Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Antonio Torres Carnerero, expone que leerá la moción, con las modificaciones propuestas por el grupo socialista, por la que esta vez, nos van a apoyar la moción.

 

 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Antonio Torres Carnerero, se procede a dar lectura de la moción presentada por su grupo contra los embargos indiscriminados de viviendas.
 
 Seguidamente expone, que las razones que exista para aprobar y defender esta moción, han quedado más que reflejada en la exposición de la misma. Con la actual legislación, el banco, no solo se queda con la vivienda del vecino, sino que además éste, mantiene una deuda, con el banco, de por vida, y al mismo tiempo, entra dentro de una lista de moroso, que lo imposibilita, para tener acceso a cualquier vivienda. Con la actual legislación, estamos incumpliendo la Constitución española, que defiende el derecho a una vivienda digna, para cualquier ciudadano.

 

 Es mucho el dinero, que se está metiendo en los bancos, sin contraprestación alguna, pues hablamos de 23.000 millones de euros, a Bankia, más los 60.000 millones de euros, que vienen de Europa, para sanear a todo el sistema bancario.  Y resulta que ese dinero, que se da a los bancos, sacados la mayoría de las veces, de los impuestos que pagamos los españoles y de muchos de los vecinos embargados. Parte de su dinero, se destina a financiar a las entidades financieras, que después terminan con el desahucio.

 

 Por ese importante desembolso de dinero público, el Estado tiene ahora la potestad y capacidad, de intervenir en los bancos, y de exigirle que a cambio de ese dinero, tiene que exigir una serie de contraprestaciones, y que menos que acepte esa dación en pago y que al mismo tiempo que ese parque de viviendas, como consecuencias de los embargos, lo ponga a disposición de las personas que han sido embargadas o que serán en un futuro embargadas.

 

 Se nos comunica, que esta moción va a contar con el apoyo tanto del partido socialista, como el popular, y nos alegramos de ello, agradeciendo su apoyo.

 

 Por último, recordar que esta moción que traemos aquí, nos la podíamos ahorrar ahora, si en la anterior legislatura cuando Izquierda Unida, hizo una proposición no de ley, en el Parlamento, gobernando el partido socialista, hubiese contado en aquel momento, con el apoyo del partido socialista. La dación en pago, ya estaría aprobada.

 

 Por la Sra. Portavoz del Grupo Popular, Dª. Virginia Pérez Galindo, explica que es complicado acometer determinadas reformas y hacer determinadas Leyes, pues legislar no están sencillo y máxime cuando hemos estado hablando de la reestructuración del sistema financiero. En su moción, habla en uno de sus puntos de acuerdo, de todas las asociaciones o movimientos, que han pedido de alguna manera, que se regule, a través de Ley, la dación en pago, pero se olvida de una de las más importante, pues la misma Federación Española de Municipios y Provincias, por unanimidad ha acordado, pedir que se regule, por ley, la dación en pago. Es una reforma que es muy compleja, y de hecho es la misma FEMP, la que solicita esa regulación, teniendo en cuenta que tanto el partido socialista como el partido popular gobernando, han rechazado esa regulación.

 

 Es cierto, que muchas familias se están viendo condenadas por la compra de una vivienda,  y por la pérdida a posteriori de la misma, y se ven condenadas a no tener vida, y siempre dependiendo del pago de una deuda que nunca se va a acabar, y que no se extingue a priori con la entrega de esa garantía, que era la vivienda hipotecada.

 

 Usted habla de situación anómala y nosotros lo consideramos como situación injusta, y que es algo que está convencido todos los ciudadanos y ciudadanas de ello, y que evidentemente se tiene que dar una regulación.  No se ha acometido todavía esa regulación, a través de Ley. Pero no es menos cierto, cuando usted hablaba de los dineros que ha puesto el partido popular, en la banca, y hablaba de 23.000 millones de euros, que  antes de que se decidiera esa decisión, se adoptaron otras medidas,  que fue una de las primeras que adoptó el nuevo Gobierno, a través del Ministerio de Economía.

 

 Y si es cierto, que si consideramos que lo que se ha hecho, no fuera suficiente, no le votaríamos su moción, pero es justo destacar que si se han dado unos primeros pasos, en aras a que exista una regulación y en aras a frenar determinadas situaciones. De hecho el gobierno del partido popular en una de sus primeras decisiones acordó un código de buenas prácticas bancarias , precisamente para reducir los desahucios, y se contempla que las familias sin ingresos tenga la posibilidad de saldar su deuda hipotecaria, entregando su vivienda, y que las familias con todos sus miembros en paro, y con ingresos insuficientes y que no puedan pagar, se contempla una medida de una moratoria al menos de dos años, para que estas familias, a través de una renta, pueda seguir vivienda en la que es su residencia familiar.  Este código de buenas prácticas, recoge una serie de ventajas fiscales, y existe una recomendación importante, y que se está aplicando, en aquellas entidad financieras que han tenido ayuda del Estado, y entendemos que es un primer paso, si bien estamos de acuerdo, con el hecho de que uno, no puede estar condenado de por vida, por haber intentado tener un futuro mejor, y por haber perdido su puesto de trabajo, todos sus sueños se desvanezcan, y no de una forma momentánea, sino que se extienda en el tiempo, a modo de condena vitalicia.

 

 Entendemos que se debe dar un paso más, en relación a esta cuestión, y que se tiene que contemplar de forma legal, y no solo a modo de recomendación la dación en pago. Entendemos que esta cuestión es muy compleja y de ahí que tengamos que esperar a la reforma del sector financiero para que se pueda abordar la ley. Eso no quiere decir, que no estemos de acuerdo que estas cuestiones, se regulen mediante ley.

 

 Por el Sr. Concejal delegado de Vivienda y Desarrollo Económico, D. Juan Carlos Expósito Pérez, expone que con carácter general, estamos de acuerdo con el inicio de la exposición de motivos, con la valoración que se hace de la deficiente control, que se hizo a los bancos, o la no apuesta por la construcción de la vivienda pública por las Administraciones. No obstante, mirando números, le indicamos que en cuanto a vivienda de protección oficial, tanto lo público como privada, La Rinconada, está una ratio bastante interesante. Existen viviendas públicas históricas como la ejecutadas por parte de otras administraciones, como la estatal o autonómica,  en la Barriada La Paz, Santa Cruz, La Estacada, Plaza de los Inventores, Anunciación, o el propio Ayuntamiento, con sus 27 promociones de viviendas protegidas, en la que se ha ejecutado un total de 1217 viviendas, que hace que estemos ante un parque de viviendas, promovido por lo público, bastante alto. Pero es verdad, que comparándolo con la media, dista mucho con lo que podía haber producido  en otros municipios o en el resto de España o lo que queda por venir en el Pago de Enmedio.

 

 Respecto a la intervención del grupo popular, le indica que el código de las buenas prácticas, no sirve, pues le puede decir que ese desempleo o bajada de ingresos de las familias está haciendo, que muchas familias, no pueda afrontar el pago de esa deuda, y se lo puedo asegurar desde las visitas que recibo o el propio Alcalde, para poder mediar  en estos problemas, con nuestra autonomía municipal, y con las pocas competencias que tenemos, hemos mantenido muchas reuniones con directores de bancos de nuestra localidad, recordándole el código de buenas prácticas, recodando las exenciones fiscales, y la respuesta si existe, es muy claro, No.  Incluso familias que llevan muchos años viviendo en su casa, pagando su hipoteca, y establecer formulas, para ralentizar el desahucio, o por lo menos concederle que puedan seguir habitando su vivienda, en un régimen de alquiler, y la respuesta sigue siendo no.

 

 Nos dice que es difícil legislar, pero a ustedes no le tiempla el pulso, para viernes tras viernes, dictar Decretos Leyes, diciendo que es urgente, y esto también lo podían haber regulado de esa manera, pues existen muchas familias que lo están pasando mal, sin embargo, han aprobado un código de buenas prácticas, para que nuestros amigos, los banqueros, no se molesten mucho con nosotros.
 Momentos ha habido para regular esta materia, el partido socialista, lo llevamos en su programa electoral, de las pasadas elecciones del 20 de noviembre, y por tanto compartimos los puntos que proponen en la moción de Izquierda Unida, y por tanto estamos de acuerdo, de si no es voluntario, que se exija por Ley, y que se promueva una iniciativa popular y por último se insta al Gobierno de la Nación para que lo haga.

 

 Mirando mucha legislación comparada, en otros países, no es que solo con la entrega de la vivienda, se compensa la deuda, los intereses y las costas, sino que además la persona sale del registro de morosos, a que  condene eternamente a esas personas,  para acceder de nuevo a una vivienda. Por ello, nuestro voto será favorable.

 

 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Antonio Torres Carnerero, expone que usted le requiere a la Sra. Pérez la urgencia de esta medida, cuando hace ocho meses, estaba en el Gobierno, y no la vieron. Le aseguro que existía la misma necesidad que hay en este  momento, hace ocho meses. Ustedes conjuntamente con el partido popular, en esas grandes decisiones, en la que se ponen de acuerdo en pro y en beneficio de la mayoría de la ciudadanía, se acordó que la dación de pago, no se podía aprobar.  Ahora, si, al igual que pasa con la banca pública, ambos partidos, están de acuerdo, con la dación de pago. Cuando hubo una proposición no de ley de nuestra coalición, no estuvieron de acuerdo, aquel era el momento, lo de ahora, no es otra cosa que un brindis al sol o una buenas intenciones. Nos dicen a nosotros, que como no estamos en el gobierno, podemos hacer las propuestas que queramos, a ahora dice el grupo socialista que son responsable, cuando se nos tacho de irresponsable, cuando propusimos la dación el pago.  Hoy se dan cuenta, conjuntamente con el partido popular, que existe una necesidad y urgencia para miles de españoles, la misma necesidad que había hace ocho meses.

 

 Estamos de acuerdo, con lo afirmado, de que gobernar no es fácil, y me da la sensación que si lo es, cuando ustedes acusan del partido popular, de gobernar en base a Decretos Leyes.  Gobernar es difícil si se hace en beneficio de la inmensa mayoría de ciudadanos, defendiendo los intereses de quienes nos votan, y no defiendo los intereses de quien tiene la sarten por el mango.

 

 En cuanto al partido popular, para aprobar ésto, habrá que esperar también, a que se sanee el sistema financiero. Ahora parece que toda la política social que se tenga que hacer, en este país, tanto en la banca pública como la dación de pago tendrá que esperar a este hito. Si tenemos que esperar para adoptar medidas, a que esté saneado el sistema financiero español, vamos dados, pues le aseguro que la necesidad de los españoles, va mucho más allá, de dicho saneamiento, que como han reconocido ni siquiera sabemos en qué momento, tendrá lugar. Cuando se sanee el sistema financiero, quien sacará pingues beneficios, serán los mismos que los sacaron cuando el sistema financiero estaba boyante, a costa de la inmensa mayoría de la población.

 

 Por el Sr. Alcalde, expone que el grupo municipal de Izquierda Unida, tiene una posición cómoda, pues cada vez que viene a aquí una moción, siempre tiene algo para uno o para otro. Ha habido elecciones generales recientemente en este país, y los ciudadanos han depositado su confianza en el partido popular, al otorgarle mayoría absoluta, no para hacer las cosas que está haciendo, pues esas medidas no se llevaban en su programa electoral, con lo cuya han perdido legitimidad democrática de los resultados electorales. Están pues legitimado para adoptar decisiones, pese a como está ahora la calle, y el partido socialista, perdió las elecciones.  Nosotros estamos orgulloso del balance general de los gobiernos socialistas en los ocho años de gobierno, pues ha sido la etapa de mayor avance en derechos sociales de este país, a modo de ejemplo se han dictado la ley de igualdad, ley de dependencia, la implantación de 426 €, de renta para familias sin recursos, etc.

 

 En segundo lugar, le indica al Sr. Torres, que no de para un lado y para otro, pues siguen manteniendo el gobierno de derechas de Extremadura, y si final si ustedes entran en el gobierno andaluz con el partido socialista, y entra en la otra comunidad autónoma con el partido popular, demuestra que son ustedes los que tienen una contradicción. No conozco que ustedes hayan presionado al gobierno extremeño, para que exista una Ley de dación en pago. Tampoco he visto, que antes las medidas que está adoptando la derecha, hayan planteado una moción de censura, para quitar al Alcalde de Mairena de Alcor o Herrera. Ustedes no son ejemplo. Mantienen gobiernos del partido popular, contra viento y madera, y dudo que los militantes de su organización estén de acuerdo con esos apoyos.  Y esa sombra le persigue ustedes en esta legislatura,

 

 Por la Sra. Portavoz del Grupo Popular, Dª. Virginia Pérez Galindo, expone que me alegro de que usted, esté orgulloso de los ochos años de gobierno del Sr. Zapatero, pero nosotros estamos menos contento que usted, en este aspecto, sobre todo por lo que nos ha dejado.

 

 Nos dice el Sr. Expósito, que el código de buenas prácticas, no sirve para nada, y le digo que lecciones las precisas, pues ustedes rechazaron en 2011, cuando gobernaban el Estado, la posibilidad de hacer esa Ley de dación en pago, y nosotros cuando empezamos a gobernar por lo menos hemos aprobado este código.  Ustedes no hicieron nada. Nos habéis datos de vivienda protegida, de la ratio de La Rinconada. Y le digo según mis datos, que desde el año 2008, el transcurso del último mandato de Zapatero, del que se sienten orgullosos, fueron más de 63.500 familias las que sufrieron la ejecución de los embargo, con el lanzamiento de sus viviendas, lo cual representa el 20 por ciento del total de las vivienda que se han producido en España.

 

 Si bien, es cierto que el partido popular, no está haciendo lo que llevaba en su programa electoral, es porque ustedes no contaron ninguna verdad en sus ocho años de mandato, pues el Sr. Zapatero, en el año 2009, hablaba de brotes verdes, cuando más de 63.500 familias de Andalucía hasta mayo, han perdido su vivienda habitual.  Les pide un poco de humildad, pues si en vez de estar haciendo los avances que el Sr. Alcalde ha expuesto, se hubieran dedicado hacer las reformas económicas necesarias para este país, como se hicieron en Europa, nosotros ahora no nos veríamos obligados a hacer las reformas que estamos ahora acometiendo tan duras, con los ciudadanos-as de ese país.

 

 Por el Sr. Concejal Delegado de Vivienda, D. Juan Carlos Expósito Pérez, explica a Izquierda Unida, que ya hace ocho meses de las últimas elecciones generales, y que se convocan antes, y que existe un periodo legislativo donde no se pueden adoptar decisiones.  Hace pues más de diez meses, que el partido socialista, no puede legislar. Nosotros si llevamos en nuestro programa electoral para ejecutar esta medida de dación de pago, pero los ciudadanos decidieron que gobernara el partido popular.  En cuanto a lecciones y consejos, permítame Sra Pérez, que se lo dé, pues ustedes están en su atalaya de razón, pues parece que les viene de un mandato divino, pero también se equivocan, y el voluntarismo con la banca, choca, código de buenas práctica y banca choca, y a los hechos me remito. No hablen de reformas, y usen adecuadamente el léxico español, digan recortes.

 

 Por el Sr. Alcalde, explica que la crisis económica de España, tiene una peculiaridad respecto a la crisis económica del resto de Europa, que es la parte de la burbuja inmobiliaria. La crisis española está originando una alta tasa de desempleo, pues se supera el 25 por ciento de la población activa. En otros países no existió esa burbuja inmobiliaria, y la misma se gestó gracias a las leyes que el partido popular apoyó y aprobó desde el año 1996 hasta 2004, con un Ministro que hoy no es del partido popular, llamado Álvarez Cascos, y con un Presidente, llamado, Aznar,que entre otras cosas, liberalizó todo el suelo, que pasaba a ser urbanizable. Y de toda aquella situación, es la que ha provoca la actual situación.
 
 Estoy, orgulloso del Sr. Zapatero, que aprobó la Ley de la Dependencia, que con las últimas decisiones del partido popular, ha tirado por tierra, porque al final las reformas o recortes, no son solo importantes desde el punto de vista económico, sino son más importantes, desde el punto de vista ideológico.  Las personas que se van a quedar sin atención, son la gente que menos tienen, pues la gente que tiene, que son las que defiende el partido popular, va a tener dinero, para pagar residencias, para pagar cuidadores y para poder tener, los servicios. Ustedes están creando, con estas medidas, y con esas reformas ideológicas, una España de dos ritmos.  De las que tienen y de las que no tienen. En servicios como educación, sanidad y en la dependencias. Y eso fue, lo que el partido socialista, durante una serie de años, intento corregir.  Estamos orgullosos de la Ley de Dependencia, de la Ley de Igualdad, subida del salario mínimo interprofesional, por encima del veinte por ciento, subida de pensiones, y estamos orgullosos de haber sido un gobierno de paz.
 Ustedes estarán orgullosas de subir el IVA del ocho al veintiún por ciento, de romper la Ley de la Dependencia, que se reduzcan 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Rajoy, sabía, donde llegaba, y su discurso el otro día, fue el de la antipolítica, es decir, que un Presidente democrácticamente elegido en las urnas, y por tanto legitimado, se suba a la Tribuna del Congreso, y diga no tenga más remedio, eso significa que no gobierna, y que por tanto gobiernan los hombres de negro, que parte están sentados en el Consejo de Ministros.

 

 Nosotros, nos sentimos orgullosos de la etapa de prosperidad que vivió España, pues todas las medidas que han venido a aplicar la igualdad de oportunidades en años de la democracia, han sido aprobadas por gobiernos socialistas, primero de Felipe González, con la universalización de la sanidad y educación, y después de José Luis Rodríguez Zapatero.

 

 Se pueden hacer las cosas, de otra manera, pues España está de facto intervenida, por decisiones tomadas por el partido popular, en estos meses y deben asumir una vez por toda, su responsabilidad.

 

 Seguidamente, se somete a votación esta moción, con el siguiente resultado:

 

  - Votos a Favor:   21 (14 PSOE,  4 P.P. Y 3 I.U.)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes que componen el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:

 

 Primero. Aprobar  la moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, contra los embargos indiscriminados de viviendas, cuyo tenor literal es el siguiente:

 

 moción contra LOS EMBARGOS INDISCRIMINADOS DE VIVIENDAS.

 

 Exposición de Motivos

 

 El crecimiento económico español de los últimos años ha ido estrechamente ligado a la construcción de viviendas. Para ello, las entidades bancarias, estimuladas por la escasez de controles públicos, incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios.

 

 El estancamiento de los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, la falta evidente  de viviendas de alquiler, unos tipos de interés en mínimos históricos, una deficiente supervisión por parte del Banco de España, reconocida por la propia Comisión Europea, las insuficientes políticas de construcción de viviendas públicas de las distintas administraciones, empujaron a decenas de miles de familias a endeudarse. Para poder acceder a una vivienda las familias contrajeron hipotecas de hasta 40 años comprometiendo en muchos casos más del 50% de sus ingresos. En muchas ocasiones, además, las hipotecas se concedieron por un importe superior al 80% del valor de tasación, lo que supone una exposición desmesurada al riesgo.
 
 El estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica han dejado en España unas altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos hogares no puedan afrontar el pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre el ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros.

 

 Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, sólo entre 2007 y 2012 en el Estado Español se han producido 328.687 ejecuciones hipotecarias, de las cuales, 63.880 se han producido en Andalucía. Y las previsiones dicen que dado el recrudecimiento de la crisis este número puede aumentar sensiblemente en los años venideros.

 

 Cuando se lleva a efecto la ejecución hipotecaria, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
 
 Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas.

 

 Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad. De todos es conocido el importante desembolso económico que va a hacer el Estado con el dinero que ha recaudado de todos los ciudadanos vía impuestos a Bankia: aproximadamente, 23.500 millones de euros. Todo esto sin contraprestación alguna, mientras esta entidad sigue con su política de llevar adelante las ejecuciones hipotecarias dejando a miles de familias sin vivienda.

 

 Todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”, pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas),  así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su  Observación General nº 7 que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.

 

 Es cierto que estamos hablando de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

 

 Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía, propone a este Plenario los siguientes puntos de acuerdo:

 

 Primero. Solicitar al Gobierno de la Nación que, tal y como vienen proponiendo numerosas organizaciones sociales de todos los ámbitos territoriales -desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hasta la Comisión Ciudadana contra la Crisis y el Paro-, así como la reciente campaña llevada a cabo entre otros por CCOO y UGT para llevar al parlamento una Iniciativa Legistativa Popular por la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

 

 Segundo. Instar al Gobierno de la Nación a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos o que se puedan producir, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

 

 Tercero. El Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada dará traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a los grupos parlamentarios del Congreso Nacional, del Senado, del Parlamento Andaluz,  a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, así como a los sindicatos CCOO y UGT.