PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DEL RECHAZO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA , RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y REDUCCIÓN DE SU APORTACIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

 Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Pilar Escudero Barroso, procede a la lectura de moción presentada por el grupo socialista  relativa al rechazo al anuncio del gobierno de España, respecto a la modificación del modelo de atención a la Dependencia y reducción de su aportación a los programas de la red de servicios sociales municipales.

 

 Por el Sr. Concejal del grupo municipal de  Izquierda Unida, Don Vicente Amador Vizuerte, expone expone que efectivamente la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, supone dentro del Estado de Bienestar, uno de los mayores avances, en protección social en España, por ello el grupo municipal de Izquierda Unida, la apoyó en el Congreso. Desde su implantación, se han generado muchos derechos subjetivos, tras evaluar a más de un millón de personas en situación de dependencia, de las que 750.000 son beneficiarios de esta Ley, con algún tipo de prestación.  Sin embargo en la actualidad, cuando el sistema de la Ley de la Dependencia, que debería haber alcanzado su plena aplicación, al cumplirse seis años, desde su aprobación, se ha puesto de manifiesto sus múltiples carencias. En primer lugar encontramos excesivas desigualdades en cuanto a su aplicación en las diferentes comunidades autónomas. En cuanto a la partida presupuestaria destinada a dependencia, mientras que en los países integrantes de la OCDE, la aportación media es del 1.27 por ciento del índice del producto bruto del país, en España, supone el 0.6 por ciento. La tercera deficiencia, la encontramos en la baja coordinación socio-sanitaria que se ofrece, careciendo de trayectos profesionales, de especialistas establecidos. Por último, destacar la falta de metodología, en la gestión de los casos.

 

  En la actualidad existe alrededor de 760.000 de personas que reciben algún tipo de servicio, de atención a la Dependencia. La decisión del partido popular, de aprobar la paralización de esta ley supone que un total de 300.000 personas, dejen de beneficiarse de estos derechos. En Andalucía, se encuentran 195.000 personas que son beneficiarias de alguna prestación por dependencia, lo cual nos hace una idea de la medida de cómo va a afectar los recortes aprobados por el Gobierno Central, y que afectará a todo el ámbito de aplicación y gestión de atención a los dependientes.

 

 El sistema global de dependencia, en nuestra comunidad autónoma ha supuesto incrementar más de cincuenta mil personas empleadas en este sector, lo cual supone la creación de un puesto de trabajo por cada cuatro personas atendidas con dos características importantes, son empleos estables y no descolonizables. El gobierno del partido popular, ha interferido gravemente, en el ejercicio y disfrute del derecho concedido a personas en situación de dependencia, y a esto se suma la interferencia del ejecutivo en la posibilidad de que la Administración autonómica continué gestionando los procedimientos iniciados que reconocen las prestaciones de personas con grados y niveles de dependencia ya concedidos, que según el calendario establecido originalmente, en la disposición final primera de la Ley de la Dependencia, era de seis meses. El partido popular ha otorgado rango de legalidad a un hecho injusto, con la paralización de muchos expedientes de personas dependientes.  Este ataque a la Ley de la Dependencia, se vio materializado con la publicación del Real Decreto 20/2012, de 14 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introduce medidas que además de ser atentatorias, contra los derechos de las personas dependientes más vulnerables, son antieconómicas en su naturaleza. En esas circunstancias, la utilización en el texto legal, de expresiones como, “mejorar” o “sostenibilidad”, es un insulto o mofa hacia la sociedad en su conjunto, y en especial a las personas dependientes, sus familiares y los profesionales del sector de los servicios sociales.  Al haber exteriorizados la prestación de servicios, este ha sufrido un encarecimiento, sin olvidar la pérdida de la calidad de las ayudas y asistencias,tanto para las personas atendidas como para quienes lo prestan.

 

 Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes; la ampliación de dos años para resolver las ayudas, provocará que muchas personas dependientes mueran sin atención, pues tres de cuatro beneficiarios son mayores de 65 años, y la mitad, mayores de 80 años.  El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones que reciben, podría llegar a superar el limite de la capacidad real de la economía familiar. El copago, incrementa de manera importante las prestaciones y afectara al patrimonio de las personas dependientes, provocando la descapitalización de las familias. La eliminación de las compatibilidades de los servicios, impide la complementariedad entre prestaciones y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.  La reducción de las cuantías de las prestaciones económicas por cuidados, en  torno  a un quince por ciento. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes, hablando públicamente de fraude. En esos términos, que se puede esperar de un Gobierno, que incluso, ha descalificado a los parados, diciendo que no buscan trabajo, porque no quieren.  Además el Estado, dejará de sufragar de la seguridad social de los familiares cuidadores, que afectará a 180.000 personas, de las cuales el 4 por ciento, son mujeres.

 

 Y  por último, en materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un trece por ciento.  Todas esas medidas, suponen de manera inmediata, un recorte de más de mil millones de euros, a la desatención, a las más de 270.000 personas, que se encuentran dentro del limbo de la dependencia, personas que por otro lado, se la ha reconocido del derecho, y están pendiente de recibir la prestación o servicios, y que sin embargo no recibirán ayudas, en los próximos dos años y medio.
 
 Con estos datos, se puede decir, sin ningún genero de duda, y con total desconsolación, que el descuartizamiento de la Ley de la Dependencia, supone el fin el concepto de constitucional, el Estado de Bienestar, cargando sobre las familias el cuidado de las personas en situación con dependencia, y aumentando inevitablemente la factura económica, que padecen las familias integrados por parados, dependientes y estudiantes, y todo ello a la baja, con lo que cada vez es más difícil de subsistir.

 

 Por la Sra Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, explica que el gobierno el partido popular, se ha visto obligado a adoptar determinadas medidas con un plan de ajuste severo, precisamente por la situación con las que nos encontramos, después de ocho años de gobierno socialista. Dejaron ustedes, respecto a la dependencia, a más de 20.000 millones de euros, debajo de las alfombras, mintieron sobre el déficit, y todo eso, son datos, que ustedes conocen y aportan una serie de datos, pero yo le voy dar otros datos que ustedes no aportan. Se le ha olvidado decir que la Junta de Andalucía, donde gobiernan los socialistas, han reducido en 2.283 €, las asignaciones o ayudas a cada usuario beneficiario de la ley de Dependencia, en solo tres años. Son ya habituales, los importantes retrasos en los plazos de reconocimiento de las dependencias en Andalucía. Es una situación que se agrava, tras la disminución en 325 millones de euros, en toda Andalucía, de todas las transferencias a las Corporaciones locales, en cuanto a servicios sociales, para personas con discapacidad y mayores.  También, se le olvida decir, que la Junta eliminó la irretroactividad de la prestación por dependencia, y esa es la verdadera cara del partido socialista, y esos son los verdaderos recortes del Gobierno andaluz, y donde se ha incorporado recientemente Izquierda Unida.

 

 Según la última estadística del Ministerio, con fecha de 1 de enero de 2012, Andalucía cuenta con 226.283 personas con derecho a prestación por la Ley de Dependencia, perteneciente al grado dos y tres y que a pesar de ser grandes dependientes  y dependientes severos, tan sólo hay 194.877 que reciban prestación.  Es decir existe una lista de espera de 31.406 personas pendientes de recibir las ayudas que le correspondes, por su gran dependencia.  Y esa lista de espera entraña un gran riesgo, ya que la edad media de los beneficiarios es bastante avanzada. Resulta vergonzoso que la Junta de Andalucía y los socialistas hagan propaganda de su política social, pero por otro lado, no abonen las ayudas comprometidas, a los que los ciudadanos, tienen derecho. La verdad con mayúsculas, es que el gobierno andaluz de los señores Griñán y Valderas, es una amenaza para el Estado del Bienestar, porque generalmente lo recorta todo, menos el paro.  Mientras tanto, el gobierno del Sr. Rajoy, que ustedes atacan, han subido las pensiones, ha garantizado el poder adquisitivos, de las prestaciones por desempleo,  mientras que los socialistas, han recortado, todas las partidas sociales, en Andalucía, por un importe superior a los 3.400 millones de euros, de los que 1.900 millones en sanidad, 1.000 en educación y 500 en capítulos como inmigración, drogodependencia, discapacitados, o familias.

 

 El aplazamiento a la prestación a las personas valoradas en grado uno y nivel dos, que son las que se encuentran en situación de menos severos, se debe a que el Gobierno Central, no quiere reducir la cuantía de las mismas, el Gobierno de Zapatero, acordó la reducción de las cantidades destinadas a la dependencia, y el Gobierno del Sr. Rajoy, para no reducirlas, acordó el aplazamiento de un año, para la introducción de nuevas categorías de beneficiarios, pero todas las demás personas las seguirán percibiendo.

 

 Después de años, de despilfarro, ahora es el momento de gestionar una situación muy complicada, de escasez, apoyando a los que más lo necesitan, como ha hecho el gobierno del Partido Popular, subiendo pensiones, garantizando prestaciones a los desempleados, prorrogando las ayudas de 450 €, tras aumentarlo de los 400 € iniciales, medida que ustedes no han apoyado en el Congreso.  Y ahora tienen que explicar porque no quieren que a los desempleados que se le agota las prestaciones, no se le prorrogue con esa ayuda.  La medida, se debe valorar en su conjunto, con el resto de medidas. 

 

 Por todos estos motivos, vamos a votar en contra de su moción.

 

 Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Pilar Escudero Barroso, expone que está de acuerdo en gran parte con la exposición que ha hecho el grupo municipal de Izquierda Unida, salvo algunos matices. Si estoy totalmente en desacuerdo con la intervención realizada por el grupo popular, sobre esta cuestión.

 

 Esta ley, que se aprobó por un gobierno socialista, en 2007, vino a establecer, en  nuestro país, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, dando un paso muy importante en el desarrollo de los derechos de ciudadanía, dirigidas a las personas más débiles y más vulnerables, como son las personas mayores, las personas con discapacidad, para mejorar su atención y su autonomía, para ganar en calidad de vida. Desde el primer momento, el partido popular, no creyó en esa ley, tanto es así, que ha tardado menos de un año, desde que gobierna, en desmantelarla, con la excusa de  la crisis económica.  Dicen que no es sostenible, y en base a decretos, con medidas de recortes lo que persiguen es acabar con el Estado el Bienestar.  Primero, con la bajada del presupuesto para el año 2012, de una partida de más de 280 millones de euros, ahora con el Real Decreto Ley el 13 de julio, sobre medidas de estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, donde se recoge una serie de medidas, con el objetivo de derogar la ley, actuando además el Sr. Rajoy y su gobierno, con nocturnidad y alevosía, sin contar con las Comunidades autónomas, y fuera del consejo territorial, que es su marco de actuación.  Consejo, que esa misma semana, se reunió el martes, y en la que la Sra. Mato, no tuvo a bien informar sobre esas medidas. Es una total deslealtad del gobierno central, con los gobiernos territoriales. Las medidas que recogen, este Real Decreto Ley, van directamente al núcleo central de la Ley de atención de personas dependientes, y como bien dice las entidades, asociaciones y empresas del sector, el gobierno del Sr. Rajoy, está asesinando el espíritu de la Ley su objetivo, es poder derogarla  cuanto antes.

 

 Respecto a las medidas adoptadas, que voy a pasar a enumerar, para que conozcan los vecinos con claridad cual es la cuantía reducida y los efectos de este Decretazo del gobierno central popular. Este Decreto, recoge una reducción mínima, del 15 por ciento, de las prestaciones económica, para el cuidado de la persona dependiente en el entorno familiar, que a su vez se relaciona, con la eliminación de los niveles, que venían recogidos, pasando solo a tener reconocimiento de grado, y quedándose en el grado uno, dos y tres, y con la eliminación de las cotizaciones a la seguridad social, por parte del Estado de las cuidadoras familiares, pues suponen las mujeres más del noventa por ciento de este colectivo profesional.  Aquellas cuidadoras, que quieran seguir cotizando, se lo tienen que pagar, y dice el Gobierno, que si lo solicitan antes del 1 de septiembre, tiene una reducción del diez por ciento de la cuota, que son de 170 € al mes.  Pero además, a partir de Enero de 2013, el pago tendrá que ser de la totalidad de la cuota.  Esto es lamentable cuando la reducción de las prestaciones, también se mantiene.

 

 El Estado ha dejado de transferir a Andalucía, más de un 30 por ciento, menos, de lo que recibía en años anteriores, y un gran dependiente, que pasaba a cobrar con el complemento de la comunidad, 520 €, como máximo, baja entre 440 € y 416 €.  Se reduce las horas de servicios, de la ayuda a domicilio, pasando el máximo de 90 a 70 horas.  Y el de 70 a 45 horas, y así sucesivamente hasta el limite que está establecido en 22 horas.  Se amplia el plazo para resolver la solicitud, pasando de los dos meses que establecía la Ley, a los dos años, con lo cual, muchas de esas personas que tenían ya reconocido, su grado moderado, no llegará nunca a tener reconocimiento, de derechos. También se modifica el copago en los servicios, llegando a pagar un dependiente actualmente, con el nuevo Decreto, hasta el 90 por ciento, del mismo, ya que se incorpora además de la pensión, la variable del cinco por ciento del valor catastral de la vivienda, lo que significa que mucha personas dependientes con pensiones bajas, van a pasar al copago en dependencia.  Ya tienen el copago farmacéutico, y ahora otro más. Ahora un dependiente, con una pensión de 800 €, que tuviera 70 horas del servicio de ayuda a domicilio, pasa a pagar de 39 €, a 195 €, al mes.  Por último dejan de atender al grado uno, dependiente moderado, que tenían que ser atendidos entre el año 2012 al 2013 y lo llevan a julio de 2015.  Muchas personas que ya tenían reconocidos ese grado, ahora tendrán que esperar más de tres años, esto va a suponer, que muchos de ellos empeoren y en las revisiones que tendrán que hacer del PIA, nunca tendrá derecho a disfrutar de esas prestaciones.

 

 Este es el compromiso de la derecha y del Sr. Rajoy, con las personas dependientes, ninguno, y ahora han visto la oportunidad de no solo derogar la Ley, sino para cargarse definitivamente el Estado del Bienestar. Dicen que son medidas para la sostenibilidad, la competitividad y el crecimiento, con el objeto de la creación de empleo. Algo que es mentira, pues esas medidas crearan más desempleo, porque el Estado deja de invertir, aunque para ustedes esto es un gasto.  Más de 5.000 millones de euros dejan de gastar, y dejan de forma arbitraria a las comunidades autónomas, a que aplique los máximos recortes.  Murcia, a partir del mes de enero, no aplicará un 15 por ciento, sino un 25 por ciento, en la cuantía de las prestaciones.  Andalucía, tiene un nivel de desarrollo de la Ley, que está en el entorno del 30 por ciento, del total del Estado, mientras que Valencia, está en un sólo 5 por ciento. Los recortes, no pueden afectar de la misma manera. Castilla La Mancha va a reducir hasta un 57 por ciento, los empleos relacionados con la dependencia, de tal manera que un total de 105 profesionales han sido despedidos Y si hablamos de la empresas del servicio de ayuda a domicilio, en todo el país, se perderán más de 7.000 empleos.

 

 Otros, de los grandes recortes económicos, son los fondos del plan concertado desarrollo de las prestaciones básicas, para las entidades locales.  Andalucía recibió en 2011, por este concepto, 17 millones de euros, y pasa a 9.2 millones en 2012, lo que va a suponer que muchos de los ayuntamientos, no puedan sostener sus estructuras, y los recursos destinadas a combatir la exclusión social. La estimación en perdida de empleo se cifra en 5.700 empleos. Andalucía, mantiene los fondos que venían destinando. El gobierno del Sr. Rajoy, elimina los fondos de nivelación, que venían destinando para mejorar la integración y la formación de las personas inmigrantes.  Andalucía los mantiene.  Han eliminado más del cuarenta por ciento, de los fondos dedicados a las adicciones y drogodependencias dentro del plan nacional, y Andalucía los mantiene.  Han eliminado los fondos destinados a 200.000 plazas del programa del Inserso, de ocio y tiempo libre, destinado a los pensionistas.  Esto va a suponer que en el sector de la hostelería, en donde se podía mantener el empleo, en temporada baja, dejan de emplear, a más de dos mil personas.

 

 Llevan ustedes ocho meses gobernando, en Madrid, repitiendo que todas esas medidas de recortes y muchos más, son consecuencia de la herencia recibida del gobierno anterior socialista. En noviembre de 2011, los ciudadanos-as de España, nos dijeron a los socialistas, a través de las urnas electorales, que quería un cambio, y le dieron a ustedes mayoría absoluta para gobernar, y desde el primer consejo de ministros o mejor llamado “Viernes Negro”, hasta el día de hoy, son los únicos responsables, de las decisiones que han tomado, porque está gobernando. El Sr. Rajoy y sus Ministros, tenían muy claro, desde el primer día, lo que querían hacer con el Estado de Bienestar, y es lo que están haciendo, desmantelarlo. La mayoría de los ciudadanos, se sienten engañados, porque están haciendo todo lo contrario que prometieron que iban a hacer, cuando  gobernaba, y para eso están las hemerotecas, con frases como las manifestadas por el Sr. Rajoy, “no subiremos los impuestos”, han subido el IRPF y el IVA, para seguir perjudicando a las personas que con esta crisis lo está pasando peor, desempleados-as, pensionistas, personas con discapacidad y a los inmigrantes. Por cierto un Diputado del partido popular de la demarcación de Castellón, Sr. Barranchina, a las personas con discapacidad, los llaman “los del carrito”, expresión lamentable.

 

 Tenemos un Estado de Bienestar, que se ya construido aquí, en estos últimos treinta años de democracia, y que el gobierno de la derecha del Sr. Rajoy, se lo está cargando, en menos de un año.  Este es el trato y el respeto que le da el partido popular, a las personas desfavorecidas y más vulnerables.  Cuando hablan de despilfarro, les invito a que haga la ruta que han organizado varios periodistas, a nivel europeo, y como llaman a la comunidad valenciana, “la ruta del despilfarro”, para que ningún país europeo, pruebe como muestra, la gestión realizada por el partido popular.

 

 Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Vicente Amador Vizuerte, expone que gastarse dinero en la aplicación de la Ley de Dependencia, no es ningún tipo de derroche, para mi derroche es un aeropuerto en Castellón, que no sirve para nada, o meter más dinero, dentro de la banca. Para que nuestros mayores para que tengan una vida digna, no es derroche. Todas las medidas adoptadas por este Gobierno, van dirigidas a las clases medias y bajas, soportando todos estos recortes, con la excusa del mantenimiento del Estado de Bienestar, al amparo de los dictados de las ideas neoliberales, y acabar de un plumazo con todos los derechos sociales conseguidos en estos últimos años.  Nuestros mayores no se merecen que se les recortes en sus derechos a la Ley de la Dependencia, que si bien no era una buena Ley, si fue un avance en su calidad de vida. Están condenando a malvivir a personas discapacitadas y a mayores, que han luchado todo su vida, han intervenidos en la guerra civil, han  pasado hambre en la postguerra y han trabajo sin tener beneficios sociales, y cuando llegan al ocaso de su vida, el Estado en vez de cuidar de ellos, y agradecerle los años trabajados, esfuerzo y sacrificio, este Gobierno, hace todo lo contrario, condena a ellos y a sus familiares, en algunos casos no tener prestación, y en otro, rebajarlas ostensiblemente la prestación.  Izquierda Unida, seguirá luchando y denunciando estos abusos para que se terminen y se recuperen.

 

 
 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que le resulta curiosa la intervención de la Sra. Delegada, cuando en primer lugar no reconoce los datos de la Comunidad autónoma de Andalucía y de los recortes, que se están produciendo, no del año 2011, sino de tres años, con anterioridad, pues una cosa es lo que dicen, y otra es lo que hacen. Y son datos oficiales.  Pero me resulta curioso también, que hable de la ruta del despilfarro, de la comunidad valenciana, incluido el aeropuerto de Castellón, pero es que aquí, su compañero de Burgillos, que tiene problemas con la justicia, socialista de pro, que se ha hecho foto con gente de su agrupación local socialista, quería también ser un aeropuerto en ese municipio. También me resulta curioso, que su gobierno socialista de La Rinconada, se gastó un millón y medio de euros en un solar en Chipiona, para hacer un hotelito.  Lecciones de despilfarro y desperdicio, lo preciso.

 

 En ningún caso, puede hablar de desmantelamiento del Estado de Bienestar Social, y si necesidad de tomar decisiones, que a nadie le gusta, pero deben ser adoptadas. No podemos seguir la tactica del Sr. Zapatero, de esconder la cabeza en un agujero, como el avestruz.  Cuando sacó la cabeza, ya será tarde. Nos habla de la subida del IVA, que ustedes también hicieron, hablan de la rebaja del sueldo de los funcionarios, que también tocaron, al igual que las pensiones, que nosotros no hemos hecho.  Las decisiones que se han adoptado por el Gobierno Central, le puede usted o a la ciudadanía más o menos, pero se debe comparar con las adoptada por el anterior gobierno socialista, pues así funciona la democracia.  Usted, con su argumento, pretende seguir teniendo titulares, como yo les voy a dar, “La Junta pone en peligro más de 520 empleos, por impago a la Diputación, relacionados con la Ley de Dependencia”, en Almería. Resulta que la Junta le adeuda casi 6 millones de euros,  al Ayuntamiento de Sevilla, en cuanto a la Ley de Dependencia. En Málaga se les debe más de un millón y medio de euros. También le puedo decir lo que piensa los miles de discapacitados y cuidadores, que dicen que están en La Estacada, por los impagos de la Junta de Andalucía.  Y eso no se puede mantener.  No se pueden comprometer determinadas ayudas, si no se puede afrontar, porque eso si es engañar, a los ciudadanos, que es lo que han hecho, durante los últimos ochos años, en el Gobierno de España y  que es lo siguen haciendo en el gobierno de Andalucía.

 

 Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Pilar Escudero Barroso, expone que la Sra. Pérez nos habla de recortes, retrasos en los pagos, con respecto a la Junta de Andalucía, en relación a los Ayuntamientos, Diputaciones y demás. El Sr. Rajoy, que estaba esperando que pasaran las elecciones autonómicas andaluzas, tuvo retenido los presupuestos para el año 2012,hasta después que pasaran las elecciones, porque pensaban, que iban a ganar aquí también. Usted sabe que aquí no, que aquí está gobernando el partido socialista conjuntamente con Izquierda Unida.  Una cosa, es los resultados de las elecciones, y otra quien conforma gobierno.  Ustedes pues, no gobiernan e Andalucía, pues su candidato se ha ido fuera de Andalucía.

 

 Conoce, que los fondos de dependencia, tiene parte estatal y parte autonómica, y el retraso que generó el Sr. Rajoy, con la aprobación de los presupuestos para el año 2012, ha sido en gran parte el problema para que la comunidad autónoma de Andalucía, no haya podido cumplir con los pagos en dependencia, y además nos despachamos con 280.000 millones de euros, del presupuesto de recortes, más las medidas dispuestas en el Decreto Ley de 13 de julio.  El gobierno del Sr. Zapatero cumplió con el dictamen de las urnas, y ahora son ustedes los que gobiernan, de algo tendrán culpas. Cuando los mayores aportes en el política de Bienestar Social, siempre han venido de gobiernos de Izquierdas, porque la derecha nunca ha creído en esas políticas.  Habla usted del plan “prepara”, y del engaño de la prórroga de ese plan, que está dejando a más de 500.000 familias sin poder optar a solicitarlo.  Eso son sus medidas sociales del Gobierno del partido popular.  O no  se les cae la cara de vergüenza con las declaraciones de su Diputado en Orense, que dice que no puede llegar a final del mes, con un sueldo mensual de 5.000 €. Porque no se lo dice el Sr. Rajoy a los parados de este país, que han aumentado en 200.000 personas desde que ustedes gobiernan. Que hay 40.000 ciudadanos que han tenido que emigrar a otros países, buscando trabajo, y por las asfixias que están soportando por las medidas de recortes adoptado por este Gobierno, no les deja vivir en su país.  Alguna deberán gobernar, o solo piensan en la herencia del pasado.  Habéis engañado a la ciudadanía del país, y a parte de vuestro electorado, y espero que no ganéis las próximas elecciones, y que seamos los gobiernos de izquierda quienes recuperemos el gobierno.

 

 Con estas medidas, llamadas por el Gobierno, de austeridad, y no de recortes sociales, el Gobierno está asfixiando a una gran parte de la población española, y la ciudadanía está cayendo en un estado de presión brutal y muchas personas se encuentran en una situación que les lleva a recordar tiempos pasados, con falta de derechos, volviendo al asistencialismo y la caridad. Para el gobierno, los parados, son unos vagos, porque también le ha recortado las prestaciones por desempleo, pero también unos delincuentes, porque el decreto que se planteó para la recuperación de las zonas incendiadas, dice que los parados de esa zona tiene que hacer trabajo en beneficio de la comunidad, que es un apartado que dice la Ley, para personas que han delinquido y que tienen multas, y lo pagan con servicios a beneficio de la comunidad.  Y con la subida del IVA, el Gobierno ha dejado el tipo de 4 por ciento a la prensa, pero le sube el 21 por ciento, a los materiales escolares, todavía mermando más,  la economía de muchas familias que tienen hijo en edad escolar.  Nunca han creído en la educación pública, pero si le suben 600 millones de euros, al sector de la fiesta del toro, mediante subvenciones. Es más importante que ese dinero se lo dé a la cultura y a la educación o sanidad. En estos meses el paro sube en mas de 200.000 personas. La nueva prórroga del Plan Prepara es un nuevo engaño.  El gobierno está generando una quiebra total en el estado de Bienestar, y una gran brecha de desigualdades en esta sociedad.  Los ricos y poderosos cada vez tienen más recursos, mientras que las clases trabajadoras y medias, cada vez tienen menos capacidad adquisitiva y más problemas para el mantenimiento de sus economías. Y las clases más desfavorecidas llegando a un nivel de pobreza y necesidad básica, muy complicada, de cubrir para poder subsistir.  Con lo que el Estado ha inyectado a Bankia, solo con eso se puede mantener las prestaciones para el servicio de dependencia.
 
 Tras el oportuno,  Seguidamente, se somete a votación, esta moción con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor: 17 (14 PSOE,  y 3 I.U).
 Votos en Contra: 4 (4 P.P)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:

 

 Único. Aprobar la  moción presentada por el grupo socialista  relativa al rechazo al anuncio del gobierno de España, respecto a la modificación del modelo de atención a la Dependencia y reducción de su aportación a los programas de la red de servicios sociales municipales, cuyo tenor literal es el siguiente:

 

“MOCIÓN DE RECHAZO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE MODIFICAR EL MODELO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y REDUCIR SU APORTACIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

 

 La Ley de Dependencia ha sido uno de los grandes avances conseguidos por los socialistas, y ha significado la consecución del “cuarto” pilar del Estado de Bienestar.

 

 En la actualidad existen en España alrededor de 768.600 personas que reciben servicios de atención a la dependencia. Su implantación, hace 5 años, ha generado 123.000 nuevos empleos directos y 63.000 indirectos, convirtiéndose, por ello, en uno de los motores del cambio hacia una nueva economía sostenible. El Consejo de Ministros aprobó el 13 de julio un nuevo modelo de Atención a la Dependencia que, en definitiva, supone un nuevo paso hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar.

 

 En Andalucía existen 196.000 trabajadores beneficiarios de prestaciones por dependencia, lo cual nos da una idea de cómo afectarán las nuevas medidas del Gobierno al desarrollo de la Ley de Dependencia. Este sistema de atención a dependientes en Andalucía ha supuesto más de 50.000 empleos en el sector, con una característica muy importante, son empleos estables, y no deslocalizables.  Estos datos suponen la creación de un puesto de trabajo por cada 4 personas atendidas.

 

 Las políticas progresistas puestas en marcha en nuestra tierra por la Junta de Andalucía favorecen que el 30 % de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto de España sean de Andalucía.

 

 El PP nunca ha creído en la Ley de Dependencia y aprovechan la crisis para su desmantelamiento, sin pensar en el aumento de calidad de vida de las personas dependientes, de su entorno, de sus familias, así como de la generación de riqueza y empleo para profesionales y empresas, que han supuesto su puesta en marcha. Las políticas de la derecha española van encaminadas hacia la progresiva privatización de los servicios públicos.

 

 Entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy se incluye la reducción en un 15 % obligatorio (las comunidades pueden reducirla aún más) de la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa. La estrategia del gobierno del PP favorece a los servicios residenciales en detrimento del cuidado del dependiente en su entrono. Es una cesión del Estado a los lobby de presión de las residencias de mayores. Además, se castigará directamente a aquellos dependientes a los que la administración no pueda ofrecer servicios, como plazas en geriátricos o centros de día. Además, no parece que la situación económica vaya a permitir muchas nuevas inversiones, que redunden en un aumento de las plazas.
 
Asimismo, las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagabas por ellas el Gobierno, y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación. Es un ataque al trabajo de las mujeres. Se intenta dejar de hacer atractivas las pagas familiares a favor de los servicios, sin tener en cuenta realidades  como la andaluza, marcadas por la ruralidad y la propia configuración familiar. Por otro lado, el PP tampoco tiene la sensibilidad de entender que, en estos tiempos de crisis, eran muchas las familias que subsistían gracias a estas pagas. En definitiva, unas medidas que castigan, una vez más, a los colectivos más desfavorecidos que son los que realmente están pagando esta crisis.

 

 Por otra parte, se incrementara el copago de los ciudadanos en la prestación de servicios, en ocasiones, hasta cinco veces más. También, se reduce la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio, la cual pasa de las 90 horas máximas mensuales a 70 horas. Esto repercutirá de manera directa en empleos creados por este servicio, estimándose que más de 7.000 trabajadores andaluces podrían quedarse en paro.

 

 Por si todo lo anterior fuera poco, también se ha ampliado en dos años el periodo en que las comunidades tienen para atender a los dependientes sin generar retroactividad económica, en lugar de los seis meses actuales. Desgraciadamente, es un periodo demasiado largo para algunos que se encuentran al final de sus vidas. También, se ha determinado que los dependientes moderados no entrarán en el sistema hasta el año 2015, lo que supone un año más de retraso.

 

 Para complementar el ataque del PP a las políticas sociales, el Gobierno también ha manifestado su intención de reducir a la mitad su aportación a los programas de la red de servicios sociales municipales, lo que según la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía supondrá que 570.000 andaluces pierdan sus prestaciones. La cuantía que recibirá nuestra tierra por ese Plan se reducirá a los 17 millones de euros que recibió en 2011 a 9,2 millones de euros para 2012.

 

 La reducción de la participación del Estado en el denominado Plan Concentrado afectará de manera directa a los servicios sociales comunitarios que llevan a cabo los Ayuntamientos y las Diputaciones, y que van destinados, principalmente a los sectores más desfavorecidos como personas sin hogar, programas de exclusión social,… Para colmo, en un momento en el que el paro es uno de los principales problemas de nuestro país, el gobierno ignora que, sólo en Andalucía, pueden perder su trabajo más de 5.700 personas.

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Rinconada propone para su aprobación los siguientes:

 

ACUERDOS

 

3. Manifestar el rechazo del Pleno de La Rinconada a los recortes en dependencias adoptados por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, e instar al Gobierno del estado a dejar sin efecto de manera inmediata las citada medidas.

 

4. Instar al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a mantener, al menos, las mismas partidas económicas que en 2011, para programas de la red de servicios sociales municipales del denominado Plan Concertado para Andalucía.

 

5. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.