15/11/2022 PLENO ORDINARIO 21 DE OCTUBRE 2022
DÉCIMO TERCERO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA APROBAR EL ESTABLECIMIENTO DE GRAVÁMENES EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA DE CARÁCTER TEMPORAL ENERGÉTICO Y DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO.
Por la Sra. Portavoz del grupo municipal socialista, Doña Raquel Vega Coca, procede a la lectura de moción grupo municipal socialista para aprobar el establecimiento de gravámenes en España y la Unión Europea de carácter temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
En este punto, abandona la sesión, el Sr. Alcalde.
Por el Sr. Concejal no adscrito, Don Luis Silva García, expone que esta de acuerdo, con el contenido de esta moción. Lo único que se puede cuestionar, es la cuestión de la temporalidad, pues unir a lo que usted paga a lo que gana, no le va a ser gracia a todo el mundo. La verdadera discusión es la que tiene los poderes públicos con los grandes capitales, pues están echándole un pulso de tu a tu. Estamos de acuerdo con que tiene más beneficios empresariales, pague más.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto popular, Don Juan Pedro Molina López, expone que no nos pronunciamos, hasta el que Bruselas no se legisle. Siempre que se viene adoptando estas medidas, al final repercute en el precio que debe pagar los ciudadanos por los servicios que demanden. Votaremos a favor de propuestas que garantice la bajada, del recibo de la luz o las comisiones bancarias, sin que repercuta nunca a los bolsillos de las personas. Este tipo de medidas, dirigida a los bancos y a las eléctricas, no conllevan que los ciudadanos sigan pagando impuestos, incluso cuando el Estado tuvo que rescatar con dinero público a los bancos, en la anterior crisis financiera.
Por la Sra. concejal del grupo mixto ciudadanos, Doña Elisabeth Niza Millán, expone que me gustaría hacer una comparación entre la propuesta de la Unión Europea y la del gobierno español. Europa, ante el encarecimiento de la energía, propone un impuesto específico a un sector que está multiplicando sus beneficios, a costa del resto de ciudadanos, que nos estamos sacrificando.
El alcance del gravamen español, solo incluye a compañías eléctricas, pero excluye, carbón, petroleo y gas. Otra de las diferencias, es que el gobierno español pretende aprobar un impuesto donde se grave a los operadores principales, pero según el volumen de negocio. Y esto no atiende al objetivo principal marcado por Europa, que pretende gravar con un impuesto dirigido a quien se está beneficiando de esta crisis.
Europa, pretende aprobar un impuesto extraordinario y limitado a beneficios reales. Si existe por ejemplo un incremento de beneficios de más de un veinte por ciento, se gravaría hasta un tercio de esos beneficios. Sería incluyo un gravamen superior al que propone el gobierno español, pues proponen una subida de un tipo generalizado que es independiente de los beneficios reales. Por ellos entendemos que el hecho imponible, no sería gravar esas ganancias desproporcionadas, que traído el encarecimiento de esos precios, sino un impuesto a los ingresos.
Otro, desacuerdo con las propuestas de Europa, es que el gobierno español quiere gravar los beneficios obtenidos en este ejercicio 2022, y que esté vigente para los dos siguientes ejercicios. Europa, lo que defiende es que se haga un promedio de los beneficios precios entre el años 2019 al 2021, para gravar los beneficios en este año.
Por otro lado el acuerdo de Europa, tiene una finalidad concreta, cual es el alivio económico de las familias mientras que la propuesta del gobierno español, la finalidad no está aún definida.
Nosotros consideramos, que en medio de esta crisis económica, que no tiene precedentes, con una inflación desbocada por el alza de los precios de la energía, todos debemos arrimar el hombro, incluido los sectores económicos que se están beneficiando de esta situación, y ante esto, su organización política ha manifestado tanto en sede del Parlamento europeo como español, es que no va a apoyar, un acuerdo que puede ser contrario a la propuesta europea. Por ello pedimos que las medidas que adopte el gobierno español, debe recoger todo lo aprobado por Europa, tales como extender este gravamen al gas y al petroleo, para asegurar su compatibilidad y por consiguiente su legalidad.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Juan José Durán Oña, expone que Izquierda Unida,como organización integrante del gobierno español, apoya el establecimiento de este impuesto, por los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y financieras. Es importante reseñar que el aumento exponencial de los beneficios de estas empresas no están relacionados con su mejor actuación en sus respectivos ámbitos, sino en situaciones devenidas de la guerra europea o del Banco Central Europeo. Por ello, resulta razonable exigir y articular mecanismos legales, que garanticen la reversión sobre la sociedad, de al menos una parte, de esos beneficios caídos del cielo. Una manera que tiene una sociedad justa de asegurar una redistribución de la riqueza, es vía impuesto. En este caso, se gravaría los beneficios empresariales extraordinarios.
No obstante, recuerda que la mayor parte de los ingresos que percibe el Estado, provienen de los impuestos a las rentas del trabajo. Por eso es de justicia implementar nuevas medidas impositivas que equilibren la responsabilidad en el mantenimiento del Estado, como son el impuesto a las grandes fortunas; La revisión al alza del impuesto de sociedades; los gravámenes a la renta del capital, en el IRPF o el Impuesto sobre patrimonio.
En fin, apoyamos la propuesta de imponer impuestos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y entidades financieras y que va a aplicar el Gobierno de España.
Por la Sra. Concejal delegada de Hacienda, Doña Raquel Vega Coca, agradece a los representantes de la izquierda por el apoyo a esta moción. que nace de una medida adoptada por el Gobierno de España compuesto por el partido socialista y Unidas Podemos. Estas medidas para gravar a los beneficios extraordinarios de las energéticas y entidades financieras, está tomada pensando en las familias (trabajadoras, clases medias y también los hogares más vulnerables) y desde luego, las medidas para apoyar a nuestras empresas, en su mayoría Pymes. Y son personas que lo están pasando mal, primero por el impacto de la pandemia y luego de la guerra de Ucrania y que está repercutiendo en el precio de la cesta de la compra.
Esta moción nace de un mandato constitucional. Los poderes públicos deben actuar ante circunstancias extraordinarias, adoptando medidas extraordinarias.
En esa dirección, vemos acertado que se apruebe el establecimiento de mayores impuestos tanto en España como en la Unión Europea, insistimos con carácter temporal, tanto a las empresas energéticas como a las entidades financieras. Pensamos que los mayores beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan. Sobre todo, cuando proceden en parte del impacto en la economía de una guerra y cuando algunos bancos fueron rescatados en la anterior crisis financiera con dinero público. No lo olvidemos.
Esperamos que se ingrese 1.500 millones de euros por este gravamen sobre beneficios empresariales del sector energético, durante los ejercicios 2022 y 2023. De las entidades financieras, con esta medida excepcional y temporal se ingresará dos mil millones de euros.
Y estas medidas, son totalmente opuestas a la adoptada por el gobierno del partido popular, en la anterior crisis financieras de 2008, El Sr. Rajoy arbitró un rescate de las entidades financieras por valor de 58.000 millones de euros. El Estado a fecha de hoy, solo ha rescatado, 6.000 millones de euros. Ahora la solución ha sido diferente, cual es la de gravar con impuestos los beneficios extraordinarios obtenido por empresas del sector energético financiero y motivado por la guerra de Ucrania. Y estas medidas si son patriotas, de estar al lado de quienes están padeciendo esta crisis económica. La postura de la derecha española no lo es, pues es incluso contraria a la que defiende la derecha europea. El defender a las clases sociales que padecen esta inflación de precios.
la propia Presidenta de la Comisión europea, Úrsula Von de Leyen, perteneciente al grupo popular europeo, incide que los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más lo necesitan y que es lo que plantea el gobierno español. El prestigio del gobierno español en Europa crece y nos están mirando como ejemplo, con medidas como la excepcionalidad ibérica o medidas sociales. Por ello no compartimos el argumentario de ciudadanos en este pleno, que no concuerda con la realidad que estamos viviendo en Europa.
Lo que se plantea, va en consonancia con nuestro sistema tributario. Quien más tiene, más paga. Quien más se beneficia de la crisis y de la guerra, más devuelve. Si las entidades financieras tienen más beneficios con la subida de los tipos de interés, parte de esos beneficios los tienen que compartir con los hogares y las empresas para mitigar la inflación. Si las grandes compañías energéticas tienen beneficios extraordinarios por una guerra cruel, tienen que pagar más impuestos. Sí o sí.
Por ello, apoyamos a un gobierno, que si tiene competencia, para fijar esos gravámenes mediante impuestos que si tienen repercusión. Así lo indica Bruselas. El Banco Central Europeo, también indica que subir impuestos a los que más ganan, como ricos y empresarios de esos sectores, es necesario para financiar programas sociales y apoyo a las familias, Sin justicia fiscal no hay justicia social.
Hasta el Fondo Monetario Internacional, nos indica que sólo los impuestos progresivos pueden frenar el avance de la desigualdad en el mundo.
Este modelo es antagónico al que esta viviendo Andalucía, con las decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía, que plantea un modelo regresivo, con un mantra fiscal falso, donde se hacen regalos fiscales, a lo pudiente, regalando impuestos a las herencias, por un millón de euros; al o.2 por ciento, esto es 20.000 personas, y que representan a las grandes fortunas con una media de 2.5 millones de euros de patrimonio, no pagar este impuesto sobre patrimonio, con lo cual no podrá financiarse hospitales, colegios etc. Ese modelo, es insolidario y debilita los servicios públicos y que se aleja de lo que propone la Unión Europea. Este modelo perjudica a nuestros vecinos y que se tiene que corregir, pues Andalucía recibe fondos estatales y otras comunidades autónomas, y no puede hacer dejaciones. Se hacen regalos fiscales que grava a la riqueza a los que mas tienen, como la eliminación del Impuesto del Patrimonio, que va contra el espíritu de la Constitución. Andalucía es una comunidad pobre (tasa pobreza próxima al 40 %). Andalucía recibe del Gobierno de España más de lo que aporta.
Por el Sr. Concejal no adscrito, Don Luis Silva García, expone que nuestra Constitución recoge de forma clara el principio de progresividad en el pago de impuestos. Quien gana más, más paga. Y en este caso, es de sentido común, cuando están ganando mucho dinero algunos que no lo han conseguido por méritos de ellos mismos, sino por motivos de coyuntura económica. No es importante que argumenten que se podría hacer de otra manera, con una Ley, pues lo fundamental es que tenga beneficios extraordinarios, debe pagar más impuesto de forma temporal. El argumento del partido popular, de que no toquen el dinero de los que más tienen, porque pueden huir, se puede rebatir. Para ello pueden leer la prensa en lo relativo a la situación del gobierno británico conservador, que ha caído cuando han aplicado la política de bajada de impuestos. Deben ustedes modernizar su ideario. No podemos llegar a una situación de conflicto social que será insostenible con la aplicación de esas políticas.
Por la Sra. Concejal del grupo mixto popular, Don Juan Pedro Molina López, expone que el argumentario contra la política fiscal andaluza, se contrapone con la realidad, pues hoy, existe más médicos en el SAS, más hospitales y más profesionales de la enseñanza. Hemos avanzado hacia una de las comunidades autónomas que mejor servicios públicos prestan, desde la última a la cuarta de España. Compartimos el discurso de la Sra. Von de Leyen que nos dice que "los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más lo necesitan". O sea el que más tiene más paga impuesto. Pero aquí lo que se plantea es una subida de impuestos a las empresas energéticas y sector financiero cuando al final esa subida va a repercutirse en la economía de los vecinos, al que se le va a subir las comisiones bancarias y el recibo de la luz. Por ello, se debe hacer una legislación donde se impida estas prácticas que perjudica a la ciudadanía. Estamos ante una Ley chapuza, hecha a prisa y corriendo por este Gobierno y por motivos electorales. Nosotros apoyaríamos la propuesta de que se aprobara una legislación que impidiera que esto, repercutiera al bolsillo de los ciudadanos.
Por la Sra. Concejal del grupo mixto ciudadanos, Doña Elisabeth Niza Millán, expone que la postura de exigir el gravamen a las energéticas y bancos, la compartimos, pues así se ha manifestado en el Parlamento europeo y Congreso de Diputados. Pero hemos hecho alegaciones a estas propuestas pues no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno español si la comparamos con la finalidades aprobadas por la Comisión Europea. El objetivo es gravar los beneficios extraordinarios que tienen esas compañías y que se benefician de la crisis provocada por la guerra. Y eso lo padece las personas. La propuesta del Sr. Sánchez, es contraria a la normativa europea al pretender que las empresas repercutan esos costes al consumidor final y es una injerencia a la libre competencia, con medidas intervencionistas en el mercado energético.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Juan José Durán Oña, expone que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, han presentado diversos estudios, en los que se demuestra, que las bajadas de impuestos no mejoran, las condiciones de inversión, en aquellos países donde se han aplicado, estas políticas neoliberales.
El sustento de los servicios públicos, se tiene que basar en la aportación equitativa, en función de los niveles de riqueza, y estos organismos antes aludidos, han dejado claro que lo que proponen es una falacia.
Por la Sra. Concejal delegada de Hacienda, Doña Raquel Vega Coca, expone que comparte la reflexión del Sr. Durán Oña.
Es una moción que no entiende la postura antipatriota defendida por ciudadanos y partido popular en relación a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas. Defienden los intereses de las grandes compañías energéticas que obtienen beneficios extraordinarios como consecuencia de una guerra y las entidades financiera que se benefician de la subida de tipo de interés, motivado por la coyuntura económica. Le recuerda que con Rajoy hubo un rescate pública de algunas entidades financiera, de 60.000 millones de euros y solo hemos recuperado el diez por ciento. Y ya es hora que el gobierno español haya adoptado esta decisión de establecer un gravamen a quien más se beneficiando de la guerra.
Y respecto al argumento del Sr. Molina, el Gobierno va a adoptar medidas para que no se repercuta a las familias y pequeñas empresas, estos gravámenes. Lo que va en contra del posicionamiento de la Unión Europea, es la posición del Sr. Feijó, de ciudadanos y de lo que legisla el gobierno andaluz, en el que intentan competir con el gobierno de Madrid, de bajarle los impuestos a los muy pudientes a costa de los servicios públicos. Andalucía, lidera estar a la cola en los servicios de sanidad y educación. Hemos visto las decisiones tomadas en la sanidad primaria. En las urgencias de nuestro municipio no se nota lo que usted nos ha dicho. Es también líder en tasa de pobreza, en desempleo, con uno de cada cuatro andaluces desempleado, Somos líderes, en fugas de empresas, por lo que no es verdad que las medidas de bajar impuestos a los CEOS, genere más empresas, pues se han perdido veinte mil desde 2018 y por consiguiente se genere más puestos de trabajo. Lo que si genera trabajo e ingresos, es la reforma laboral aprobada por el gobierno español, y que permite récord de contratos laborales indefinidos y mayor número de trabajadores. Están también priorizando la universidad privada sobre los estándares de calidad que tiene que tener la Universidad pública. Están con mayoría absoluta, aumentando los altos cargos, con eliminación de la subastas de medicamentos, con el aumento de beneficios para las farmacéuticas. La deflactación para quien más tiene. Y se está anunciado la privatización del servicio público de abastecimiento de agua potable.
Son medidas del Gobierno de España, el refuerzo del bono social energético, que afecta a dos millones de hogares; ayudas de familias con sistema centralizado de caldera de gas, con 1.7 millones de euros; mejora del bono social térmico, que afecta a 1.3 millones de hogares; rebaja del IVA en cinco punto a la luz y el gas; tope al precio del gas; becas complementarias que afectan a un millón de estudiantes; ayudas al préstamo y compra de libros abono gratuito de Renfe, para 1.5 millones de usuarios; rebaja en 20 céntimos en el precio de los carburantes; revalorización de las pensiones; límite a la subida del alquiler de viviendas e ingreso mínimo vital. Son medidas, que apuesta por la mayoría social trabajadora de este país.
Seguidamente, se somete a votación, esta propuesta, con el siguiente resultado:
Votos a Favor: 15 (12 PSOE, 2 I.U, 1 concejal no adscrito)
Abstención: 1 (1 grupo mixto ciudadanos)
En contra. 1 (1 grupo mixto popular)
Visto todo lo cual, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
Único. Aprobar moción grupo municipal socialista para aprobar el establecimiento de gravámenes en España y la Unión Europea de carácter temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y establecimientos financieros de crédito, cuyo tenor literal es el siguiente:
MOCIÓN PARA APROBAR EL ESTABLECIMIENTO DE GRAVÁMENES EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA DE CARÁCTER TEMPORAL ENERGÉTICO Y DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los poderes públicos no pueden obviar el carácter social de nuestro Estado y, por ello, responden a los problemas que se están aumentando respecto a la subida de precios en determinados bienes y servicios básicos para la ciudadanía a causa de la guerra en Ucrania y otros factores exógenos.
Como respuesta eficaz, eficiente y contundente el conocido como “pacto de rentas” es un instrumento fundamental para paliar las consecuencias de la inflación como principal amenaza europea y española. Estas consecuencias han de ser repartidas equitativamente. Además de las medidas adoptadas por el Gobierno sobre el transporte, la revalorización de las pensiones y la bonificación sobre el precio de los carburantes, los grupos del Ejecutivo han formulado una propuesta sobre la imposición a las energéticas y las entidades bancarias que recaudará aproximadamente 3.500 millones de euros para repartir entre hogares y empresas vulnerables.
La propuesta de los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, de gravar de manera extraordinaria y temporal a las entidades bancarias y las grandes empresas energéticas ha salido adelante en el Congreso de los Diputados con 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones.
La derecha conformada por el PP, Ciudadanos y Vox se ha negado a apoyar, las medidas que ayudarán a recaudar unos 2.000 millones de euros por parte del sector energético y unos 1.500 millones por parte del sector bancario en dos años. Incluso se han negado a debatirlas en el Congreso de los Diputados. Estos partidos han repudiado las propuestas y negado el debate defendiendo así a las energéticas y élites empresariales. A la vez que las entidades bancarias ven incrementados sus beneficios gracias a las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés, este Gobierno se ha propuesto que parte de esos beneficios bancarios sean destinados a los hogares y a las empresas vulnerables. De esta manera, los bancos ayudaran a mitigar los efectos de la inflación que amenazan la estabilidad en nuestro país.
Por su parte, las empresas energéticas cuentan en la actualidad con beneficios extraordinarios a causa de la situación bélica por la que atraviesan países exportadores de energía y a expensas de los consumidores.
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, (perteneciente al Partido Popular Europeo) ha declarado que “los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”.
Desde el PSOE, se reconoce la necesidad inminente de defender, auxiliar y apoyar a la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos Municipales del Ayuntamiento de La Rinconada a la aprobación por el Pleno del siguiente ACUERDO:
1. Aprobar el establecimiento de gravámenes en España y la Unión Europea de carácter temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, cuyos beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan.
