminar esa red que ha atenuado en algo esa caída a ese precipicio. Ponen en peligro entre otros servicio, la atención a la dependencia, que se presta por los municipios en la actualidad. Igualmente quieren eliminar los programas de promoción de igualdad de género, o la asistencia de mujeres víctimas de violencia de género. O el servicio de búsqueda de empleo y formación, impidiendo que cualquier municipio pueda adoptar alguna iniciativa al respecto. Se va afectar a servicios tan importantes, en esta materia como las escuelas infantiles de primer ciclo o las Escuelas de Adultos, la Escuela de Música, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Quieren poner en mano del sector privado la prestación de esos servicios públicos. No queremos que servicios tan importante como los sociales, se presten por empresas privadas, cuya prioridad es el lucro, y que por ello se deterioren las condiciones en la que se está prestando el servicio actualmente. Ya no primará la buena atención al usuario del servicio, sino el beneficio económico de la empresa concesionaria.

 

 Esta reforma del régimen local, está promovida y apoyada exclusivamente por el partido popular, sin apoyo de ninguna otra fuerza política y de alcaldes de su propia organización política. No tienen el consenso interno para aprobar esa ley, y si el disenso del conjunto de la ciudadanía, del resto de partidos políticos, ni incluso de muchos de sus miembros. Lo mismo le ha ocurrido con la futura reforma de la Ley del aborto. Pretenden que la inmensa mayoría de la ciudadanía, tenga que padecer las leyes que ustedes aprueban, en contra de la ciudadanía, incluido muchos de sus militantes. 

 

 Por todo lo expuesto, entendemos que desde las Administraciones locales, se actúe, y se intente que el Tribunal Constitucional, se pronuncie al respecto.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virgina Pérez Galindo, expone que estamos ante el primer paso, para la formalización de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, en defensa de la autonomía local. El equipo de gobierno ha planteado su postura con anterioridad, al presentar cuatro o cinco mociones a este pleno, sobre esta materia.  La reforma de la administración local, nace en un contexto social y económico muy complejo, en la que pesaba la posibilidad del rescate de la economía española y que obligó a adoptar medidas económicos relevante. Desde el primer borrador de esta reforma, ha sufrido muchas modificaciones, derivadas de las aportaciones de distintas asociaciones, recibidas durante este proceso. Recuerda que el partido socialista estuvo en negociaciones con el partido popular, para consensuar esta reforma del régimen local, hasta que decidió unilateralmente levantarse de la mesa. Pese a irse al Tribunal Constitucional, parece que existe aún intención de alcanzar algún tipo de acuerdo en esta materia. En el debate de esta propuesta de reforma, ha habido muchas aportaciones, entre las cuales están las aportadas por los propios Alcaldes del partido popular. Ello no significa que estemos peleados entre nosotros, sino que en nuestra organización política también existe pluralismo y debate, como es el caso también de los demás partidos políticos. Ha sido, pues una norma que ha sufrido muchas modificaciones desde el primer borrador, y nada tiene que ver el texto legal aprobado, con el que al principio se presentó como antepoyecto.

 

 Nosotros, entendemos que esta ley, no lesiona la autonomía local, y que trata de regular, de forma específica las competencias de cada administración, de tal manera que se elimine duplicidades de prestación de servicios por más de una administración pública, evitando con ello que se adopten decisiones incoherentes o no coordinadas, evitando por otro lado, la ejecución de un gasto irracional, dentro de la Administración Local. Hoy hemos tratado dos asuntos, en este plenario, que se refieren a competencias en materia de rehabilitación de viviendas y empleo, que aún no siendo ya competencia municipal, conforme a esta reforma legislativa, se ha justificados en la gestión de otros servicios, lo cual conlleva que se emplee los recursos económicos municipales de forma lógica y racional. 

 

 Respecto a la intervención del Sr  Torres, le indica que no va a haber esa privatización de servicios públicos, con esa reforma local. Este Ayuntamiento, a modo de ejemplo, tiene externalizada la prestación de muchos servicios de su competencia, y que con esta reforma legislativa, se pretende racionalizar el gasto público, calculando el coste efectivo de cada servicio que presta, y que eso no significa que esos servicios se tenga que prestar de forma privatizada y que se pierda calidad, en la prestación de servicios.  Estamos simplemente ante una modificación legislativa, que tiene como intención  de que los ayuntamientos, puedan cobrar muchos servicios que presta al ciudadano, y que le compete a otro, como el caso de la comunidades autónomas. La administración titular de la competencia, tiene que prestarla y financiarla.

 

 Entendemos pues, que no existe inconstitucionalidad en esa Ley, y por tanto, no apoyamos la presentación de este conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local.

 

 Por el Sr. Concejal delegado de Educación y Sanidad, don Antonio Marín Luque, expone que ante este pleno, se está poniendo de manifiesto las incongruencias del partido popular, porque por una parte este programa que han aprobado no tiene cobertura legal, y ahora nos dice que esta a favor del recorte de los servicios públicos. Situaciones tan importantes, como el habido durante la transición española, difícil tenemos de encontrar en este país, por lo que entendemos que la excusa de la crisis económica, no puede justificar la modificación de la estructura del modelo de Estado, ni se de la idea que tenemos de cada uno de nosotros. En la Constitución, en su Preámbulo se nos indica que las Leyes se tienen que elaborar atendiendo a un orden social y económico justo, y eso es una declaración de intenciones, muy clara. Una crisis económica y financiera, no puede ser la justificación, para que ustedes cambien el modelo de Estados, en el que nos movemos, pues en la propia Constitución, el papel de las administraciones locales, están muy bien definidas, y con una autonomía, que está legitimada democráticamente, por los votos de los ciudadanos en las elecciones municipales, y que deciden quien son sus representantes en el municipio. La administraciones locales, son las más cercana a los intereses de los ciudadanos, y la que gestionan sus servicios de forma más directa, atendiendo pues a sus necesidades más prioritarias.  Por eso, estamos en contra de esta reforma de la administración local, y por eso,  más de 3.500 municipios se van adherir a la presentación de este conflicto de competencias en defensa de su autonomía local ante el Tribunal Constitucional. Esos municipios representan unos quince millones de personas. Estamos ante una ley restrictivas de derechos de los municipios.

 

 Ustedes, no están de acuerdo, con el modelo de Estado que nos hemos dotado, desde la Constitución. Ustedes usan sus patrañas, y otros las armas, para estar en contra de este modelo de Estado. Uno de los principales errores que ha existido durante estos años, desde la transición, ha sido la de no reforzar, con una ley Orgánica, la administración local y el modelo de Estado.

 

 Nos dice,  usted, que esta reforma del régimen local, no afecta a la Constitución, y al respecto parece que nos dice, que quien tiene que establecer las necesidades de los ciudadanos, no son los municipios, sino un Ministerio de su Gobierno Central.  Nos dice que con esa reforma local, permite utilizar mejor los recursos económico, y al respecto le indica que nosotros tenemos un remanente líquido de tesorería, que no podemos utilizar para lo que consideremos oportunos. El Ministerio, quiere que se utilice, para los fines en lo que va enfocada a beneficiar a empresas privadas, como las que gestionan la recogida de residuos urbanos, y tratamiento o abastecimiento de aguas. Empresas en la que están sus principales asesores. Quieren convertir los municipios, en consejos de administración de empresas. Claro ejemplo de esto, es la problemática de la obra del Canal de Panamá, en donde la empresa Sacyr ha presentado una oferta muy económica, y ahora ha dejado al país sobre la espada y la pared, porque argumenta que se ha equivocado en el precio de la obras. Esas son las empresas interesadas en esta reforma local, y que van a prestar servicios públicos, y ello debido a la imposibilidad de los municipios de menos veinte mil habitantes, para prestar servicios, por no prestarlo con un coste efectivo determinado que imponen, y van a delegar esas competencias, a las Diputaciones, que es la administración que sirve de apoyo económico a muchos municipios, pero que es una administración no representativa, al no votarse por el pueblo, a sus representantes, tal como se hace con los municipios. Las Diputaciones, gestionaran esos servicios públicos, con una orden desde arriba.

 

 Felicito al partido popular, porque tienen una idea muy clara de lo que quiere que sea el Estado, y le importa nada de lo que piensa un país o su ciudadanía. Tienen sus ideas muy clara, y posiblemente cuando nosotros lleguemos a gobernar, tengamos que hacer eso. Tendremos que plantear la idea del consenso, que para ustedes, se usa cuando le interesa. La Constitución que ustedes a veces defienden, ahora la están poniendo a pie de los caballos.

 

 El partido popular, al apoyar esta Ley, está  en contra de que exista en el municipio autobuses de transportes urbano de viajeros, que discurre actualmente por la localidad, de que se tramiten becas universitarias, o que se contraten el servicio de cuidadoras en los centros de educación infantil en los colegios, o poner fondos públicos, para construir un centro escolar, o incluso en contra, de lo que apoyado en este plenario, la puesta en marcha de un plan de empleo joven, o del propio plan municipal de ayudas parar rehabilitar viviendas habituales. No quiere quedar mal con los vecinos. Sus argumentos son incongruentes, no se puede votar una cosa, y apoyar esta ley.

 

 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de izquierda Unida, Don Antonio Torres Carnerero, expone que está en desacuerdo con la línea argumental usada por la Sra Pérez, salvo una cuestión, la relativa a la afirmación de que la reforma de las administraciones locales, se produce como consecuencia del rescate de la Unión Europea. Algo que compartimos. Pero lo que se extraña uno, es que cuando se planteó la reforma del artículo 135 de la Constitución, que primaba el pago de los intereses, ustedes dijeron que era por motivo de cuestión de Estado, para evitar ese rescate económico, y hoy está reconociendo que si ha existido dicho rescate. Lamentablemente, al igual que el Sr. Marín le hubiera gustado el consenso del estado respecto a la reforma local, también pudiera predicarse de esa reforma constitucional, algo que no se hizo.

 

 La Sra. Pérez Galindo, expone que uno de los objetivo de esta Ley, es el ahorro económico, a cambio de la pérdida de doscientos mil puesto de trabajo, en España, y cuarenta mil puesto en Andalucía. Habla de ahorro a cambio de determinados servicios públicos cuyo ejercicio son fundamentales para la inmensa mayoría de la población, y son fundamentales porque han agudizado la crisis económica, de forma insoportable. Quitan la red municipal, y avoca a la población al precipicio. Su reforma, conlleva una pérdida de derechos que tienen los usuarios de determinados servicios. No consiste como pretenden ustedes, racionalizar la administración local, pues usan ese término para recortar servicios públicos, y en especial los dirigidos al lado más débil de la población, las clases más desfavorecidas. El ahorro económico derivado del rescate, le afecta a los más pobres. No he apreciado ninguna medida económica suya, que vaya en contra de los grandes beneficios que consiga la banca o el sector financiero. Están recortando autonomía a las administraciones locales, para recortar en la prestación de servicios sociales dirigidas a las clases sociales más desfavorecidas. Eso es el verdadero transfondo de su reforma local, que ustedes llaman impuesta por las medidas de rescate de la Unión Europea.

 

 Somos consciente que muchos alcaldes-as de su partido, que gestionan diariamente sus ayuntamientos, son los que están en contra de esa reforma, pues será ellos, los que reciban las exigencias de sus vecinos, para que sigan prestando esos servicios sociales, que hoy son imprescindible para subsistir.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que el Sr Torres no me ha entendido o no me ha querido entender en mi intervención. No le he dicho en ningún caso, que la reforma local, no es consecuencia de ningún rescate de la Unión Europea. Lo que le he indicado, que es una consecuencia, para que no exista un rescate económico. Las medidas adoptadas en su día, fueron muy duras, pero son muchísimo menos duras, de si se hubiera aprobado un rescate, como Portugal o Grecia.  Si se hubiera aprobado el rescate, se reducirían pensiones, se reduciría salarios de funcionarios, de despidos de empleados públicos, y eso no ha pasado en este país, gracias a las medidas adoptadas que evitaron el rescate.

 

 Respecto a la intervención del Sr. Marín, le indica que nosotros no nos hemos pasado por ningún sitio la Constitución Española, y se mantiene el espíritu del consenso constitucional de los años de la transición, y nuestro objetivo de la reforma de la administración local, es atender a las necesidades que existen, y la aprobación de esta reforma legislativa, no va a conllevar la privatización de todos los servicios públicos que preste una administración local, pues lo que verdaderamente persigue, es que la administración que tiene la competencia, la pague, y se podrá comprobar que no va a existir ninguna merma de los servicios públicos. Si alguien quita un autobús, sera porque alguien lo quiere quitar,  no porque no pueda prestar ese servicio público. Desde la entrada en vigor de la Ley, que fue el uno de Enero, ningún vecino de la localidad, se ha visto mermado de dicho servicio de transporte urbano. Por lo tanto, si ustedes no incumple la ley, no están contando la verdad en este asunto. Si las comunidades autónomas tiene competencia, en materia de sanidad, los ayuntamientos no tienen porque construir los ambulatorios, porque ese dinero, puede ir a los vecinos, para servicios sociales. Si el municipio, no tiene competencia en materia de educación, a lo mejor la Junta de Andalucía, que si tiene esa competencia, es la que debe construir los centros escolares. El que tenga la competencia asignada, debe ejercerla, y si no lo ejerce, y lo hace el ayuntamiento, se plantea un mecanismo a través de la detracción de los fondos de la PIES, y le irá ese dinero directamente a sus cuentas, en perjuicio del dinero de la comunidad autónoma que no cumple con su obligación. Los ayuntamientos de más veinte mil habitantes, podrán ejecutar determinados servicios públicos que no son de su competencia, previo convenio de colaboración firmado con la comunidad autónoma, pero garantizan su financiación. Los pequeños no pueden hacer los deberes de los mayores.

 

 Luego habla usted, de las Diputaciones, y que tiene sus competencias asignadas tanto por la Constitución como el Estatuto de Autonomía, y deben ejercer las competencias que tienen atribuidas, otra cosa es que no la quieran cumplir, y no es un apoyo o complemento. Es una administración que tiene sus competencia, aunque a usted no le guste como está hecho el reparto. A mi me gustaría mejor que fuera elegido sus representantes directamente por los ciudadanos. Tiene sus competencias, y las tiene que cumplir, en especial para asistir a los municipios de menos de veinte mil habitantes.  Al final, Sr. Marín todo lo que ustedes indica que va a pasar, no pasará, y entonces el tiempo, pondrá a cada uno, en su sitio.

 

 Por el Sr. Concejal delegado de Educación y Salud, don Antonio Marín Luque, expone que los ciudadanos de este municipio, tiene que conocer sus contradicciones en sus argumentos respecto a este asunto que ahora planteamos. Tienen dos maneras de decir las cosas. La crisis económica, no es el pretexto de la reforma del modelo del Estado. Las comunidades autónomas no tienen la culpa de la deuda de España, y no van a solucionar el problema de la deuda de este país. El problema de la deuda de este país, no es otro que el de garantizar las coberturas sociales, a la que tiene derecho a los ciudadanos, porque si no dejamos a la gente desprotegida totalmente y además de pagar los intereses de la deuda, que ya se encargaron los mercados, de decirnos que teníamos poca capacidad de pago.

 

 También es verdad que se hizo una reforma de la constitución española, pero en el aspecto económico, también hubo unas premisas, que decía que en caso de desastre o recesión, no se tenían que llevarse a cabo, y se pregunta, porque no se tiene que defender esa cuestión ante la Unión Europea. No siempre debe prevalecer los intereses de los mercados financieros.

 

 Las medidas que se adopten pueden ser duras o no, pero no puede decir la Sra. Pérez, que no se va a privatizar servicios públicos. En ayuntamientos de menos de veinte mi habitantes, la ley le quita competencias a esos municipios, y además pone en tela de juicio, la capacidad de los ayuntamientos, para tomar decisiones, sobre nuestro municipio. Siempre estaremos supervisado por el coste efectivo de los servicios de las Diputaciones. Tienen sus propias competencias, pero lo que no pueden ser es suplantar la labor de los ayuntamientos. La Ley dice, que cuando el coste efectivo del servicio, que presta la Diputación, es más barato que el coste del servicio que presta el Ayuntamiento, es la que deberá ejercer la competencia, suplantando la competencia municipal.  Por ello, digo, que ustedes, no están de acuerdo, con la organización territorial del Estado, y de esa manera intentan cambiarlo.

 

 Nosotros, somos mayores de edad, y por tanto como administración local, podemos adoptar decisiones, y a lo mejor debería haber aconsejado en su día al Sr. Gallardón, que se metió a financiar cuando era Alcalde de Madrid, el proyecto megalómano de la M-40. Le he explicado que el cuatro por ciento del total de la deuda, pertenece a los ayuntamientos, y de ese cuatro por ciento, la mayoría es de Madrid. Estamos demonizando lo que hacen los ayuntamientos. Lo que se debe hacer es una financiación incondicionada, y ya nosotros, detectaremos cuales son las necesidades del municipio.  No me extrañaría nada, que con los remanente de tesorería positivo, producto del ahorro de muchos ayuntamientos, y que ahora están retenidos por el Ministerio de Hacienda, nos lo quitara de la PIE.

 

 Por el Sr. Alcalde, expone que casi la mitad de los ocho mil ayuntamientos que conforman los ayuntamientos de este país, van a acudir al Tribunal Constitucional, para plantear un conflicto de competencia, en defensa de la autonomía local, y que todo el arco parlamentario, menos el partido popular, está en contra de esta reforma. Estas circunstancias deben a ustedes hacer recapacitar, pues cuando exista un cambio de gobierno, en este país, son proyectos que se van a tumbar, para volver al status quo razonable. Esto no es un problema de la deuda española, pues solo debemos cuatro euros de cada cien. El partido socialista al igual que Izquierda Unida, están en este tema, al igual que un buen número de partidos nacionalistas. Vamos a otorgar los poderes suficientes, y vamos a iniciar el conflicto de competencia, en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. No vemos lógico, el judicializar un asunto político, pero por la vía del consenso y del debate no se ha atendido a nuestra petición de que se retirase este proyecto de ley, y comenzáramos desde cero, no ha sido posible. Por eso, hemos tenido que acudir a esta instancia en defensa del mundo de lo local.

 

 A esta reforma local, le van a buscar ustedes el ahorro de 8.000 millones de euros del Sr. Montoro, y solo existe dos manera de que se produzca ese ahorro económico. La primera, es reduciendo el personal, echando a los trabajadores a la calle, y con esa reducción de gastos de personal, minorando la PIE a los municipios, o bien hacerse el remolón con los remanentes líquidos de tesorería de los municipios, que para este año, asciende a 4.000 millones de euros, y compensar esa cifra, con menos aportación de la PIE a los municipios.

 

 Hemos traído aquí dos proyectos, enfocándolo desde el punto social, y no sabemos que hacer cuando a final del año 2015, perdamos la competencia en materia de promoción e inserción social. Y lo mismo, nos ocurre con los centros de información a la mujer, que deben cerrarse, porque nos quita la competencia en igualdad. Su verdadero objetivo, no es otra, que adelgazar la administración pública, aplicando un modelo ideológico, permitiendo que la empresa privada entre en la gestión de los servicios. Ello, será posible, porque las Diputaciones Provinciales, no tendrán capacidad para gestionar por si mismo los servicios que deben prestar a los municipios de menos de veinte mil habitantes. Pero lo peor es que se pierde autonomía local de esos municipios, pues a partir de ahora, serán las Diputaciones, las que les diga a los pueblos, cuantos impuestos o tasas tiene que pagar los vecinos, por servicios como el de recogida de basuras. De tal manera que la Diputación, hará el papel de  Gobierno Civil., pues allí habrá que ir a pedir cuentas o que nos presten los servicios públicos.

 

 Una vez agotada la vía política, más de cinco mil municipios españoles van a plantear este recurso ante el Tribunal Constitucional, en defensa de su autonomía local, y que ronda los diecisiete millones de habitantes, y que representan a todos los partidos políticos, salvo el partido popular, que ha cerrado filas con su gobierno central. Internamente los alcaldes del partido popular, no está de acuerdo con esta Ley de reforma de la Administración Local. No hace mucho desde nuestra Diputación, se nos convocó para decirnos que se tenía cuarenta millones de euros, de superávit, o de remanente líquido positivo de tesorería, y que se planteó la necesidad de que el gobierno dé vía libre, para que la administración local, pueda utilizar esos recursos. En nuestro caso, tenemos un remanente positivo de 3.8 millones de euros, y estamos limitado para usarlo a lo que determine el Gobierno Central, para emplearlo en un plan de empleo o ejecutar inversiones. En el fondo de todo esto, es establecer un tutelaje hacia los municipios, sin garantizarnos nuestra autonomía local. No ponemos duda de que exista una coordinación en la organización, pero nunca un tutelaje, con instrucciones mensuales a los Alcaldes, a los secretarios, a los interventores, etc.

 

 Seguidamente, se procede a la votación de esta propuesta, con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor:17 (13 PSOE y 3 1.U)
 Voto en Contra: 4 (4 P.P).

 

 Visto lo dispuesto en el capítulo cuarto  del titulo cuarto de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que regula los conflictos en defensa  de la autonomía local.

 

 Visto la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 11 de febrero, relativo al inicio del tramite para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ante el Tribunal Constitucional. Igualmente se propone que se solicite dictamen al Consejo de Estado, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, a petición de la entidad local de mayor población y finalmente se propone facultar y encomendar al Sr. Alcalde, para la ejecución de este acuerdo y para otorgar escritura de poder a una procuradora de Madrid, para que interponga ante el Tribunal Constitucional, dicho conflicto en defensa de la autonomía local

 

 Visto  todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo

 

         Primero.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

 

         
 Segundo- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.
 Tercero.- Facultar y encomendar al Alcalde/Alcaldesa para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora             Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de La Rinconada, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución.