15/04/2021 PLENO ORDINARIO 15 DE MARZO
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto podemos, Don Luis Silva García, formula la siguiente interpelación:
“El irregular comportamiento de las Infantas Doña Cristina y Doña Elena, al acudir a Abu Dhabi a visitar al rey emérito y aprovechar para vacunarse contra el Covid 19, ha sido defendido enérgicamente por varios altos cargos del PP. En la Junta de Andalucía, no hemos escuchado ni el más mínimo atisbo de crítica, por lo que entendemos que quizás también les parece un comportamiento adecuado. Vistas así las cosas, hemos pensado que podríamos proponerle a la Junta de Andalucía que financiase un puente aéreo Sevilla - Abu Dhabi, en el que podrían viajar nuestros mayores en situación de riesgo. El monarca emérito, que de todos es sabido que es muy “campechano”, con seguridad que no tendría problema en compartir un te y unas pastas con nuestros vecinos/as que de paso, volverían ya protegidos contra la pandemia.
Rogamos que reflexionen sobre la propuesta.
Por la Sra. Portavoz del grupo socialista, Doña Raquel Vega Coca, expone que el enunciado de la pregunta, uso el recurso de ironía, para invitar a una reflexión, que si bien no es sobre un tema que no es estrictamente local, si es cierto que a nuestra ciudadanía le ha generado cierta preocupación y malestar, por lo que consideramos adecuado pedir un pronunciamiento al equipo de gobierno.
Compartimos como muchos españoles y españolas, que su comportamiento no ha sido ejemplar. Tampoco entendemos como se ha hecho por el partido popular, una defensa enérgica como ha hecho en sus declaraciones, el Alcalde de Madrid, Sr. Almeida, asegurando que no hay perjuicio en la vacunación contra el covid-19 de las Infantas, Elena y Cristina, porque no le han quitado la vacuna a nadie.
Entendemos que ese asunto tiene muchas derivadas, y las conclusión son que una persona tiene que ser ejemplar en cualquier parte del mundo. La ética no entiende de fronteras. Es cierto que no le han quitado la vacuna a ningún español, pero en el país donde se ha vacunado, hay personas mayores, sanitarios, profesionales de servicios esenciales y personas enfermas que no han recibido su vacuna.
Pensamos que uno es mas patriota y mejor español cuando cumple con su país. No hay mejor forma de cumplir con tu país que cumplir con las normas que tu país establece. No está bien utilizar la flexibilidad de otra nación para saltarse el orden que tu país establece.
Se traslada un mensaje justificado por el partido popular, inadecuado por parte de las infantas, de que miembros de la monarquía española se sienten por encima del resto de españoles y que cuentan con una posición de privilegio. Y por otra parte se me genera un conflicto ético, en materia de derechos humanos.
Tenemos muy presente, en La Rinconada, que no nos gusta este hecho y que asistimos con preocupación esta circunstancia, pues este viaje se financia a cargo del Estado. Esta situación nos genera vergüenza, a una gran parte de ciudadanos del país. Por ello, nos sentimos identificados con las palabras de la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, que indicaba que ser infanta de España, tiene unas obligaciones que conlleva ejemplaridad y se trata de unir su destino al del resto, que es esperar a cuando nos toque, consecuencia además que es relevante, cuando todos tenemos una honda preocupación por nuestros mayores, por nuestras personas más delicadas, enfermos y personas vulnerables.
Para ser español, hay que ser el primero que debe dar ejemplo y cumplir con las normas de nuestro país.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto podemos, Don Luis Silva García, expone que nuestra intención de elevar esta pregunta, no es otro que hacer una reflexión sobre lo sucedido y que se ha hecho sobre dinero público.
Nadie puede pedir ejemplaridad a un pueblo, cuando algunos de sus gobernantes se saltan las normas éticas, de forma tan groseras.
Por la Sra. Vega Coca, comparte lo que muchas personas han observado y opinado en esta semana cuando se han conocido estos hechos. Las infantas deben tener en cuenta que cuando se forma parte de la familia real, no existe distinción entre lo publico y lo privado. No tener una conducta ejemplar, genera un daño severo, a la credibilidad de la institución, a la que representa. Lo lógico sería que hubiera manifestado unas disculpas al país, indicando que su comportamiento no ha sido el deseable, siendo su comportamiento más propio de personas republicanas que monárquicas, pues el daño, no viene de partidos o líderes que defienden otro modelo de organización del Estado, sino por miembros de la propia Monarquía, que con este comportamiento desprestigia a la institución.
Lamentamos esta conducta, resaltando la importancia de que los cargos públicos cumplan las normas y en esta época de pandemia, lo primero que se debe cumplir es la ejemplaridad.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Ignacio Ruiz González, formula las siguientes preguntas:
“Según nos comentan asistentes a dicha reunión, el Sr. Alcalde dijo haber pedido a la Responsable de Bienestar Social que se hiciera un “aparte” de 20.000 euros de fondos del Área para destinarlos a ayudas a las trabajadores y trabajadoras del Patronato de Deportes en situación de ERTE a causa del estado de alarma y del cierre de la actividad deportiva. A este respecto, solicitamos por escrito la siguiente información detallada:
-Número de ayudas concedidas de este “aparate”
-Cuantía y reiteración de las ayudas
-Número de trabajadores y trabajadoras a los que se concedieron dichas ayudas
-Proceso de solicitud y adjudicación seguido para la concesión de dichas ayudas
-¿se ha generado con este “aparte” un proceso paralelo de ayudas en cuanto a la adjudicación frente al resto del vecindario en situación de necesidad?
-¿Por qué se ha decidido sacar este “aparte” de los fondos de ayudas a las familias necesitadas y/o en riesgo de exclusión en lugar de hacerlo de otras partidas, a modo de las famosas ayudas de los 200 euros?
La pregunta va relacionada con una reunión del Sr. Alcalde con los trabajadores del servicio de monitores deportivos del Patronato de Deportes, en la que parece que se les dijo que se iba a hacer un aparte de 20.000 €, del fondo del área de Bienestar Social, para destinarlos a ayudas sociales a los trabajadores y trabajadoras del Patronato en situación de ERTE, por el cierre de las instalaciones deportivas municipales.
Hemos pedido una serie de información a la Sra. Delegada al respecto, y parece que se nos va a entregar un resumen por escrito, de lo solicitado que se ha concedido, procesos de solicitudes.
En conclusión, lo que queremos poner de manifiesto es que las cosas no suceden por casualidad sino por causalidad. Esto es se causan por falta de solución, pasividad o por intereses, por falta de actuación o actuación.
Estas trabajadoras y trabajadores que realizan un trabajo social imprescindible y ampliamente reconocida por la ciudadanía, se encuentran discriminados respecto a los trabajadores públicos, por el mero hecho de estar contratado este servicio, con una multinacional, que es Ferrovial. Por ello, insistimos sobre el papel que debería jugar la empresa publica, Soderin, en la asunción de los servicios públicos que tiene este Ayuntamiento externalizados. En cambio se le da el servicios a esta clases de empresas multinacionales que tienen paraísos fiscales, con el fin de eludir el pago de impuestos. Dinero público rinconero que va a terminar en Jersey, Luxemburgo, Las Bahamas o la Isla de Man.
Lo que entendemos es que una situación provocada de inestabilidad y discriminación laboral se pretende paliar, con raquíticas ayudas que no deberían ser el remedio a esto. Son ayudas insuficientes e injustificadas. Dan una salida de beneficiencia social, a lo que es una discriminación laboral de estos trabajadores.
Existen herramientas, como el Decreto 8/2020 que daría otra solución a la planteada por el equipo de gobierno.
Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, doña Mercedes Bueno Rodríguez, explica que parece ser que el Sr. Ruiz, se ha equivocado de pregunta, pues la pregunta elevada por usted en la comisión, erá la pregunta novena, sobre ayudas de emergencias lanzada a un sector de la población concreta, y se nos plantea otras cuestiones relacionadas con este asunto, que no me importa contestar. En el seno de la comisión de ruegos y preguntas, se le entregó un informe técnico al respecto.
El origen de esta situación planteada, proviene del estado de alarma, decretado el pasado 14 de marzo de 2020, que conllevó una serie de medidas, priorizando, la salud de todas las personas, y entre ellas, estaba la suspensión de las actividades deportivas y de ocio. Y muchas de ellas, se presta por el Patronato de Deportes a través de contratos de prestación de servicios, y que no solo lleva una multinacional, sino a otras empresas locales, como “Innovadora Global” o “Notificaciones y Repartos La Vega”. Los contratos quedaron pues suspendido.
Lo que plantea ahora, es que el Ayuntamiento, aun cuando el servicio contratado no fuera prestado, pagara igualmente el importe del coste del servicio, en el que se incluye los salarios íntegros de los trabajadores de la adjudicataria, o bien que el Ayuntamiento asuma directamente el servicio, y los haga fijos a esos trabajadores, por la puerta de atrás, al no precisar que aprueben ningún proceso selectivo.
Y esa propuesta, no es posible, no porque no queramos, pues siempre estamos al lado de las personas más necesitadas, sino por legalidad, como así se hace constar en el informe jurídico que se la ha acompañado.
En este caso el Ayuntamiento no tiene responsabilidad ni relación directa con los trabajadores y trabajadoras de las empresas adjudicatarias, porque legalmente no puedan tenerla. El deber que tiene el Ayuntamiento es pagar las facturas emitidas por las empresas, por los servicios prestados, y en este caso no se prestó por la entrada en vigor del Estado de alarma, que suspendió toda actividad deportiva.
Nos refiere sobre el artículo 34 del Decreto del estado de alarma, cuando dice con claridad que esos servicios no pueden ser prestados, por la pandemia.
Ante esta situación, hemos buscado formulas para conocer las circunstancias económicas en la que se encontraban estos empleados, al igual que otras empresas de servicios del municipio que entran en el ERTE. Le recuerda que el 70 por ciento de su salario, es abonado por el Estado. Una vez conocida las circunstancias económicas de muchas familias, hemos atendido desde el área de Bienestar social, con ayudas sociales de emergencia, que no son de beneficiencia. Hemos estado al lado de ellos, en un momento puntual. Las ayudas han sido a titulo individual, en función de la situación económica y social de cada trabajador.
Le ha explicado, que a diferencia de otros municipios, que decidieron cerrar, todas las instalaciones deportivas, nosotros decidimos mantener algunos servicios deportivos abiertos, pese a soportar el coste económico del servicio, con déficit por menos ingresos, dada cuenta de la reducción del aforo. Así sucedió con la apertura de las tres piscinas municipales de verano, como la piscina cubierta, después del verano. Y ello se hizo, para que estas personas salieran del ERTE, y con ello, cobrar sus salarios íntegros. Y eso es estar al lado de ellos, al igual que las ayudas sociales que hemos concedido a algunos de ellos.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Ignacio Ruiz González, expone que existe un Real Decreto sobre medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico, provocado por la Covid, y que da prioridad a la protección de las familias y autónomos, Se plantea en la misma normas, medidas dirigidas por un lado a aumentar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables y por otro lado apoyar la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo y en último lugar reforzar la lucha contra la enfermedad.
Ustedes, habéis cogido de ese Real Decreto, lo que son las ayudas directas a una multinacional como es Ferrovial, y como dice la Dirección Provincial de CCOO, dejan atrás atrás a las personas trabajadoras municipales, en situación más precaria, precisamente porque están subcontratadas, y no ser empleados contratados por la empresa publica Soderin. Por ello, se debe reforzar y reestructurar a nuestra empresa.
Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Mercedes Bueno Ramírez, expone que este Ayuntamiento si ha aplicado este Real Decreto, en las tres líneas que usted ha mencionado. Y hemos apoyado a los vecinos y vecinas del municipio. Así hemos dado ayudas a los comercios, ayudas individuales para los trabajadores y a las familias que lo han necesitado y se han ido creando empleo, dentro de las competencias que tenemos.
Desde que Bienestar Social, tuvo conocimiento del ERTE temporal que tuvieron que acogerse estos trabajadores, debido a la pandemia sanitaria, nos pusimos en contacto, con estas familias, para conocer la situación en la que se encontraba, diciéndole que tenía la posibilidad de obtener una ayuda económica, que podía reiterar en el tiempo.
Se han lazado 50 ayudas que han llegado a 41 familias. La cuantía de las ayudas, son de 200 €,y en algún caso, se ha llegado a los 800 €, con ayudas reiteradas. Muchas de las familias afectadas por el ERTE, comunicaron al profesional de Bienestar Social que le atendió, que no necesitaban la ayuda, pues no había ninguna situación social complicada. Han sido 13 las familias, las que han sido beneficiarias de ayudas repetidas. !6 familias no han necesitado ningún tipo de ayuda, al superar los ingresos de la unidad familiar, el tope necesario para obtener las ayudas de emergencia social.
Este Ayuntamiento tal como fue posible legalmente, reabrió el servicio, y si no se hizo antes, fue porque las condiciones del propio servicio, no daba lugar a ello. En otros servicios de ocio o formación contratados se suspendieron las actividades de forma presencial, pero fue posible transformar el servicio, de manera virtual, con el fin de evitar perjuicio a los trabajadores y a las empresas.
Por el Sr. Alcalde considera que se le está haciendo un flaco favor a los trabajadores de la contrata de monitores de instalaciones deportivas, haciendo daño al propio Patronato de Deportes, en su prestigio logrado en décadas de funcionamiento.
Tenemos un modelo diferente al suyo para la gestión de los servicios públicos, y el nuestro está avalado por las urnas. El modelo de funcionamiento durante estos años, del Patronato, respalda el mismo. Funciona de manera equilibrada, y permite que se pague a los proveedores en seis días, se pague las nóminas en tiempo y forma, y cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Sin deuda y prestando un servicio público valorado por nuestra ciudadanía. Su modelo avalado por las urnas no tiene un caso práctico por el que se haya llevado a cabo. Tenemos que mirar por el dinero público, y no se puede gastar dinero en un servicio que no se ha prestado.
Desconocemos donde pone en ese Real Decreto al que usted hace referencia, que los Ayuntamientos, en Estado de Alarma, nos convertimos en administraciones indemnizatorias. Lo que plantea esa normativa, es que aquellos servicios no esenciales que tenga que ser suspendidos por el Estado de Alarma, el Ayuntamiento da la posibilidad, de que las empresas se acojan a ERTES.
Y por la alerta sanitaria, llegado el momento, el servicio de piscina cubierta, se tuvo que suspender y ello a su vez llevó a la suspensión del contrato administrativo de servicio con la empresa contratista. Los trabajadores de la empresa, fueron acogidos a un ERTE. El Ayuntamiento, se puso en contacto con los trabajadores, para el caso de que algunas familias, al cobrar solo el 70 por ciento del salario, tuviera una vulnerabilidad económica, acudieran al área de Bienestar Social, para que le ofrecieran las ayudas económicas de emergencia necesarias.
Su modelo de gestión, es que los más de treinta trabajadores que están adscrito a la empresa de servicio pasen a engrosar la plantilla del Ayuntamiento. Y también los del microbús, los de la jardinería, las escuelas infantiles, comedores escolares, etc. Su modelo es que o todos deben ser funcionarios o todos deben recibir una pensión pública. Y cuando su modelo lo pone en la práctica, el mismo no funciona. La Sociedad debe ser equilibrada y sostenible, con empresas y cooperativas.Ustedes me han metido en la nómina municipal, a 500 personas. Si usted tuviera la oportunidad de gobernar, no le quepa la menor duda, de que no adoptaría esa decisión, en primer lugar, porque tendría reparos de los habilitados de esta casa y en segundo lugar, porque a los poco meses, se vería imposibilitado de pagar las nóminas y demás obligaciones del Ayuntamiento con proveedores. Es un canto de sirena, lo que plantea. En los municipios en donde su organización política gobierna, tienen servicios externalizados. Si no le recuerda la labor del Sr. Rodríguez Torrijos, cuando externalizó todos los centros deportivos de Sevilla.
En el Patronato, hay trabajadores con distintas horas de trabajo, o que tienen otro empleo, y que dependen de esa empresa de servicios, la cual antes de llevarse el dinero a los paraísos fiscales, pagara antes el sueldo de sus empleados, y conforme al convenio colectivo.
Todas las empresas, con independencia de que sean cooperativas, sociedades, grandes o pequeñas empresas, tienen derecho a presentar a las licitaciones pública que promuevan las Administraciones, y respetando los principios de transparencia y publicidad. Y ello es así porque hemos optado porque los servicios sea prestado bajo concesión administrativa indirecta bajo control del Ayuntamiento. Y el servicio se presta de forma adecuada.
Soderinsa no puede ser el cajón de sastre, por la que usted quiere meter por la puerta de atrás, sin convocatoria alguna, y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, a los trabajadores adscritos a esos servicios externalizados. Tenemos tres contratos de servicios en el Patronato, como es la consejería de instalaciones deportivas, la limpieza y los monitores deportivos, cuyos contratos han quedado suspendidos y han quedado por tanto sujeto a un ERTE, hemos sido sensibles, y le hemos ofrecido atender a sus necesidades económicas en caso de vulnerabilidad social.
La postura cómoda del Ayuntamiento, hubiera sido no abrir las piscinas al aire libre, pues muchos otros no abrieron, al tenerse que reducir el aforo, el 50 por ciento, y ser muy deficitarias. El Patronato ha dejado de ingresar 150.000 €, por la apertura de las tres piscinas. Se decidió abrir, para que la ciudadanía tuviera este servicio público, evitando que fueran a parcelas privadas, donde era más fácil que se propagase el virus. Pero fundamentalmente se abrió, por rescatar a los trabajadores del ERTE y volveremos hacerlo este Verano. Lo hicimos en Octubre, con la apertura de la Piscina Cubierta.
A usted de la han informado mal, de lo tratado en la reunión con los trabajadores del servicio, en el que se metieron sin ser invitados dos representantes del sindicato CCOO. Le han informado erróneamente del concepto del “aparte”, pues no se le ha quitado ninguna ayuda a ninguna familia con vulnerabilidad social. El área de Bienestar Social se ha puesto en contacto con los 52 trabajadores en ERTE por si hubiera alguna necesidad social. Eso le llamamos sensibilidad social, y no beneficiencia. La reunión tuvo un objetivo de información concisa ante las informaciones que se estaban dando por el sindicato.
En conclusión se tuvieron que suspender varios contratos de servicios en el Patronato, cuando se ordenó el Estado de Alarma, y se cerraron las instalaciones deportivas. Gracias al Gobierno de España, en el que ustedes participan, estableció los ERTE, tuvieron los trabajadores garantizados un 70 por ciento del salario, y además este Ayuntamiento tuvo sensibilidad social, con algunos de esos trabajadores que lo estaban pasado mal económicamente.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Ignacio Ruiz González, expone que en relación a la primera cuestión planteada, le indica que nuestra prioridad es crear empleo publico y que no es la vuestra.
En relación a la segunda pregunta, está basada en un Boletín Oficial del Estado, consolidado y firmado por Susana Díaz, y que fue la Presidenta de la Junta de Andalucía, y que tiene el siguiente tenor:
La actual legislación reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. También concreta, la legislación vigente, el promover las condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda, pero lo cierto es que este derecho se ha convertido en un bien de consumo sujeto a las leyes del mercado y la principal referencia del modelo de desarrollo socio-económico del PSOE rinconero; por lo que, tal como establece la legislación, es urgente y necesario asegurar la función social de la vivienda. La desocupación de viviendas representa el mayor exponente de incumplimiento de la finalidad y función social de la vivienda y hace urgente potenciar su uso mediante las medidas contempladas en la actual legislación para poner en alquiler social las viviendas vacías y la rehabilitación sobre la construcción, en una clara apuesta por la sostenibilidad.
Por todo esto, volvemos a solicitar que se desarrollen las iniciativas de actuación sobre las viviendas vacías en manos de entidades financieras y grandes tenedores en nuestro municipio, adecuando las herramientas normativas para potenciar el acceso a viviendas vacías y sin uso desde el alquiler social.
Por la Sra. Raquel Vega Coca, le aclara que este Ayuntamiento está llegando al empleo público al máximo legal. El 40 por ciento de nuestro presupuesto, con crecimientos consolidados años y es el principal capítulo de nuestras cuentas. Y nos encontramos a la cabeza de la Provincia de Sevilla, en medidas municipales en materia de empleabilidad, a pesar de que la competencia es autonómica.
Intentaré analizar lo que hemos escuchado. Izquierda Unida, mete en la coctelera, por un lado el BOJA y la legislación autonómica y por otro, Viviendas vacías, entidades financieras y fondos buitre.
Utilizando los conceptos de dignidad, mercado, derechos y alquileres sociales
Busca concluir que los Ayuntamientos y en concreto el de La R pueden hacer más de lo que está haciendo ante las viviendas deshabitadas. Generalizan sin datos fehacientes y dan a entender que hay cientos de viviendas vacías en nuestro pueblo, que éstas son propiedad de grandes tenedores y que el derecho a la vivienda se garantiza con un recargo en el IBI a los bancos. Y ya está. Solucionado. Así de sencillo. Como si fuera un problema de voluntad.
Mire, no son, así las cosas. Ojalá fuera todo tan fácil y bastara con darse una vuelta por la calle apuntar cada letrero de SE VENDE y sancionar a un banco con un recargo en la contribución. No podemos simplificar las cosas de esa manera, porque faltamos a la verdad.
Si hablamos de vivienda, hay que contar muchas cosas.
Primera. La Ley que regulaba algunos aspectos de las viviendas deshabitadas para su función social y promovida por el Gobierno de Andalucía, presidido por el PSOE y con IU en coalición, no olvide por el PSOE también … Pues esta Ley fue recurrida por el PP desde la Moncloa. Lo hizo el Gobierno de España con Rajoy de presidente, que paralizó la norma hasta el fallo del Tribunal Constitucional.
Finalmente, última instancia ratificó la Constitucionalidad de la norma, pero no se ha completado el procedimiento jurídico. Debemos SUBRAYAR que esta Ley no se ha desarrollado reglamentariamente como dan a entender. No es verdad. Tampoco se ha creado el famoso Registro de Viviendas Desocupadas. Y no se ha hecho porque el Gobierno autonómico de Moreno Bonilla no lo ha considerado. ¿Y esto que significa a nivel local? Fácil. Nos encontramos con un marco normativo que NO se ha desarrollado como es necesario para posibilitar su aplicación. El trabajo de la Junta no ha concluido.
¿Quieren nuestra opinión? Estamos de acuerdo en el objeto final del programa, que es la captación de viviendas procedentes tanto de entidades financieras, gestoras de activos inmobiliarios, fondos buitre y que sean ofrecidas libremente, posibilitando su uso por las personas de especial protección (mujeres víctimas de violencia de género, sin hogar, en emergencia habitacional)… Estamos de acuerdo Completamente. Dónde hay que firmar para que la Junta complete su desarrollo reglamentario.
Mientras, vayamos a las herramienta jurídicas a nuestro alcance y pasemos de la teoría a la práctica.
Primer problema. Que no se puede obligar a las entidades financieras o grandes tenedores de vivienda a que pongan a disposición una vivienda deshabitada para cumplir con la función social de la vivienda. La norma prevé la adscripción o la incorporación al parque público para una cesión de uso, siempre que así lo decidan, libremente. Lo repito, siempre que así lo decidan los propietarios, libremente. La Ley NO FUERZA de manera efectiva ni a los bancos ni a los fondos buitre.
Segundo. Esta norma habla de actuaciones sólo del Gobierno de Andalucía para labores de inspección, detección y aplicación de sanciones en el caso de viviendas deshabitadas propiedad de personas jurídicas. Gobierno de Andalucía. De la Junta.
Sólo habla de los Ayuntamientos cuando en su artículo 39 dice que la resolución declarativa de vivienda deshabitada (una vez finalizado todo el proceso para ello) se dará traslado al Registro de Viviendas Deshabitadas para proceder a su inscripción, y en su caso, se podrá aplicar recargo del IBI si así lo contemplan las ordenanzas fiscales. Siempre que se pueda identificar la vivienda vacía, que de acuerdo a la normativa actual es un trabajo reservado para la Junta de Andalucía.
Es decir, sin un mayor desarrollo esta norma no garantiza ninguna función social. Así son las cosas.
Un tema a mayores, es que si un Ayuntamiento decide aplicar un recargo del 50 % a viviendas vacías, no tenemos la certeza de que éste no sea de aplicación exclusiva a la vivienda propiedad de un banco si no, también a la de una familia trabajadora que haya invertido sus ahorros pensando en el futuro de sus hijos. También se le aplicaría este recargo. Porque la norma no diferencia entre bancos o fondos buitre y pequeños tenedores o familias. Ojo también, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad y va a ser una medida de escasa repercusión en bancos y que afecte esencialmente a familias trabajadoras que prefieran tener sus ahorros en un piso en lugar de en un banco.
Pero yendo al grano. Correlación entre recargo en el IBI y alquiler. Imaginemos que un Ayuntamiento decide asumir competencias autonómicas y un ingente trabajo de inspección y control, trámites, notificaciones, etc, etc, etc… para al final aplicar, como mucho un 50 % de incremento en el IBI. Si tenemos una media de 250 euros anuales de IBI en vivienda y aplicamos un recargo, hablamos de 125 euros… ¿Alguien piensa en serio que por pagar 125 euros más de IBI al año va a hacer que los propietarios las pongan en alquiler?
Mientras no existan otros mecanismos a nivel estatal y autonómico que den cobertura a los procedimientos locales y que de alguna manera sí sirvan para forzar a los grandes tenedores de viviendas a ponerlas en alquiler, las medidas al alcance de los ayuntamientos no son operativos y lo único que harían es sobrecargar de procedimientos y tareas al Ayuntamiento para un nulo resultado en términos de función social.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Ignacio Ruiz González, expone que nosotros no hemos sacado a nada del IBI. Le he indicado que existe una normativa que dice que se debe poner en función social, cientos de viviendas vacías que existe en el municipio y que están recogidos en el Plan Municipal de vivienda. Si tenemos un registro de viviendas vacías en el municipio, lo único que tenemos que hacer es comunicar a la Junta de Andalucía, la existencia de todas esas viviendas vacías y obligarle a aplicarle la normativa legal. La sanciones son para nosotros lo último. Lo relevante sería el impacto que se produciría poniendo esas viviendas en alquiler social.
Por la Sra. Vega Coca, expone que usted lo que plantea un brindis al sol. La norma no ha sido completada por el desarrollo reglamentario. Tampoco se ha desarrollado el registro de viviendas deshabitadas. No se puede por tanto obligar a un banco a alquilar sus viviendas. La norma no habla de libertad de adscripción.
Le ha referido el 50 por ciento del recargo del IBI, que es la única posibilidad que puede tener una Administración local, en esta materia. Y le explicado con datos que con 125 €, con lo que puede recargar a una entidad financiera, no va a conseguir el objetivo de la función social en alquiler.
Y pensamos que se puede trabajar, como esta haciendo este Ayuntamiento, con una Soderinsa que no se dedica a cocinar alimentos, sino que tiene 570 viviendas en alquiler y a la que usted denosta y además de desarrollar importantes medidas en el ámbito de la empleabilidad. Una empresa pública con sensibilidad social y que no desahucia a personas que no puede pagar un alquiler, cuya media mensual está en 80 euros.
Soderin está trabajando por nuevas promociones públicas, estudiando la viabilidad económica de las mismas,para alquiler social, a pesar de que no existe financiación por otras Administraciones. Tuvimos un gran ejemplo, de intermediación hace varios años, con la promotora CIOTER, donde conseguimos que muchas familias pudieran acceder a esas viviendas, a un precio muy por debajo del precio de mercado.
Si hablamos de vivienda vacía, con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que lo hicimos con un asesor que fue cargo en la Consejería de Vivienda, que dirigía su organización política, que es uno de los planes de viviendas más completo de la Provincia, y en el que indica que las viviendas vacías en La Rinconada, está entorno al 3.4 por ciento. Un dato muy por debajo de la media provincial. Y pensamos que la sanción, no es camino. Quizás el camino, sea el incentivo a la construcción y el fomento de viviendas. Y en esa línea nos movemos. Le pongo como ejemplo, una medida que está dinamizando el mercado de alquiler en el municipio, respecto a los pequeños tenedores, como es el plan social de ayudas al alquiler, que gestiona el área de Bienestar Social, que ha permitido ayudar en el año pasado, a cien familias del municipio, subvencionando el 50 por ciento del alquiler.
Por el Sr. Alcalde, le explica que tuvieron tres años gestionando la Consejería de Vivienda en la Junta, no hicieron nada en tema de vivienda. Por no hacer no hizo ni regularizar las viviendas de una barriada del núcleo de La Rinconada, como La Estacada.
Todas esas maravillosas ideas, sobre grandes tenedores, no se llevaron a cabo. Aquí en el municipio, nunca se hicieron menos viviendas públicas que en aquellas etapa, y menos actuaciones en rehabilitación.
Somos un Ayuntamiento, que nos dedicamos a prestar servicios de cercanía a la ciudadanía, y que nuestras competencias, más allá de que existan ganas de hacer cosas, son las que marcan la Ley de Bases de Régimen Local. Lo que ocurre, que intentamos meter en materia de empleo o vivienda, y no nos quedamos en prestar sólo servicios obligatorios. Nos sobrevaloráis como Administración Local, y si mañana viene una empresa que no cumple el convenio con sus empleados, como puede ser el sector aeronáutico, para esos están los representantes sindicales que deben denunciarlos ante la Inspección de Trabajo. Y si mañana plantea el Gobierno una indemnización para los trabajadores sujetos a ERTES, o las ayudas a autónomos o pequeñas empresas, son ellos, como administración competentes los que se les debe exigir su cumplimiento.
Coincido con el Sr. Silva, sobre la poca critica política que hace Izquierda Unida, a la Junta de Andalucía. Tan sólo se manifiestan cuando el partido popular o ciudadanos nos trae una moción plenaria. No creen en la unidad de la izquierda que tanto proclaman. Le recuerda que sin el partido socialista, su organización política no podrá gobernar nunca, porque somos la fuerza mayoritaria de la izquierda.
Soderinsa seguirá siendo una empresa pública que seguirá construyendo vivienda de promoción pública. Seguiremos buscando recursos para que las personas puedan seguir adquiriendo vivienda. Que hagamos viviendas en autoconstrucción, poniendo solares a precios asequibles. Que sigamos haciendo viviendas en alquiler. Que Bienestar Social, ayude a las familias a pagar el alquiler de viviendas. Eso es gestionar el dinero público.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas y treinta minutos del día al principio indicado, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la que se extiende la presente acta, que deberá firmar, conforme a lo establecido en el art. 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, de 20 de Noviembre de 1986, conmigo el Secretario que certifico.
