Las obras de urbanización en las primeras 40 hectáreas de La Unión comenzarán antes de final de año. La tramitación administrativa del proyecto más importante del futuro de La Rinconada puede darse por finalizada “y se abre ahora el ilusionante paso a ver cómo las obras se van realizando”, como explica el alcalde, Javier Fernández.

Antes de final de año se verán máquinas en el Pago, después de que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio haya adjudicado los trabajos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Detea y Copcisa por un presupuesto total de 22,7 millones de euros, “una inversión especialmente relevante en el contexto económico en el que nos encontramos y que refuerza el acierto en hacer que este proyecto se liderara siempre desde lo público para evitar que se quedara anclando en un cajón esperando mejores condiciones”, argumenta el primer edil.

Los datos de la Consejería apuntan a que podrían generarse cerca de un millar de empleos, además de la actividad económica para empresas que se derive.
La relevancia de esta actuación había despertado el interés de las principales constructoras nacionales y algunas internacionales. La Consejería recibió 33 ofertas en el concurso público convocado el pasado mes de julio para licitar las obras.

Los trabajos de urbanización que se han adjudicado abarcan 409.254 metros cuadrados de superficie, donde está prevista la construcción de 890 viviendas (650 protegidas y 240 de régimen libre). De las 650 VPO, un total de 330 pertenecen al régimen especial, 160 al régimen general y las otras 160 corresponden a iniciativa municipal y autonómica. Con esa distribución se garantiza el acceso a los colectivos con menores recursos económicos.

Igualmente, el proyecto reserva suelo para el desarrollo de actividades productivas en las dos parcelas destinadas a usos terciarios y que permiten la construcción de más de 17.000 metros cuadrados. También se proyecta una importante dotación de espacios verdes y la conexión de la zona con la red metropolitana de transporte de pasajeros, así como la reserva en su interior de las plataformas exclusivas necesarias para el funcionamiento del transporte público, al considerarlo como una infraestructura básica.

La actuación no sólo contempla la dotación de nuevos equipamientos escolares, deportivos, socio-culturales y asistenciales, sino que además prevé la mejora de la dotación actual en los niveles urbanos y metropolitanos.