15/06/2020 ACTA DEL PLENO MUNICIPAL DEL 15 DE MAYO DE 2020
UNDÉCIMO.-MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA AL ESFUERZO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DE ANDALUCÍA.-
Por la Sra. Concejal del grupo municipal socialista, Doña Trinidad Argota Castro, procede a explicar el contenido de la moción del grupo municipal socialista, relativa al esfuerzo del sistema público de servicios sociales para la protección de las personas mas vulnerables de Andalucía.
Expone que nos encontramos ante una situación difícil y compleja, provocada por la pandemia de Covid-19 y que por otra parte ha generado una grave crisis sanitaria y a su vez económica y social.
El impacto económico en los hogares y no solo los ya vulnerables sino en hogares cuyas familias jamás han pisado los servicios sociales, está afectando duramente.
Ante esta situación, el grupo municipal socialista de La Rinconada, entiende que las Administraciones tanto Central como autonómica han de ser ágiles y rápidas, para dar respuestas a la demanda y a las necesidades que tiene la ciudadanía. En este sentido el Gobierno Central ha sido rápido, y ha movilizado 25 millones de euros, a disposición de la ciudadanía para asegurar las becas de comedor y 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales, además de realizar un amplio escudo social con medidas de garantía para pago de alquiler, moratoria de hipotecas, subsidios para trabajadores y trabajadoras, para personas trabajadoras del hogar.
Los Ayuntamientos también han reaccionados de manera rápida poniendo partidas para atender a personas con menos recursos y que es una respuesta que se verá completada cuando se apruebe el anunciado ingreso mínimo vital por parte del Gobierno de España.
Si nos centramos en la Junta de Andalucía, esta está haciendo más lenta y tenue, como por ejemplo queda sin resolver la renta mínima de inclusión social, sin que tengamos datos ciertos de familias demandantes ni respuestas, no se han reforzado los servicios sociales comunitarios y se ha suspendido el acceso al sistema de atención a la dependencia y el apoyo a las Corporaciones Locales sigue siendo muy escaso.
Por otro la Junta, tiene una serie de recursos económicos importantes que no están siendo movilizados, como son las convocatorias del año 2020 relativo al programa de solidaridad y garantía alimentaria para asegurar los alimentos a personas con escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social, a personas mayores de 65 años, a la infancia que tienen un programa de alimentos en tiempo en el que no hay actividad escolar.
Por último, se propone un modelo equivocado y perverso, como es la “tarjeta monedero”, que consiste en 17 millones de euros para la adquisición de comida, de una lista establecida en supermercados a través de diferentes ONGs, sin informe social de los servicios sociales comunitarios y sin implicación de profesionales de la Administración Pública competente, y que es un modelo que no garantiza la universalidad y la transparencia del sistema. No solo se incumple la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y la Ley del Voluntariado en el que se indica que las actividades voluntarias nunca podrán sustituir a la que realiza la Administración Pública.
En conclusión, el impacto final de esta crisis dependerá de la rapidez y del acierto de las medidas adoptadas y las que se adopten en el futuro. Debemos seguir reforzando el Estado Social, por lo que ninguna renuncia es asumible, sino todo lo contrario, pues estamos en condiciones como sociedad para asumir todos y cada uno de los derechos y oportunidades para la ciudadanía a través del fortalecimiento del servicio público de servicios sociales, con la coordinación entre Administraciones, poniendo en marcha un instrumento de control administrativo que permita el acceso a los derechos universales y subjetivos, a través de la transparencia y el acceso universal, sin riesgos ni sospechas de malas prácticas, único paso posible para garantizar la sostenibilidad y la cohesión social.
Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:
1. El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar las medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno de España que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia por el COVID-19, permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando que la actividad económica se recupere cuanto antes.
2.El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de Seguridad Social, ya anunciado por el Gobierno de España.
3.El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
3.1.Incrementar la financiación a la administración local a través de la creación de un Fondo Social -PATRICA Social- para que los municipios puedan atender con agilidad a las familias más vulnerables, cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a través de los servicios sociales comunitarios.
3.2.Reformular el proyecto “Tarjeta monedero” a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas.
3.3.Reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar, a través de una distribución extraordinaria de créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, para la contratación de profesionales que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios (trabajo social, sicología, educación social y personal auxiliar).
3.4.Garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los y las profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta de Andalucía.
3.5.Reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del refuerzo de personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de servicios sociales.
3.6.Reactivar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), dictando resolución con carácter inmediato, de la línea dirigida a entidades del tercer sector que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables.
3.7.Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones para 2020 regulada a través de la Orden de 25 de abril de 2018, en todas sus líneas, destinadas a entidades públicas y privadas, mediante la tramitación de urgencia, ya que existen importantes razones de interés público que aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento.
3.8.Adoptar las normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación (dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio...).
3.9.Promover el complemento de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
3.10.Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la interlocución con las Administraciones locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y control adecuado de los recursos públicos.
Por la Sra. Concejal del grupo mixto ciudadanos, Doña Elisabeth Niza Millán, expone que en el punto 3.1 de su propuesta de acuerdo, el Consejo de Gobierno ya aprobó el pasado 15 de abril, una propuesta por parte de la Consejería de Igualdad, por un importe 1.51 millones de euros, que es la misma cantidad que está asignada para Andalucía, por parte del Gobierno de España a cargo del fondo social extraordinario, y pese a que existía un compromiso de transferir esos fondos antes del 30 de abril, y al no ser posible, se ha tenido que crear esa generación de crédito. Y a tal efecto se quiere distribuir 29 millones de euros, a las Corporaciones Locales, 22 millones de euros para la Consejería y 2.5 millones para la Agencia de servicios sociales y dependencia de Andalucía. Y ese dinero se va a destinar por un lado para reforzar el servicio de proximidad de carácter domiciliario, por otro lado reforzar los servicios de atención social en domicilios a personas sin hogar.
Le llama la atención de su propuesta de crear un fondo “Patrica Social”, cuando ha quedado claro que la Junta de Andalucía tiene muy presente a las familias e igualmente apuesta por los Ayuntamientos. A la vista de que se ha puesto en marcha este programa que había estado congelado hace muchos años.
Por otro lado, el punto 3.2 de su propuesta, en el que se alude a “las tarjetas monederos”, le informa que el Consejo de Gobierno, en acuerdo adoptado el 29 de abril, acordó autorizar a la Consejería para que de forma urgente y excepcional, creara un programa extraordinario de ayudas en materia de necesidades básicas para la población más vulnerable y además se va a sufragar con fondos propios, aproximadamente por 17 millones de euros, y se va a garantizar su abono a través de las tarjetas monederos, por ONG´s. Nos dice la Sra. Vega que no entiende este sistema cuando no está amparado en ningún informe de los profesionales de servicios sociales, y al respecto puede ver que el Ayuntamiento de Sevilla, lo hace a través de “Cruz Roja”.
El apartado 3.3 de su propuesta de acuerdos, en relación al incremento de demanda de servicios sociales, por parte de la ciudadanía, explica que ya sabemos que el Real Decreto 8/2020, creó un artículo uno, para un suplemento de crédito, de creación de un fondo social extraordinario para utilizarlo para combatir las consecuencias sociales y económicas generadas por el COVID-19. La Consejería estableció como prioridad destinarlo para ampliar ingresos suficientes para personas y familias en concepto de ayudas de emergencia social. Se pretende con preferencia la contratación laborale para reforzar las plantillas de Servicios Sociales, centros residenciales, así como reforzar servicios de ayudas a domicilio.
En el punto 3.4 de su propuesta de acuerdos, expone que se quiere garantizar el acceso con carácter universal de todos los servicios y prestaciones del sector público. Se ha hecho, concentrar toda la información en una única página web para que todas las personas tengan un acceso fácil a la hora de solicitar cualquier tipo de ayuda y que se pueda ver desde cualquier dispositivo, además de consultar información actualizada y enlaces.
Desde “Ciudadanos”, tenemos claro que la información, la transparencia, y la apuesta por los servicios públicos sociales es la única vía para que todos los ciudadanos tengan acceso a la misma.
Por último en cuanto a la renta mínima de inserción social, respecto a las medidas y acciones que se han llevado a cabo. El pasado 29 de abril se aprobó por el consejo de gobierno, esta renta destinada a familias con menores a cargos y unipersonales. Se va a percibir durante cinco meses, con un presupuesto de 10,5 millones de euros, y que beneficiará a 4.200 familias. Esta prestación ha tenido un baremo, con lo cual se ha pasado de percibirlas 6.200 familias en el mes de abril, a verse incrementado hasta un 76 por ciento, dando cabida a 10.000 familias. Y ello es gracia a la aprobación del Decreto 6/2020 y por el excelente trabajo del funcionariado.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto Podemos, Don Luis Silva García, expone que todas las propuestas de la moción, son justas y necesarios. No está claro que los municipios y menos la ciudadanía sea una prioridad para la Junta de Andalucía. Apostamos por reforzar la accesibilidad general mayoritariamente para la ciudadanía, pues la salida de esta crisis solo puede ser de todos y para todos. Es el conjunto de la ciudadanía el que da sentido incluso al hecho de estar aquí y no tiene sentido de dejar a la gente atrás.
Respecto a la moción, podría hacer algunos matices a la misma, pues en vez de hablar de un ingreso mínimo vital, se podía sustituir por una renta básica universal. Pero con esos pequeños matices aprobaremos esta moción del grupo municipal socialista.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Ignacio Ruiz González, expone que estamos en desacuerdo con la exposición de motivos de la moción, da lugar a muchas controversias y esperamos que signifique una rectificación de las políticas.
En primer lugar deberían instar a la dirección de su partido a derogar o paliar el grave daño a los Servicios Públicos de la Modificación del art. 135 de La Constitución, votada por PP y PSOE, estableciendo el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado, con el consiguiente perjuicio a los servicios públicos. Esta modificación es, posiblemente, lo que más a dañado a los Servicios Sociales, la sanidad, la educación o el empleo público.
En cuanto a la pobreza en Andalucía, de nuevo, algo tendrá que ver su partido tras décadas de Gobierno en la Junta de Andalucía.
Sobre las privatizaciones, a nivel municipal, con décadas de gobierno del PSOE, podemos afirmar que van al mismo ritmo que cualquier partido de la derecha: más de 20 servicios públicos trasvasados a empresas privadas.
En lo referente al diagnóstico y el antídoto, decir que es imposible reformar un sistema que, cada día, genera mas desigualdad, precariedad y destrucción del planeta; es como intentar curar una enfermedad terminal recetando Paracetamol.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, de acuerdo en que se apruebe desde el Gobierno, pero mientras llega se debe iniciar municipalmente.
Garantizar la universalidad y la transparencia, claro que si, debe ser prioritario, pero les recuerdo que no superaron la calificación de transparencia de DINTRA, uno de las 10 agencias de transparencia de más nivel mundial y se buscaron a otro evaluador.
No aumentaron esfuerzos para mejorar en transparencia, sino que se buscaron a otro examinador
Por lo que es necesario decir de esta moción, en cuanto a exposición de motivos, que la coherencia con lo que se dice debe ir en paralelo con las acciones que se emprenden.
Para que los recursos públicos se dediquen al interés general hay que reforzar los servicios públicos y no vaciarlos con las privatizaciones.
En cuanto a los acuerdos propuestos, nos parecen correctos, pero estamos seguros que podrían hacerlo en el ámbito de su organización política para que la eleven la instancia correspondiente y centrar el Pleno Municipal en la realidad local, con más intensidad, aún, en estos momentos duros para la mayoría social.
Por la Sra. Concejal del grupo municipal socialista, Doña Trinidad Argota Casto, expone al Sr. Ruiz, que le va a decir en una sola frase lo que ha hecho los gobiernos socialistas con Andalucía, se ha pasado del negro oscuro de hace años a una foto en color, con sus matices y sus problemas. Se acabó con el analfabetismo, para que todas las personas pudieran acceder a la educación, dotando a los centros escolares de medios, invirtiendo en centros de salud, en centros de servicios sociales, etc. Del negro al color.
Es fácil defender esa moción, después de la intervención de nuestra Portavoz en esta sesión plenaria, en el que ha dejado claro que es lo que se recibe de este Ayuntamiento por parte del resto de Administraciones Públicos, y en este momento quien da la cara en esta crisis social provocado por la Covid-19 es el Gobierno Central y los Ayuntamientos. La Junta no está ni se le espera. El Ayuntamiento solo con dos modificaciones presupuestarias, ha movilizado 1.15 millones de euros, para política social, y no dejar a nadie a atrás. El Estado nos han mandado 133.380 € a través de las comunidades autónomas . Los 51.7 millones de euros, no son de la Junta, son del Estado. Y ese dinero solo han mandado a los Ayuntamientos, 29 millones de euros. No sabemos a qué se ha hecho esta distribución. La Diputación Provincial de Sevilla ha aprobado el plan de urgencia municipal, con 167.000 € asignados a este Ayuntamiento, que aporta 40.000 € a este programa.
Por eso le pregunta donde está los fondos adicionales extraordinario que dice que ha puesto la Junta de Andalucía. Y le responde en ningún sitio. Están de perfil, viéndolas venir. Por lo tanto, estamos en el derecho a reclamar como munícipes, a la Junta más fondos, para destinarlos a los lugares más indispensables en las crisis sociales, como son los servicios sociales comunitarios o el refuerzo de la “Patrica”.
Nosotros tenemos un plan de empleo para colectivos vulnerables, que hemos ampliado en este Pleno, al doble, poniendo 200.000 € más. Y ustedes no han dicho de los 51.7 millones de euros donde lo han destinado porque no lo saben. La Junta tiene asignadas sus competencias en servicios sociales y tiene que remar con el resto de administraciones.
Existe dos formas de entender la política, la nuestra y la de la derecha. La segunda, la que se llevó a cabo en la última crisis económica donde se rescataron los bancos, con 40.000 millones de euros; aplicaron recortes y austericidio; recortes de los servicios públicos básicos, como en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, y austericidio para la ciudadanía. En cambio el gobierno socialista actual, que se está enfrentando a esta gran pandemia, ha puesto a disposición 200.000 millones de euros, para dar liquidez a las empresas, para facilitar ajustes temporales de empleo para los trabajadores y ayudar a las familias más necesitadas. Nuestro modelo, es no dejar a nadie en el camino.
Por último en cuanto a la famosa “tarjeta monedero”, queremos reconocer la labor imprescindible y necesaria que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, durante la gestión de esta crisis económica, pero nosotros cuestionamos esta iniciativa de la Junta, al excluir a los Ayuntamientos y a los profesionales de los servicios sociales, y en la que creemos con toda nuestra fuerza. Nosotros a través de los servicios sociales municipales incorporamos los informes sociales, que garantizan la transparencia, la agilidad y la universalidad, en un asunto tan importante, como es la garantía alimentaria. Esta forma de trabajar de la Junta ha sido denunciado por el Consejo andaluz de Trabajadores sociales, por UGT y CCOO. Nosotros creemos profundamente en los servicios sociales comunitarios y sus profesionales. Tienen acreditado mucha experiencia y buen trabajo y déjenlo que sigan ocupándose de estas cuestiones, relativo a la gestión de las ayudas sociales y su acceso a las personas en situación de vulnerabilidad.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto popular, Don Juan Pedro Molina López, expone que no entendemos el objeto de esta moción, cuando hace apenas quince días, hemos aprobado una moción elaborada por el propio Ayuntamiento, y no esta moción, que es partidista, que se ha presentado en otros Ayuntamientos. Se está intentando defender a un partido político, que tiene a su espalda a 30.000 muertos, y que no ha ayudado a los autónomos. El gobierno central no ha hecho nada hasta ahora en este aspecto. Y sin olvidar la requisitoria de las mascarillas a la Junta, en el inicio de la crisis sanitaria. Esta moción es un ataque a la Junta de Andalucía. Ya se han olvidado del espíritu de la moción plenaria del mes pasado, en el que todos remamos juntos, por eso vamos a rechazarla. Y le recuerda los cuarenta años que han estado gobernando la Junta en la que no hicieron nada y han dejado una crisis financiera que nosotros estamos solucionando, con superávit. Quieren dañar la imagen de la Junta.
Por la Sra. Concejal del grupo municipal mixto ciudadanos, Doña Elisabeth Niza Millán, expone que quiere concretar en el punto 3.1 relativo a la generación de créditos, por cuantía de 51.7 millones, en ningún momento he dejado de indicar que esa aportación la hayamos recibido del Estado, pero lo que es cierto que a 30 de abril aun no se ha recibido la transferencia y estamos a 15 de mayo. Dentro de las partidas creadas a tal efecto, se han aprobado 29 millones de euros, destinado a las Corporaciones Locales.
Con referencia al modelo de gestión que ha defendido la Sra. Delegada, la compartimos, y como reflexión, indica que todos conocemos como se está gestionando la crisis en todos los niveles territoriales y por ello tenemos que aunar todos los esfuerzos para ayudarnos uno a otro. Si no lo hacemos, causaremos un enorme perjuicio al ciudadano.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto podemos, Don Luis Silva García, expone al Sr. Molina, que las mociones son de partido y en este caso no es una moción institucional. Nada tienen que ver una con la otra. En cuanto tratar de adjudicar los muertos durante una pandemia a un Gobierno o un partido político, es una indecencia. Los fallecidos son de todas las ideologías.
Respecto a la reflexión de la Sra. Argota, le indica que la Junta de Andalucía no se ha puesto de perfil, sino de frente, sobre lo que no es, sobre el Gobierno Central, tratando de hacer una confrontación estéril, que no nos lleva a ningún lado. Han conseguido unificar a todos los sindicatos de todas las fuerzas ideológicas para pedir el cese de los gerentes del sistema público de salud. Estamos ante una deslealtad institucional de la Junta, con esta confrontación usando las instituciones. La discusión entre Administraciones se debe quedar en lo privado.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Ignacio Ruiz González, expone que estamos de acuerdo con las propuestas de acuerdo de la moción del grupo socialista, pues esas mismas propuestas la llevamos también a cabo desde nuestra organización política a toda clase de niveles. Solo echa de menos una propuesta que sería fundamental, para la defensa de lo público, que es la progresividad en las aportaciones. Que pague más quien más tenga. Como por ejemplo, elevar impuestos y tasas municipales a las empresas que facturen más de un millón de euros anuales.
Por la Sra. Concejal del grupo municipal socialista, Doña Trinidad Argota Castro, explica al Sr. Ruiz que La Rinconada está a la cabeza de la Provincia en cuanto medidas adoptadas por esta crisis sanitaria y que cumplimos rigurosamente la Ley.
En referencia al Sr. Molina, expone que tienen ustedes la costumbre de utilizar los muertos, y eso es muy triste. Las personas que han sido victimas de ETA, han pertenecido a todas las fuerzas políticas democráticas. Y ahora sin complejo, nos dice que somos responsable de la muerte de 30.000 personas, provocada por esta pandemia. Y le pide que se estudie en qué comunidad se ha producido el mayor número de fallecimientos, y casi todas dentro del colectivo de personas mayores, e infórmese de cuantas camas se eliminaron en el sistema sanitario de Madrid, y cuanto profesionales se han quitado por su partido, en aquella comunidad. Es una pena que utilice esos datos, en este debate, cuando no se tienen argumentos para rebatir nuestra moción. Todos debemos remar en el mismo sentido.
Cuando hablo que la Junta se ha puesto de perfil, he querido decir que se ponga la Junta a disposición de los municipios y las familias, frente al Gobierno Central. La Junta se está quedando absolutamente descolgada.
Los datos de nuestro Ayuntamiento, son que hemos destinado 1.150.000 €, en estas dos modificaciones presupuestarias aprobadas para combatir los efectos sociales y económicos de la pandemia y sin contar otras aportaciones en distintas materias. Por parte de la Diputación, 166.000 € y por parte del Estado, 133.380 €. La Junta no ha puesto nada.
No queremos que nadie se quede en el camino, y este Ayuntamiento siempre adoptará las medidas oportunas para ayudar a la gente y a las familias del municipio. Y ese es nuestro objetivo, seguir trabajando para ellos y peleando todas las ayudas que nos vengan de otras administraciones.
Tras el oportuno debate, se procede a la votación de esta propuesta con el siguiente resultado:
Voto a Favor: 18 (16 PSOE, 1 I.U y 1 Grupo Mixto Podemos)
En Contra: 2 (1 grupo mixto Ciudadanos y 1 grupo mixto Popular).
Visto todo lo cual, se aprueba por mayoría absoluta de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar la moción del grupo municipal socialista, relativa al esfuerzo del sistema público de servicios sociales para la protección de las personas mas vulnerables de Andalucía, cuyo tenor literal es el siguiente:
MOCIÓN RELATIVA AL REFUERZO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES DE ANDALUCÍA.
Los derechos sociales y los servicios públicos sufrieron un ataque frontal durante los gobiernos del Partido Popular en España con el pretexto de la crisis, de la reducción del gasto público y de las medidas de austeridad. En estos momentos, debemos evitar que la nueva crisis social que se está generando a raíz del COVID-19 sitúe a los servicios públicos en el precipicio de la desatención, de la privatización y de la vulnerabilidad.
Los sistemas públicos sanitarios y de educación ya han sufrido el impacto de la crisis generada tras el COVID-19, el tercero de los sistemas que sufrirá de forma brutal el impacto de la misma, será el sistema de servicios sociales. Este sistema ya conoció las dificultades de la crisis social de 2008-2017, sufriendo una experiencia que, a marchas forzadas, le ha obligado a reforzar sus cimientos, la articulación de nuevos derechos subjetivos y la forma de prescripción de los mismos. Esta nueva necesidad social los enfrenta a un escenario de tensión, y en algunos momentos, algunos sectores podrán aprovecharlo para cuestionarlo, con intentos de privatización, y cambios de modelo.
El problema de la pobreza en Andalucía no es nuevo, es cierto que tenemos que encararla sin temor, para hacer un diagnóstico preciso y poder incorporar un antídoto que perdure en el tiempo, en el que sin duda habrá que trabajar y dar respuestas a corto, medio y largo plazo. Son muchos los datos que se pueden aportar, desde el informe sobre el estado de la pobreza en la comunidad elaborado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) titulado “Radiografía de la Pobreza en Andalucía 2019: La Pobreza olvidada”, hasta el VIII Informe HYPERLINK "https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/up..."FOESSAHYPERLINK "https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/up..." sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, o el informe de Save The Children “Familias en riesgo, Análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en Andalucía”.
A todo esto se suma que la Comisión Europea arroja previsiones muy negativas, y la OCDE estima que el PIB cae unos 2 puntos porcentuales por mes de confinamiento total, empujado por caídas de entre el 50% y el 100% para sectores como viajes, turismo, comercio, restauración, entretenimiento, compra de viviendas u otros ámbitos constructivos.
Que la crisis sanitaria del COVID-19 ya está teniendo un elevado impacto económico en los hogares más vulnerables es un hecho, familias monomarentales, con hijos e hijas a cargo, o personas solas que han perdido el empleo, vinculados al sector doméstico o en la economía informal, que ha expuesto mucho más a estas familias al desempleo y la pobreza. Y también, como ya ocurrió en la anterior crisis, ya están llegando personas que nunca antes fueron usuarias de los servicios sociales.
Ante esta situación, la respuesta ha sido rápida, por parte del gobierno central se determinó un primer reparto de 25 millones para asegurar las becas comedor y otros 300 millones para reforzar los servicios sociales. A éstas se ha unido un amplio escudo social, con medidas de garantía para pago alquiler, moratoria de hipotecas, prohibición de cortar los suministros básicos, subsidio por desempleo para trabajadores/as temporales, subsidio extraordinario para personas trabajadoras del hogar, etc.
También los municipios han reaccionado rápido para atender a las personas con menos recursos. Aunque la respuesta será mucho más completa cuando se apruebe el anunciado Ingreso Mínimo Vital por parte del gobierno de España.
En la Junta de Andalucía la respuesta social está siendo más lenta y tenue, sigue sin resolverse la lista de espera en la Renta mínima de Inclusión social, sin que tengamos datos ciertos de familias demandantes ni tiempos de respuesta, no se han reforzado los servicios sociales comunitarios, se ha suspendido el acceso al sistema de atención a la dependencia y el apoyo a las corporaciones locales sigue siendo escaso.
Por otra parte, se han aprobado modificaciones del Decreto ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, a través de Decreto- ley 6/2020, de 30 de marzo y Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, de los que no conocemos aún su impacto real, aunque las cantidades anunciadas de inversión (10,5 millones de euros) y la atención a tan sólo 4.200 familias, se nos antojan totalmente insuficientes, y no sólo no podrán dar respuesta a la nueva realidad social en la que ya estamos inmersos, sino que parece que se ha renunciado desde la administración andaluza a dar respuesta a la lista de espera de miles de expedientes de renta mínima pendientes de resolución.
Por último, se han anunciado medidas que, de no cambiar la forma en la que inicialmente se han definido, supondrán un modelo equivocado y perverso en la atención social, nos referimos concretamente a la denominada “Tarjeta monedero” con un importe de 17 millones de euros para la adquisición de comida, de una lista establecida, en supermercados a través de diversas ONG,s, sin informe social de los servicios sociales comunitarios, y sin implicación del profesional de referencia, trabajador o trabajadora social de la administración pública competente (Ayuntamientos o Diputaciones provinciales).
Este modelo de intervención social, de espaldas a los servicios ya puestos en marcha por la inmensa unanimidad de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, que ya disponen de similares recursos, además de no garantizar la universalidad y transparencia del sistema, incumpliría lo dispuesto en la ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que a través de diversos artículos (24, 25, 27, 31, 35 y 44) establecen la universalidad en el acceso a los servicios sociales y la gestión directa por parte de las administraciones públicas de las potestades administrativas (información e informe social, entre otras), además de incumplir la Ley 4/2018 de Voluntariado de Andalucía, que establece que las actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley.
Por otro lado, nuestra comunidad autónoma ya dispone de importantes recursos que aún no se han puesto en marcha, sin que se haya procedido a la convocatoria de subvenciones para 2020, a través de la Orden de 25 de abril de 2018, que incorpora entre otros el programa de Solidaridad y Garantía alimentaria, con actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social, servicio de suministro de comidas elaboradas a domicilio para las personas mayores de 65 años y actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad, preferentemente en zonas desfavorecidas, durante el período de vacaciones fuera del calendario escolar.
En conclusión, el impacto final de esta crisis dependerá de la rapidez y del acierto de las medidas adoptadas y las que se adopten en el futuro. Tenemos la urgente necesidad y el compromiso de continuar construyendo y reforzando el Estado social, por lo que ninguna renuncia es asumible en estos momentos, más bien lo contrario, estamos en condiciones como sociedad de asumir todos y cada uno de los derechos y oportunidades para la ciudadanía de nuestro país y nuestra comunidad autónoma, a través del fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales, con el apoyo y la coordinación entre administraciones y dotándonos de instrumentos de control administrativo que permita el acceso a los derechos universales y subjetivos, a través de la transparencia y el acceso universal de los mismos, sin riesgos y sin sospechas de malas prácticas, único paso posible para garantizar la sostenibilidad y la cohesión social.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Rinconada propone la siguiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes:
ACUERDOS
1. El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar las medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno de España que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia por el COVID-19, permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando que la actividad económica se recupere cuanto antes.
2. El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de Seguridad Social, ya anunciado por el Gobierno de España.
3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
3.1. Incrementar la financiación a la administración local a través de la creación de un Fondo Social -PATRICA Social- para que los municipios puedan atender con agilidad a las familias más vulnerables, cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a través de los servicios sociales comunitarios.
3.2. Reformular el proyecto “Tarjeta monedero” a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas.
3.3. Reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar, a través de una distribución extraordinaria de créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, para la contratación de profesionales que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios (trabajo social, sicología, educación social y personal auxiliar).
3.4. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los y las profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta de Andalucía.
3.5. Reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del refuerzo de personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de servicios sociales.
3.6. Reactivar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), dictando resolución con carácter inmediato, de la línea dirigida a entidades del tercer sector que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables.
3.7. Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones para 2020 regulada a través de la Orden de 25 de abril de 2018, en todas sus líneas, destinadas a entidades públicas y privadas, mediante la tramitación de urgencia, ya que existen importantes razones de interés público que aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento.
3.8. Adoptar las normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación (dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio...).
3.9. Promover el complemento de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
3.10. Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la interlocución con las Administraciones locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y control adecuado de los recursos públicos.
